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Ecología: Manifiesto del Maíz. No al maíz transgénico



Ecología: Manifiesto del Maíz. No al maíz transgénico

ECOLOGIA… VILTIPOCO10000: FEBRERO 09 DE 2013…

xUnión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)
Rebelión

Al gobierno federal:

Al pueblo de México:

Hemos analizado la experiencia de casi dos décadas de cultivos de maíz transgénico en otros países y no hay ni una sola razón tecnológica, económica ni ética en beneficio de la población mexicana y la mayoría de los productores del campo, que justifique la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico, como pretenden las empresas Monsanto y Pioneer en al menos un millón de hectáreas en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en el norte de México. En cambio, los peligros para la salud humana, la biodiversidad, la cultura y la soberanía del país son inmensos.

Las corporaciones trasnacionales buscan desaforadamente incrementar sus ganancias mediante el saqueo de los recursos naturales y aun a costa de la salud de las personas, incurriendo no pocas veces en actos criminales y de corrupción, particularmente las empresas dedicadas a la producción e industrialización de alimentos.

Fue inaudita la vileza con que la administración federal en manos de Felipe Calderón pisoteó los intereses de los consumidores de la ciudad y del campo, de los campesinos y pequeños productores, y puso en riesgo el patrimonio agrogenético del país en complicidad con las empresas multinacionales que se han venido adueñando de la producción agroalimentaria de México.

En contra de la demanda de respetar el principio de precaución y a pesar de los llamados a proteger la biodiversidad lanzados por científicos, académicos y organizaciones sociales y civiles1, durante el sexenio que recién finalizó, el ejecutivo federal —a través de SEMARNAT y SAGARPA— permitió las primeras siembras de maíz transgénico a cielo abierto, sin importarle que México es centro de origen de este grano básico de la alimentación del país y del mundo. Sumadas las licencias para cultivo experimental de maíz transgénico (162) y las de siembra piloto, ya van 177 permisos en campo abierto.

Durante el año pasado, el gobierno federal entregó 15 autorizaciones a Monsanto y otras empresas extranjeras para realizar siembras piloto —fase posterior a la experimental y previa a la comercial— de maíz transgénico en territorio nacional, con el grave riesgo de que los transgenes contaminen a las variedades criollas y nativas de esta gramínea pues no hay barreras para el viento y los insectos que intervienen en la polinización. Además, el maíz se mezclará en el transporte y el almacenamiento y finalmente toda la cosecha estará contaminada.

El 7 de septiembre la empresa Semillas y Agroproductos Monsanto presentó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) las solicitudes de cultivo comercial para las variedades de maíz transgénico MON89034-3, MON88017-3 y MON-00603-6 para 700 mil hectáreas en 10 municipios de Sinaloa.

En Tamaulipas, el 20 de septiembre fueron admitidas las solicitudes de maíz transgénico de la empresa Pioneer Hi-Bred International (Du Pont), para las variedades DAS015507-2, DAS-01507-1 y MON00603-6 y MON00603-7 en 351 mil 284 hectáreas de 7 municipios.

Las solicitudes se encuentran en análisis en el Senasica pero toda la información técnica de las fases anteriores ha sido manejada como secreto corporativo, sin cotejo independiente y manteniendo en reserva la ubicación de los predios de experimentación. Monsanto presionó y cabildeó para obtener los permisos antes del cambio de administración federal pero la presión social logró impedirlo. Si el nuevo gobierno aprueba estas solicitudes, en poco tiempo ocurrirá en el mundo la primera contaminación masiva del centro de origen de un importante pilar de la alimentación planetaria, es decir, estaremos en presencia de un crimen contra la humanidad.

Tal hecho ominoso ocurriría cuando México se define por su condición de país dependiente con 45 por ciento de importación de alimentos, sobre todo de Estados Unidos; con su infraestructura agrícola devastada y el campo descapitalizado, con más de la mitad de la población total en la pobreza y con 28 millones de hambrientos, todo ello producto de políticas agropecuarias de libre mercado que benefician principalmente a una minoría de grandes productores y a las empresas trasnacionales.

Otorgar los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico sería un atentado contra el derecho constitucional a la alimentación, reduciría todavía más las posibilidades de que la mayoría de la población pueda acceder a comida sana, suficiente y de calidad, y sería el tiro de gracia a la soberanía alimentaria de los mexicanos.

La clave para incrementar la producción del campo, reducir la pobreza y acabar con el hambre no está en los transgénicos. Se trata de una tecnología extremadamente costosa, que no incrementa los rendimientos2, causa mayor dependencia y no cuenta con ventajas para enfrentar el reto del cambio climático y sus efectos de heladas y sequías. Además de que la crisis agroalimentaria de México no es un problema tecnológico sino de modelo económico, y el hambre no es producto de la escasez sino de falta de ingresos para acceder a los alimentos.

