mayo 15, 2011

Sociedad: El Derecho que se sigue negando

El derecho que se sigue negando

SOCIEDAD… VILTIPOCO10000: MAYO 15 DE 2011…

Por Periodismo Social
May 13 2011 12:00AM

• El cupo laboral del 4 % no se cumple, pese a que fue sancionado hace 30 años. 
• Se calcula que entre el 60 y el 90 por ciento de las personas que viven con alguna discapacidad están sin empleo
• “Salvo la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), ningún organismo cumple con el cupo”, dicen expertos. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que superaron el 4%.
• Críticas al sistema de pensiones: “Desalienta la búsqueda laboral”, aseguran.
 • La palabra de especialistas, fuentes para consultar y la Guía para la incorporación laboral de personas con discapacidad’
• Además, materiales para el periodismo sobre cobertura adecuada de la discapacidad.

La inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo un derecho negado en nuestro país. Aunque una ley, obliga a los organismos públicos a cumplir con un cupo del 4 por ciento para las personas con discapacidad, la inmensa mayoría aún no lo cumple. La ley fue sancionada hace 30 años, pero recién reglamentada en 2010.

En el sector privado, la situación es igual. Y, en algunos casos, peor.

En nuestro país, el 7 por ciento de la población convive con alguna discapacidad. Se trata de casi 2 millones 200 mil personas, de las cuales entre el 60 y el 90 por ciento no tiene trabajo.

Si bien las cifras no están actualizadas –la última encuesta es de 2002/2003- y varían según se consulte a organismos estatales u organizaciones sociales especializadas en la temática, la realidad es que insertarse en el mercado laboral es un proceso lento y desgastante para quienes poseen una discapacidad.

La tarea de inclusión que realizan organismos públicos, ONGs y empresas,  permite una mirada cualitativa sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad (PcD), más allá de las cifras.

Las leyes que regulan el derecho al trabajo de las personas con discapacidad

Son numerosas las leyes que regulan el derecho al trabajo de las PcD, pero el desafío es que se cumplan, según coinciden las distintas personas consultadas para esta nota.

Hace 30 años que Argentina tiene una ley que establece un cupo laboral para personas con discapacidad en el ámbito de la administración pública nacional, pero la legislación se reglamentó recién en 2010. La norma dice que los tres poderes del Estado tienen la obligación de ocupar personas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo o puesto, en una proporción no inferior al 4 por ciento de la totalidad del personal, así como a reservar puestos de trabajos para ser exclusivamente ocupados por PcD. Este porcentaje es obligatorio para todo el personal de planta permanente, contratados sea cual fuere la modalidad de contratación, como así también para los supuestos en las que existiere tercerización de servicios.

“Salvo la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), ningún organismo cumple con el cupo”, afirma el abogado Facundo Chávez Penillas de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Si bien todas las provincias adhirieron a la norma nacional “el panorama de incumplimiento se repite en todo el país, y en muchos casos la única solución es judicializar un derecho: el derecho al trabajo”, dice el profesional. Se refiere a personas que, en distintos lugares del país, han decidido recurrir a la justicia para acceder a un puesto laboral.

El caso emblemático es el de Ciudad de Buenos Aires, donde una ley (Nº 3220) impulsada por el partido gobernante –PRO-, prorrogó la aplicación del cupo del 5 por ciento mínimo de PcD en la planta laboral estatal que establece la Constitución porteña. REDI realizó distintas campañas y estrategias judiciales para que se derogue esta normativa, logrando sentencias favorables que ahora deben ser aplicadas por el Gobierno de CABA. 

Desde el Ministerio de Trabajo, Lucia Luxardo de la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad, asegura que esa Cartera “superó el cupo del 4 por ciento de personal con discapacidad, ya estamos en el 5”.

En tanto, Gustavo Huebe, asesor del área de inclusión laboral de CONADIS confirma que el 50 por ciento del personal de ese organismo convive con alguna discapacidad, y  habla de “un proceso en marcha que está permitiendo que responsables gubernamentales y de empresas comiencen a incorporar PcD. Hay que capacitar a jefes y  compañeros de trabajo, no sólo a quienes buscan el trabajo”.

