Por Wilfredo Pérez Ruiz (*)
Cada vez que se realiza algún publicitado decomiso de especies silvestres vuelve a las primeras planas de los medios de comunicación el complejo tema del comercio internacional de nuestra flora y fauna, considerado –después del tráfico de armas y drogas- la actividad ilegal más importante a nivel mundial, con incalculables repercusiones para la conservación de los sistemas ecológicos y de la vida animal.
Según estadísticas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) esta ilícita acción moviliza –anualmente- en el mundo aproximadamente 20 mil millones de dólares. Para ello, se ejercen fuertes mecanismos de presión a las autoridades gubernamentales (responsables de autorizar su comercialización) como resultado de su elevada demanda.
Al respecto, Felipe Benavides Barreda quien ejerció, hace unos años, la vicepresidencia del Comité Permanente de la Cites afirmó: “La matanza indiscriminada de animales ocurre generalmente para el beneficio de las naciones altamente industrializadas, que consumen las pieles, lanas, marfil, aceite, etc, en el mercado de lujo. La presión ejercida sobre el cazador furtivo proviene de la demanda de lujo de unos pocos. No podemos, sin embargo, culpar enteramente a los mercaderes y consumidores extranjeros, ya que gran parte de la responsabilidad por la persecución y destrucción de la vida animal, recae sobre las autoridades del Tercer Mundo”.
Lima es considerada uno de los principales “aereopuertos” del tráfico ilegal en esta parte del continente. Habitualmente llegan cargamentos de otros países y, principalmente, de Iquitos y Pucallpa, ciudades conocidas con núcleos de salida de los animales con destino internacional. La mayor demanda de fauna está en Europa, Japón y los Estados Unidos.
Para comprobar la magnitud de su tráfico recorrimos al mercado central, lugar señalado –desde hace décadas- como el punto más numeroso de especies amazónicas. Allí pudimos ver animales que sufren lo indecible. Guacamayos, tortugas, iguanas, loros y pericos, son las principales especies que los traficantes exhiben para su venta.
Apenas percatados de nuestra presencia, se acerca un joven para mostrarnos animales prohibidos de comercializar. Nos lleva a la calle Huanta (aunque también en los jirones Paruro y Ucayali se ofertan estos especímenes) con el propósito de enseñarnos su lote de animales. Luego de algunas preguntas, a través de las cuales pretendemos ganarnos su confianza, nos comenta que desde Belén y Leticia (Iquitos) llegan los cargamentos a nuestro ciudad y el extranjero.
Ante nuestra insistencia y pensando que estamos interesados en alguna compra, nos indica que la vía aérea es la preferida por los comercializadores. “Los animales viajan clandestinamente en los aviones, camuflados en maletines de mano o en pequeñas jaulas. Apiñados, al borde de las asfixias, aves y monos son dormidos e introducidos en tubos o latas de cerveza. La ara macao (papagayo valorizado en los Estados Unidos en tres mil dólares) es dormido y cerrado su pico con una gruesa cinta adhesiva para evitar sus gritos instintivos. Así funciona este negocio”, concluye el guía.
La mayoría de las especies que tienen demanda están prohibidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestres. El Perú ocupa el segundo lugar en variedad de aves, después de Colombia. Nuestra fauna se ha convertido en una de las más cotizadas y los ejemplares por su singular belleza y vistosidad la gente piensa que puede tenerlos en su casa como un “florero”. Mientras haya pobreza, no exista fuentes de trabajo alternativos y una debida orientación a las comunidades nativas -donde se les explique que la extracción ilegal de fauna, lejos de enriquecerlos, los está empobreciendo más- este problema subsistirá. Las comunidades reciban 20 ó 30 nuevos soles por la extracción de una especie ornitológica que, coincidentemente, es cotizada en miles de dólares en los mercados extranjeros.
Desde nuestra perspectiva, el tema involucra más educación ciudadana, mejorar los niveles de coordinación gubernamental, aplicar rigurosamente las leyes peruanas, cumplir con las disposiciones internacionales, dotar de mayores elementos económicos y técnicos a la Policía Ecológica y crear mecanismos para aliviar las necesidades de los ámbitos rurales que incursionan en esta actividad como resultado de su miseria.
Por otra parte, luego de su decomiso las especies son entregadas a zoocriaderos privados en donde son tratados para su cuidado y reproducción. Sin embargo, su tasa de mortandad es elevada por el cambio de hábitat, problemas de alimentación, epidemias, entre otros trastornos. La población no deben adquirir estos animales a fin de no contribuir a su exterminio.
El masivo comercio de estas especies refleja la ignorancia de la sociedad sobre la conservación de estos exponentes del patrimonio natural. La destrucción de su ambiente y la disminución de sus ejemplares, tienen consecuencias ambientales, económicas y sociales aún no percibidas. La vida silvestre puede constituir un recurso ecoturístico, cultural, científico y generador de trabajo a miles de nativos y, consecuentemente, producir un valor económico a nuestra biodiversidad.
(*) Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.
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