En el país hay más de 60 razas nativas y miles de variedades de maíz que lejos de implicar riesgo alguno, portan importantes virtudes fruto de la selección y adaptación por más de siete mil años inducidas por el trabajo de los pueblos originarios. Existen incluso variedades con mayor rendimiento que las manipuladas por Monsanto. La imposición de los engendros de la trasnacional significaría el fin de esta riqueza y la pérdida de la tradición ancestral de la milpa como sistema sustentable de producción y símbolo de la herencia cultural mesoamericana.

El maíz es el principal alimento del pueblo de México, de él proviene el 39 por ciento de las proteínas y el 53 por ciento de las calorías necesarias para la vida. El consumo de maíz por habitante se encuentra entre los más altos del mundo. Los mexicanos consumimos de forma directa entre 115 y 150 kilogramos de maíz por persona al año.

El maíz que proviene de Sinaloa y Tamaulipas se distribuye entre las principales ciudades para la producción de tortillas, ya sea a partir de masa o harina de maíz. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en su estudio sobre los efectos del maíz transgénico en México3 recomendó al gobierno mexicano realizar investigaciones específicas sobre los efectos en la salud que podría tener un consumo tan alto y cotidiano de maíz transgénico. La población mexicana tiene el derecho a no correr el riesgo. No queremos tortillas transgénicas.

No se debe desdeñar el riesgo para la salud humana reflejado en un estudio4 realizado por la Universidad de Caen, Francia, donde investigadores demostraron que mamíferos de laboratorio alimentados con las semillas de Monsanto desarrollaron tumores de varios centímetros, en lo que constituye la prueba científica más contundente de los peligros asociados a los alimentos manipulados genéticamente. La variedad de maíz transgénico usada en este experimento fue MON 603, de Monsanto, la que ahora solicitan sembrar de manera comercial en México.

Por todo ello, exigimos al gobierno mexicano la prohibición definitiva de todo tipo de cultivo de maíz transgénico en México, y por lo tanto, una respuesta negativa a las solicitudes de permisos para siembra comercial de maíz transgénico, que se revoquen los permisos de siembra experimental y piloto de maíz transgénico hasta ahora autorizadas y se declare a México país libre de maíz transgénico. Los intereses de Monsanto y demás trasnacionales no son los intereses de la nación.

Rechazamos que el estado sacrifique a la población consumidora y a los campesinos y pequeños productores para apoyar a las empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos. Somos los campesinos y no las transnacionales quienes alimentamos a la población.

Demandamos también la cancelación de los permisos de siembra comercial de soya transgénica que atentan contra la agricultura campesina y los apicultores.

Nuestra lucha va encaminada a lograr finalmente la derogación de la Ley de Semillas y de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados que abrieron la puerta a la invasión transgénica.

Llamamos a organizaciones, activistas, personajes de la cultura y la vida pública, así como a toda persona preocupada a sumarse a las demandas planteadas, porque sólo con la participación de la sociedad organizada podrá detenerse este atropello.

¡NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO; FUERA MONSANTO!



Notas
1. Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico.


3. Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, 2004. www.cec.org/Storage/56/4839_Maize-and-Biodiversity_es.pdf

4. Causa cáncer en ratas maíz transgénico de Monsanto. http://www.jornada.unam.mx/2012/09/20/ciencias/a02n1cie


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.





Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía - Nación Omaguaca
Director de ‘Viltipoco10000’, el ‘Gapo’, la ‘Obnu’ y ‘ArgosIs-Internacional’
…"Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú"…
Tel.: (54) 388 4 800 934

MI: El proyecto de ley de consulta anti-indígena

El nuevo etnocidio


MI: El proyecto de ley de consulta anti-indígena

MOVIMIENTO INDÍGENA… VILTIPOCO10000: FEBRERO 08 DE 2013…

Raúl Prada Alcoreza
Rebelión


El camino optado por el gobierno es como la caída de los cuerpos ocasionada por la gravedad. Esta atracción del abismo, este instinto de muerte, se puede observar en varios planos, tanto prácticos, desplegados en la historia efectiva de los hechos, eventos y acontecimientos. Así como también los ámbitos ético morales, donde se manifiestan las conductas, impulsadas por voluntades guiadas por valores y principios, por transformaciones de estos valores y principios, por trans-valorizaciones, también por suspensión de valores, de la misma manera, como pueden ser guiadas por el mero interés. Se puede seguir esta caída en el plano del desarrollo legislativo, en la relación del gobierno con la Constitución. La ventaja es que en este plano normativo, de leyes y reglamentaciones, el movimiento de la caída está escrito. Es precisamente en este plano, particularmente en las leyes que deberían ser fundacionales, donde se inscribe el desapego oficial respecto de la Constitución. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Territorial, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Pluralismo Jurídico, llamada por el gobierno Ley de Deslinde Jurídico, la Ley Marco de la Madre Tierra, llamada por el gobierno Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, son los textos normativos donde se inscribe la letra gubernamental de desacato a la Constitución. La primera ley mencionada reproduce compulsivamente el centralismo obsesivo; es una ley que se desentiende del entramado de las competencias autonómicas exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas; es una ley anti-indígena, que no reconoce el territorio indígena para las autonomías indígenas. La segunda ley se desentiende de las condiciones plurinacional, comunitaria, autonómica e intercultural, establecidas por la Constitución. La tercera ley es una ley colonial, subordina plenamente la jurisdicción indígena originario campesina a la jurisdicción ordinaria, en contra de lo establecido en la Constitución bajo la concepción de pluralismo jurídico y equivalente jerarquía. La cuarta ley es un atentado contra los derechos de los seres de la madre tierra al subsumir a la madre tierra al desarrollo integral, una de las versiones, quizás más matizada, del desarrollo capitalista, en su forma extractivista. En todas estas leyes se usan artículos de la Constitución como enunciados, empero, para legitimar los artículos operativos que van en su contra. Ahora el gobierno presenta un Anteproyecto de Ley de Consulta que hace lo mismo, incluso algo peor, escribiendo un texto que anula efectivamente la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, establecida en la Constitución.