Tanto Luxardo como Huebe destacan que son consultados permanentemente por funcionarios estatales, tanto nacionales, provinciales, como comunales, deseosos de interiorizarse en cómo realizar procesos que permitan incorporar a PcD entre sus empleados.

Huebe comparte algunos ejemplos: la Armada ya incorporó 146 PcD dentro del personal civil de la Fuerza; Cancillería sumó 25; ANSES está haciendo incorporaciones permanentes, y hace poco tiempo, CONADIS capacitó a funcionarios estatales de Ushuaia para comenzar a adaptar puestos de trabajo que posibiliten la inserción de PcD.

Alejandro Del Mármol, coordinador de programas de Fundación PAR, considera que “hay mayor preocupación del Estado por cumplir el cupo”.

Por su parte, Mariano  Godachevich de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) aporta que “es claro que las normativas existen, pero aún falta muchísimo para tener un cumplimiento, que al menos, se acerque a  lo aceptable. Reconocemos que en los últimos años ha habido intentos y tímidos avances, pero resultan insuficientes por la deuda social que se tiene con el sector de PcD”.

En Fundación PAR, cuentan con una lista de casi 900 personas con discapacidad motora o sensorial que buscan trabajo. Desde la ONG se las capacita, orienta, y se efectivizan estrategias para alentar a potables empleadores a sumar a PcD.  El año pasado lograron 60 puestos de trabajo: “Ninguno en el Estado”, destaca Del Mármol.

Desde el sector privado, la consultora de contratación de personal, Adecco, cuenta con el programa Discapacidad & Habilidades, mediante el cual logró la inserción laboral de más de 340 personas con discapacidad. La filosofía de la responsabilidad social empresaria (RSE) es la que contribuyó para que,  desde 2006, distintas empresas que trabajan con la consultora de empleo, asuman “una actitud de compromiso para la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad, para que confíe en sus capacidades, y se les ofrezca la  oportunidad de demostrar su validez”, afirman desde Adecco.

Gustavo Huebe de CONADIS, destaca que son muchas las empresas que buscan fortalecer sus prácticas de RSE incorporando personal con discapacidad. Para lograr el encuentro entre la oferta y la demanda, el organismo asesora a ambas partes –empleado y empleador- sobre perfiles que se adecuen a las necesidades de unos y otros.

El decreto 312, que reglamenta la ley de discapacidad 22.431, y especifica la obligatoriedad del cupo laboral estatal para personas con discapacidad, dispone que “con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría” con participación del Ministerio de Trabajo y CONADIS…esa tarea está pendiente

El rol del Estado Nacional

La Cartera Laboral cuenta con una serie de programas destinados a la promoción del empleo entre las PcD, que van desde capacitación educativa y en oficios, pasando por incentivos económicos para empleadores, hasta microcréditos, y apoyos rentados para talleres protegidos.

Lucia Luxardo adelanta que se espera la modificación de una norma legal que saldrá en breve “y permitirá mejorar la situación de trabajadores con discapacidad”. También anticipa que se pondrá en marcha ‘Promover’, un proyecto que absorberá a personal con discapacidad que estaba en otro Programa del Ministerio, y que como novedad incorporará a personas con enfermedades psiquiátricas.

En el Ministerio funciona el Sistema de Búsqueda y Registro de Postulantes con Discapacidad. Las PcD deben inscribirse en este Registro, y los organismos públicos realizan la búsqueda de personal.

La tarea gubernamental se hace en red con distintas organizaciones sociales. Un ejemplo es el proyecto ‘Agora’ de FAICA, que logró la inserción laboral a más de 400 personas, y que capacitó a 1.843. La iniciativa busca la inserción laboral de personas con discapacidad visual, mediante capacitaciones, búsqueda, evaluación, orientación, inclusión y seguimiento laboral de las personas con discapacidad. Así como la gestión, intermediación y acompañamiento hacia las empresas, proporcionando de ser necesario, adaptaciones a puestos de trabajo. También incluye el autoempleo, a través de ‘Cadena Q’. Se trata de la creación directa de puestos de trabajo a través del montaje y puesta en marcha de quioscos. Ya se instalaron más de 51 puntos de venta en 12 provincias. Además, realizan asesoramiento a microemprendedores

Qué pasa en el sector privado

¿Las empresas concesionarias de servicios públicos también tienen que cumplir con el cupo del 4 por ciento mínimo de personal con discapacidad? La funcionaria Luxardo es tajante: “Sí, las empresas deben cumplirlo. Estamos intentando hacer controles para que se efectivice la contratación. Cuesta. Los empleadores tienen que entender que están tomando trabajadores idóneos, no están haciendo beneficencia”.