Uno de los antecedentes inmediatos es el atropello cometido en el TIPNIS con la consulta espuria, que busca imponer una carretera extractivista con un despliegue político de la mayor violencia desencadenada de manera secuencial y sistemática, usando todas las formas posibles de violencia, desde la violencia simbólica hasta la violencia física, pasando por la violación de derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como el uso indebido de coerciones, presiones, clientelas, corrupciones y cooptaciones. Ahora estamos ante la presentación de una Ley Marco de Consulta anti-indígena; no podría haber algo más flagrante de violación de la Constitución plurinacional, comunitaria e intercultural.

Llamamos al recorrido sinuoso del gobierno, en cuanto a la promulgación de leyes, así como a la elaboración de proyectos de ley, el nuevo etnocidio. Se puede constatar, por el contendido, el sentido, la direccionalidad de las leyes, sus efectos y consecuencias, sobre los pueblos indígenas, que estamos asistiendo a un nuevo etnocidio, ahora efectuado por el gobierno progresista. Se define el etnocidio como la destrucción de la cultura  de un pueblo; también se puede entender el etnocidio como la destrucción sistemática de los modos de vida e imaginarios de pueblos diferentes a la cultura dominante de la colonización y la colonialidad. El discurso que acompaña al etnocidio justifica esta destrucción de pueblos y culturas en aras del desarrollo y del progreso,  por el bien del indígena. El nuevo etnocidio hace lo mismo, solo que se produce un pequeño desplazamiento en el discurso; pretende disputar a las naciones y pueblos indígenas originarios, a las comunidades indígenas afectadas, la condición indígena. Con lo que los propios indígenas quedarían sin identidad, la misma usurpada por un gobierno que se pone la máscara indígena.

En el Anteproyecto de Ley Marco de Consulta propuesto por el gobierno se expresa de manera descarnada este demoledor proceso del etnocidio, por lo tanto colonizador. Ya no hay reparos y cautelas, se dicen las cosas desnudamente, sin rubor, aunque se siguen haciendo referencias imposibles, inadecuadas y des-contextuadas a la Constitución, al Convenio 169 y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas. En el Anteproyecto de Ley Marco de Consulta los territorios indígenas se diseminan, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios se esfuman, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios desaparecen; en consecuencia se decreta la muerte de la consulta con consentimiento libre, previa e informada, establecida en la Constitución. Es más, con todo este proceso etnocida, están condenadas las culturas, los imaginarios, las instituciones, normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas a desaparecer. Estamos, como se podrá ver, ante la marcha descomunal de un nuevo etnocidio y a una nueva facete inédita de la flamante neo-colonización, efectuada por el gobierno indígena-popular.

En adelante nos detendremos en la evaluación del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta, tomando en cuenta, además del anteproyecto, el análisis efectuado por Bartolomé Clavero. A propósito de este anteproyecto de ley, Bartome Clavero escribe:

El anteproyecto de ley no se contrae a la reglamentación del derecho indígena a la consulta, esto es, al desarrollo normativo del inciso 30.II.15 de la Constitución junto a los artículos 6 y 7 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes así como al 19 y concordantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas .

El inciso 30.II.15 de la Constitución dice:

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan .

Los artículos 6 y 7 del Convenio 169 dicen:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

El artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice:

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos  indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Recogiendo la larga lucha de las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala, sus conquistas, el reclamo de sus derechos culturales y como pueblos, la reconstitución de sus territorios, transcritas, en parte, en los antecedentes jurídicos y constitucionales, internacionales y de los estados firmantes, el artículo segundo de la Constitución dice:

Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

El artículo 403 de la Constitución, correspondiente al capítulo Tierra y Territorio de la parte de la Organización Económica del Estado, dice:

I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades.

II.El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.

A pesar de estos referentes constitucionales y de los convenios internacionales, además de la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el anteproyecto de ley de consulta del gobierno los pone en suspenso y no sigue las consecuencias de los artículos mencionados. Al contrario, sigue otro curso, introduciendo una confusión inicial, la que tiene que ver con la mezcla de la consulta pública con la consulta con consentimiento libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Esta confusión es intencional, expresa la mala fe en la elaboración del anteproyecto .

Bartolomé Clavero escribe, respecto de esta confusión inicial del anteproyecto de ley de consulta gubernamental, lo siguiente:

La confusión se introduce desde un inicio. Comienza el anteproyecto declarando que se dirige a regular el derecho a la consulta de las naciones o pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en una doble modalidad: “en sus modalidades de consulta previa libre e informada o consulta pública, según corresponda”. Para lo primero de todo, respecto al derecho de los pueblos indígenas, consigna, según en efecto corresponde, que procede “de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, pero, según en cambio no corresponde, añadiendo acto seguido algo que limita ya de entrada sustancialmente el alcance de este derecho indígena a la consulta: “en el ámbito jurisdiccional de las tierras comunitarias de origen TCO”. Las TCOs o también los TIOCs, los Territorios Indígena Originario Campesinos ya adaptados a la Constitución, constituyen tan sólo un caso particular de autonomía indígena en el Estado Plurinacional. No hay sustento constitucional para esta restricción. Y para el Convenio y la Declaración el sujeto del derecho es el pueblo indígena sin más cualificación. La restricción se introduce para hacerla operar a fondo.

El anteproyecto de ley de consulta gubernamental parte de una confusión inicial intencional y de una restricción territorial indebida. El anteproyecto no entiende, así como la Ley Marco de Autonomía y Descentralización Territorial tampoco comprende, que no hay autonomía indígena sin territorio indígena; la condición territorial indígena es fundamental para la realización de la autonomía. No se puede restringir el derecho a la consulta con consentimiento libre, previa e informada, a las TCOs y las TIOCs; este es un despropósito descomedido que viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. ¿Por qué se hace esto? Está claro que el gobierno tiene otro proyecto, distinto al proyecto descolonizador, transformador y emancipador de la Constitución. El proyecto del gobierno, como lo dijimos en otros textos , es conservar, continuar, extender y profundizar el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, además de restaurar y consolidar el Estado-nación, anulando las posibilidades de construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Desde esta perspectiva extractivista, dependiente y subordinada al capital internacional, así como al orden imperial mundial, en la condición de Estado-nación, el gobierno no puede aceptar la consulta con consentimiento libre, previa e informada, tampoco puede garantizar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, menos respetar sus territorios, su autonomía, autogobierno y libre determinación, establecidos por la Constitución. El gobierno, como administrador de la transferencia de los recursos naturales a los centros del sistema-mundo capitalista, defiende las formas de explotación extractivista impuestas por la vorágine capitalista, por la acumulación ampliada de capital, en correspondencia con la recurrente acumulación originaria de capital, por despojamiento y desposesión, la llamada acumulación originaria de capital recurrente. El gobierno va a defender los capitales invertidos y por invertir  en la minería, así como en hidrocarburos, fuera de otros rubros. Al gobierno, por ejemplo, no se le ocurre nacionalizar la Empresa Minera de San Cristóbal, que mueve un capital de alrededor de 1000 millones de dólares anuales, dejando en el país el pírrico porcentaje de entre 3% hasta el 7%. Prefiere hacer el teatro de “nacionalización”, por el procedimiento de compra de acciones, de empresas menores. No va a modificar el régimen minero; es más, no piensa iniciar la transición del modelo extractivista al modelo productivo de la economía social y comunitaria, basado en la soberanía alimentaria; modelo ecológico, que condiciona la industrialización al uso de tecnologías limpias y al equilibrio con los ecosistemas.

Es notoria la misma mano, por así decirlo, y el mismo procedimiento empleado que en las otras leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno. Elabora leyes que van en contra de las prescripciones constitucionales; empero, usa artículos de la Constitución como enunciados, como marcos teóricos, pretendiendo legitimar la adulteración efectuada. Esta astucia criolla tiene una imagen lamentable del pueblo; lo considera cándido y manipulable. Ciertamente tiene poco respeto a la Constitución y cree que el desarrollo legislativo debe responder al interés económico, no a la necesidad de transformación estructural e institucional, requerida constitucionalmente. El anteproyecto de ley de consulta del gobierno anula efectivamente la consulta con consentimiento libre, previa e informada; la disemina en la confusión con la consulta pública, además de declarar tácitamente que cuando se trata de proyectos estratégicos del Estado no hay consulta, fuera de decir, sin rubor, que el Estado tiene el derecho de intervenir en territorios indígenas y a los pueblos en beneficio propio de los mismos, buscando su desarrollo y bienestar. Como puede verse el anteproyecto de ley es un dispositivo de guerra en contra de las naciones y pueblos indígenas originarios, en contra del germen de Estado plurinacional, que se encuentra en la Constitución y en los territorios indígenas.