Para el representante de Fundación PAR, Alejandro Del Mármol, es claro que las empresas que prestan servicios al Estado deben cumplir el cupo “pero muchas dicen que no corresponde, entonces el Ministerio de Trabajo y CONADIS deben intervenir para dejar esta situación en claro, efectivizar la implementación de la legislación”, dice el dirigente social.

En tanto, Godachevich de FAICA, adelanta que están impulsando una legislación que fomente la obligatoriedad de cupos laborales en empresas privadas “tomando las mejores prácticas de otros muchos países latinoamericanos y europeos. Entendemos que a la actual política pública de incentivos económicos y programas de promoción, hay que adicionarle, para mejorar el impacto de los mismos en el colectivo de PcD, leyes que creen efectivamente oportunidades de trabajo”.

Fue una ONG, REDI, la que sentó precedente sobre este tema cuando logró que la Justicia porteña obligara a la empresa Cliba –una de las contratistas del servicio de limpieza y recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires– a contratar personas con discapacidad hasta cubrir el cupo del 5 por ciento de su personal, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y una ley reglamentaria. El abogado de la organización, Chávez Penillas, confirma que la sentencia está firme, pero no se cumple. “Tuvimos una serie de reuniones con directivos de Cliba para coordinar cómo se incorporaría a PcD, pero no hemos avanzado. La empresa tiene que incorporar 70 PcD, considerando que tiene 1200 empleados, pero hasta ahora, sólo tiene 1 trabajador con discapacidad”.

La consultora de empleo Adecco buscó otra estrategia para promover la inclusión de este colectivo en el sector privado: “capacitación continua a los consultores para realizar procesos de selección acordes a las necesidades especiales de los postulantes, concientizando y capacitando a nuestras empresas cliente, buscando sensibilizar sobre la temática, y acompañando durante el proceso de inclusión en sus organizaciones”, explica Esther Parietti, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía.

En la ‘Guía para la incorporación laboral de personas con discapacidad’, Adecco muestra un panorama general sobre las distintas discapacidades, los obstáculos y posibilidades de inclusión, y ofrece información específica para un contexto laboral adecuado, legislación y beneficios impositivos para las empresas que contraten PcD.

Cambio de paradigma

La antigua mirada médica de la discapacidad, dio paso a una mira social, de inclusión que tuvo su punto de referencia marco con la sanción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina.

“La autodeterminación de las PcD es el eje de la inclusión”, dice Hueber, y agrega: “las personas quieren trabajar, para eso tienen que capacitarse, estudiar, profundizar su formación, pero también los empleadores tienen que adaptarse”.

Para Parietti los trabajadores con discapacidad “aportan conocimiento, experiencia y voluntad de superación, tres activos de los que ninguna empresa con vocación de liderazgo puede  prescindir”.

En tanto, Chávez Penillas cree que “el sistema desalienta la búsqueda de empleo”, y entiende que hay que revisar la política social “que tiene fallas desde la base, porque si cobrás la pensión de 800 pesos por discapacidad no podés trabajar, ya que si te incorporás al sistema laboral perdés la pensión, que es la última instancia a la que llega la PcD, después del agotamiento de no haber conseguido trabajo”.

 Más información
Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS)

Ministerio de Trabajo

Organización Internacional del Trabajo

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Fundación PAR

Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes


Materiales para el periodismo 
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Waldo Darío Gutiérrez Burgos

Descendiente del Pueblo de Uquía, Nación Omaguaca
Miembro de ‘Gapo’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’

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