Bartolomé Clavero continúa su análisis del anteproyecto de ley de consulta gubernamental:

El anteproyecto hace por desplazar a los pueblos indígenas, junto a las comunidades interculturales y afrobolivianas y en compañía también del conjunto de la población local, hacia el terreno de la consulta pública sin derecho propio ni garantía adecuada, “de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la legislación ambiental”. No hace falta adentrarse en detalles para constatar que, con tal punto de partida, el anteproyecto se halla por entero trufado por la intencionada confusión entre supuestos bien diversos. Ya no puede corregir el entuerto el detalle de que se afirme expresamente la libre determinación como fundamento del derecho fundamental indígena a la consulta previa, libre e informada. Resulta retórica vacua si el sujeto de tal derecho ya se ha restringido a TCOs y TIOCs y además el mismo se refunde con la población local a los efectos de consulta pública en términos que hacen evaporarse la calificación de fundamental para el derecho y su sustento en la libre determinación, sujetándolo con todo a ley ordinaria como ésta que propugna el anteproyecto. El ejercicio del derecho a la libre determinación no existe de hecho porque la ley lo diga, sino porque la ley lo respete .

El Estado-nación se impone en todo el espacio del país, rechaza violentamente la libre determinación de los pueblos indígenas, subsume la consulta con consentimiento libre, previa e informada de los pueblos indígenas a la consulta pública, subordina el cumplimiento del derecho a la consulta a la ley ordinaria, evapora los territorios indígenas estatalizándolos en el espacio homogéneo del Estado-nación; han desaparecido la libre determinación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, definidos en la Constitución, y con esta desaparición el gobierno pretende hacer desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, en el nuevo proyecto de mestización, con características populares, paradójicamente efectuado a nombre de los propios indígenas. Ironía de la tragedia colonial.

Una de las conclusiones de Bartolomé Clavero expresa el dramatismo de la situación, que puede resumirse como el de la continuidad de la colonialidad, en la forma estrambótica efectuada por el gobierno progresista, que se hace llamar indígena y popular:

Otra retórica igualmente huera sobre Madre Tierra y vivir bien no se ahorra sin mayor efecto, esto es, ninguno. A la hora de la verdad y pese lo cuanto pese a la Constitución del Estado Plurinacional, no son tales categorías las que rigen y se aplican. Y la ley, este anteproyecto, tanto que sujeta, presenta una relación de materias que no requieren consulta en la que, entre otras que carecen en su mayor parte de sustento en Constitución, Convenio o Declaración de tal entidad como los contratos de la industria extractiva con el Estado, figura la siguiente: “planes y proyectos que estén destinados a garantizar los derechos a una vida digna de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y población, establecidos por la Constitución Política del Estado”. No puede haber una negación mayor del derecho a la libre determinación y del consiguiente a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, del derecho de los pueblos indígenas. La vida digna de los pueblos indígenas es, según el anteproyecto, algo sobre lo que estos pueblos no tienen ni voz ni voto pues el Estado se atribuye la capacidad exclusiva y excluyente de saber lo que les conviene siempre que sepa ligarlo a algún derecho constitucional como, por ejemplo, a la salud o a la educación. La alegación de la Constitución resulta mera coartada para la supresión práctica de la libre determinación y hasta de la autonomía indígenas a dichos efectos de decidir y elaborar prioridades y estrategias de desarrollo .

Este es el meollo de la cuestión, aquí se encuentra de manera desnuda la expresión más descarnada de la violencia desenvuelta del poder del Estado-nación, la violencia nacionalista y desarrollista, contra la condición plurinacional y las alternativas latentes a las formas del capitalismo dependiente y el Estado-nación. Esta relación de materias que no requieren consulta, además de los contratos de la industria extractiva con el Estado, tiene la oprobiosa mención de los “planes y proyectos que estén destinados a garantizar los derechos a una vida digna de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y población, establecidos por la Constitución Política del Estado”. Ya no hay consulta en aquellos rubros que afectan, de manera directa, al hábitat y a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. La consulta a los pueblos indígenas se estableció precisamente por el efecto destructivo y depredador de las industrias extractivas; son estas industrias las que han destruido sus territorios, destrozado la cohesión de sus comunidades y desarticulado sus prácticas, normas, procedimientos e instituciones propias. Si la consulta no se hace por estos rubros, por los contratos de industrias extractivas, entonces, ¿por qué esmerarse en presentar un anteproyecto de ley de consulta? No tiene sentido. El gobierno ha restringido tanto el campo de la consulta que la ha hecho desaparecer; ya no tiene sentido aprobar una ley de consulta. ¿Por qué se sigue el protocolo cuando ha desaparecido el objeto del mismo? ¿Qué sentido tiene en festejar el cumpleaños del que se acaba de enterrar? El teatro político del gobierno se ha convertido en un teatro macabro; se podría decir que hasta hay humor negro en todo esto; pero, se lo hace de tal manera, con la seriedad burocrática que corresponde, que hasta se esfuma el humor, que podría haber arrancado una sonrisa. Lo insólito, hasta terrorífico, es que los sepultureros de la consulta creen que están asistiendo al nacimiento de la consulta. Este cuadro tétrico muestra el mecánico comportamiento de los gobernantes, asambleístas, funcionarios, elaboradores del anteproyecto; no hay humor negro en ellos, sino el mecánico cumplimiento de su deber, que es hacer una ley de consulta adecuada al proyecto desarrollista y nacionalista del gobierno, adecuado al modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. No importa que no quede nada de consulta en esta ley, como una cáscara vacía, una envoltura sin contenido; lo que importa es llenar los casilleros, la lista de leyes que faltan, aunque estos casilleros se llenen con disparates, peor aún, con actas de defunción.

¿Qué es eso de que los planes y proyectos destinados a garantizar los derechos a una vida digna no se consultan a los destinatarios de estos planes y proyectos? ¿Cómo se puede hablar de derechos si no tienen derecho a ser consultados? ¿No tienen nada que decir? ¿No tienen sus propios planes y proyectos? ¿No tienen pensamiento? ¿Tienen que pensárselos los preclaros elaboradores del anteproyecto de ley y los fabricantes de los planes y proyectos destinados a una vida digna? Esto ya se parece a los primeros años de la colonización cuando los curas discutían si los indígenas del continente conquistado tenían alma o no. Como se puede ver, se ha llegado muy lejos, sin decoro, de la manera más crasa, a los métodos coloniales más brutales. Después de estas acciones coloniales, ¿cómo pueden nombrarse a sí mismos gobierno indígena y popular, representantes del proceso descolonizador? Estas son las formas más brutales de la violencia política, llevar los nombres de las víctimas, enterrar a los victimados con los honores de la ceremonialidad del poder. La colonización y la colonialidad se hacen más horrendos cuando se la efectúa a nombre de los propios colonizados, a nombre de su emancipación y liberación. En este caso, la simulación política, de la que hablamos en otros análisis, se ha convertido en la ceremonia macabra de un asesinato, de la muerte de la consulta con consentimiento libre, previa e informada, del genocidio de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, acompañado por el etnocidio de estos pueblos.

Hay sorna en el anteproyecto de ley, cuando en su primer principio se propone la buena fe, precisamente en un documento elaborado con mala fe. Incluso se le otorga jerarquía al dedicar un artículo a la relación de las acciones contrarias a la buena fe. Bartolomé Clavero dice a propósito que:

La misma se aplica especialmente a los mismos pueblos indígenas, tendiendo a convertir el derecho a la consulta en obligación de someterse a ella, y a terceras partes, intentando mantenerlas al margen de los procesos de decisión indígena sin tomarse cautelas similares respecto al propio Estado. Que el Estado se sitúa por encima de los requerimientos lógicos de la buena fe ya lo prueba el anteproyecto mismo. La reducción de los pueblos con derecho propio a la consulta al supuesto de las TCO, la refundición entre los mismos y otros sujetos sociales en una ciudadanía indistinta y la alegación de la Constitución para la denegación más radical del derecho indígena a la libre determinación y a la decisión sobre prioridades y estrategias de desarrollo son cosas que sólo pueden efectuarse, con Constitución, Convenio y Declaración a la vista, desde la más profunda y empecinada mala fe .

Se convierte el derecho en obligación, no se le pide al Estado buena fe, se supone que la tiene, se reduce el derecho a la consulta a la TCO, se disemina la identidad de los pueblos indígenas en una ciudadanía indistinta, entonces se rechaza tajantemente el derecho indígena a la libre determinación y a la decisión sobre prioridades y estrategias de desarrollo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué clase de dispositivo es esta ley de consulta proyectada? A todas luces, de manera evidente, se trata de un dispositivo de sometimiento de los pueblos indígenas. No sólo que no se les perdona su rebeldía, su defensa de sus territorios, sus marchas e interpelaciones, sino, que también, los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para el proyecto de “desarrollo” inscrito en la médula espinal del Estado-nación. Se puede decir que éste fue un sentimiento compartido por la casta liberal gobernante, no fue, sin embargo, evidente en el nacionalismo revolucionario, que optó por la mestización de los indígenas por medio de la reforma agraria; este sentimiento racial vuelve a aparecer de manera muy matizado, escondida en las reformas neoliberales, sobre todo de la reforma educativa y la participación popular, discurso entonces que mas bien derivaba del multiculturalismo liberal. En contraste con estos matices camuflados de racismo solapado, lo que sorprende es que el gobierno progresista lo diga y lo haga de una manera abiertamente descarnada.  El objetivo del gobierno popular es hacer una reforma agraria inversa, quitarles las tierras a los indígenas, disminuir y circunscribir los territorios indígenas al máximo, ampliar la frontera agrícola, talar bosques, entregando los espacios abiertos a la explotación capitalista, comprendiendo sus distintas formas, desde la campesina hasta la empresa agraria y agroindustrial, fuera de las concesiones hidrocarburíferas y mineras.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas utiliza el enunciado de consentimiento libre, previo e informado indígena; en el anteproyecto de ley de consulta gubernamental se reduce el enunciado a de consulta previa, libre e informada, desapareciendo el término usado por la Declaración. El consentimiento previo viene definido como Voluntad expresa de los sujetos de la consulta que implica la aceptación concertada respecto a la medida objeto de consulta. Requisito condicionante del Estado antes de la implementación de las medidas establecidas en la presente Ley . Se entiende que el anteproyecto haya sacado el término de consentimiento; el gobierno desconoce la voluntad expresa de los sujetos de la consulta, de ninguna manera busca la concertación en relación a la medida objeto de consulta. Simplemente el gobierno considera que no requiere del consentimiento de los pueblos indígenas, el Estado está sobre las naciones y pueblos indígenas originarios, el Estado está sobre la sociedad; la única voluntad que reconoce es la de la razón de Estado.

El anteproyecto de ley establece que:

El Estado deberá lograr el consentimiento previo, libre e informado de las naciones o pueblos indígena originarios antes de aprobar e implementar medidas legislativas o administrativas en los casos establecidos en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Como señala Bartolomé Clavero hay una mala intención en la remisión, no es el Convenio 169 sino la Declaración el referente. ¿Por qué se hace esto? ¿A qué se debe este aparente equívoco? El referirse al consentimiento, remitirse al Convenio 169 y no  la Declaración muestra las intenciones, la mala fe, del anteproyecto, muestra el alcance que se le quiere dar al consentimiento, siendo que el tema está más elaborado, después de una larga experiencia, en la Declaración. Normar la consulta, buscando disminuir al máximo sus alcances, evitar el consentimiento, empero nombrarlo, para mantener las apariencias, es de los atribulados procedimientos a los que está acostumbrado el gobierno. El alcance de la consulta está claramente definido en el anteproyecto cuando dice que el derecho a la consulta no implica poder de veto. Con esto la consulta termina convertida en una formalidad, en un procedimiento más que deben los proyectos, que de todas maneras se las va implementar.

La pregunta es: ¿por qué procede de esta manera el gobierno? ¿Por qué elabora un anteproyecto de ley de consulta donde desaparece prácticamente la consulta con consentimiento libre, previa e informada, un proyecto tan atentatorio de los derechos de las naciones y pueblos indígenas? La explicación se encuentra en el modelo económico extractivista adoptado por el gobierno. En lo que respecta a los hidrocarburos, el documento se expresa así: Por su carácter estratégico y de interés público para el desarrollo nacional se garantiza la ejecución y continuidad de las actividades hidrocarburíferas. En relación a la minería, el anteproyecto exige que la consulta deba realizarse asegurando el desarrollo de las actividades mineras por su carácter de necesidad estatal y utilidad pública. Entonces la consulta que ha sido concebida y promovida como mecanismo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, termina convertida en un instrumento de defensa de los intereses de explotación hidrocarburífera y minera. Estos intereses están por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿para qué se hace la consulta? Para legitimar la explotación hidrocarburífera y minera, precisamente a nombre de los damnificados, presentando esta explotación como si beneficiase a estos pueblos. Todo esto parece una burla despiadada, sin embargo, es la realización cruda de las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno.

En cuanto a la materialidad institucional de la consulta, el anteproyecto de ley propone la conformación de una Dirección General de Consulta como entidad pública descentralizada, bajo tuición del órgano ejecutivo, con jurisdicción nacional, con autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria, cuya estructura y composición queda confiada a decreto reglamentario.  Llama la atención, como dice Bartolomé Clavero, que se diga nacional y no plurinacional, subordinando la condición plurinacional a la institucionalidad centralizada de la nación boliviana, del Estado-nación. La descentralización, en este caso, es administrativa, como la de otras entidades descentralizadas, que refuerzan más bien el carácter centralista de toda la organización del Estado. El comentario que hace Bartolomé Clavero es concluyente, dice:

La tutela gubernamental y la autonomía administrativa son indicativos que, a efectos orgánicos, abundan en el carácter no previo de la consulta .

Las competencias asignadas a la Dirección General de Consulta son atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional. ¿Qué significa esta yuxtaposición de competencias? ¿Un control mayor y específico en lo que respecta a la consulta a los pueblos indígenas?

En resumen, Bartolomé Clavero, evalúa el anteproyecto de ley de la siguiente manera:

Desde los presupuestos vistos, el contenido más pormenorizado del anteproyecto está cantado. Los problemas no son de detalle, sino de concepción de la norma, de su anteproyecto. Desde la posición de sus artífices, puede entenderse la cerrazón frente a propuestas indígenas. El texto gubernamental no ofrece base para el diálogo intercultural e intracultural que el propio anteproyecto invoca como la vía apropiada para el proceso de consulta. Consulta del mismo anteproyecto no ha habido. Y debe haberla, no según sus propias previsiones desde luego ni tampoco conforme a precedentes del propio anteproyecto como el del caso TIPNIS, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé, sino de acuerdo a Constitución del Estado Plurinacional, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el caso TIPNIS, antes y después del amaño reciente de consulta, se están poniendo en práctica las políticas de decisión por el Estado sobre derechos de los pueblos indígenas, lo que hemos visto que el anteproyecto consagra .

El texto del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta del gobierno hay que leerlo como una declaración “ideológica”. En el escrito se encuentra el pensamiento descarnado del gobierno progresista, fuera de expresar su triste concepción de la consulta a los pueblos indígenas. El gobierno popular enfrenta a los territorios y pueblos indígenas como obstáculos al desarrollo y al proceso, es más, al bienestar, que es la representación doméstica de comodidad burguesa para la socialdemocracia. El Estado-nación ha declarado la guerra al germen del Estado plurinacional comunitario y autonómico, que se encuentra en la Constitución y en los territorios indígenas. Desde esta perspectiva, el gobierno progresista continúa y expande el modelo extractivista, retoma la continuidad de las tareas de colonización pendientes, buscando convertir a los indígenas en hombres modernos; hablando de la representación de la modernidad como única, universal y homogénea. Olvidando que ya todos somos modernos desde el siglo XVI, en la condición de las modernidades heterogéneas, incluso anti-modernas, en el mejor de los casos, alter-modernas. Hombres representados modernos entonces, ya sea en su condición de burgueses, que sólo pocos podrán alcanzar, ya sea en condición de proletarios, condición a la que una mayoría está condenada, o ya sea en su condición de clases medias que optan por las profesiones liberales, que un estrato más o menos significativo puede lograr. El recurso político, económico, social y cultural que se activa es el nuevo etnocidio, con mascara indígena e impostura popular.

Frente a este nuevo etnocidio las naciones y pueblos indígenas resisten, no renuncian a la descolonización y liberación. Tienen como horizonte e instrumento jurídico-político de lucha a la Constitución, el haber abierto con sus luchas la posibilidad del proceso y el proceso de la posibilidad de transformaciones estructurales e institucionales. Los pueblos indígenas, las comunidades, el proletariado nómada y el pueblo boliviano, frente a la modernidad oponen la alternativa a la modernidad, al desarrollo y al capitalismo, la alter-modernidad .     

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.






Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía - Nación Omaguaca
Director de ‘Viltipoco10000’, el ‘Gapo’, la ‘Obnu’ y ‘ArgosIs-Internacional’
…"Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú"…
Tel.: (54) 388 4 800 934

MI: ELLOS Y NOSOTROS. I.- Las (sin) razones de arriba.



MI: ELLOS Y NOSOTROS. I.- Las (sin) razones de arriba.


MOVIMIENTO INDÍGENA… VILTIPOCO10000: FEBRERO 08 DE 2013…



xSupMarcos.
Planeta Tierra.
Enero del 2013.


ELLOS Y NOSOTROS.

I.- Las (sin) razones de arriba.

Enero del 2013.

Hablan los de arriba:

“Nosotros somos los que mandamos. Somos más poderosos, aunque seamos menos. No nos importa lo que digas-escuches-pienses-hagas, siempre y cuando estés mudo, sordo, inmóvil.

Podemos imponer como gobierno a gente medianamente inteligente (aunque ya es muy difícil de encontrar en la clase política), pero elegimos a uno que ni siquiera puede simular que sabe de qué va el asunto.

¿Por qué? Porque podemos hacerlo.

Podemos usar al aparato policíaco y militar para perseguir y encarcelar a verdaderos delincuentes, pero esos criminales son parte vital nuestra. En cambio elegimos perseguirte, golpearte, detenerte, torturarte, encarcelarte, asesinarte.

¿Por qué? Porque podemos hacerlo.

¿Inocente o culpable? ¿Y a quién le importa si eres uno o lo otro? La justicia es una puta más en nuestra libreta de direcciones y, créenos, no es la más cara.

Y aunque cumplas al pie de la letra con el molde que imponemos, aunque no hagas nada, aunque seas inocente, te aplastaremos.

Y si insistes en preguntar por qué lo hacemos, te respondemos: porque podemos hacerlo.

Eso es tener el Poder. Se habla mucho de dinero, riquezas, y esas cosas. Pero créenos que lo que excita es este sentimiento de poder decidir sobre la vida, la libertad y los bienes de cualquiera. No, el poder no es el dinero, es lo que puedes tener con él. El Poder no es sólo ejercerlo impunemente, también y sobre todo, hacerlo irracionalmente. Porque tener el Poder es hacer y deshacer sin tener más razón que la posesión del Poder.

Y no importa quién aparezca al frente, ocultándonos. Eso de derecha e izquierda, son sólo referentes para que el chofer estacione el auto. La máquina funciona por sí sola. Ni siquiera tenemos que ordenar que castiguen la insolencia de desafiarnos. Gobiernos grandes, medianos y pequeños, de todo el espectro político, además de intelectuales, artistas, periodistas, políticos, jerarcas religiosos, se disputan el privilegio de agradarnos.

Así que jódete, chíngate, púdrete, muérete, desilusiónate, ríndete.

Para el resto del mundo no existes, eres nadie.

Sí, hemos sembrado el odio, el cinismo, el rencor, la desesperanza, el valemadrismo teórico y práctico, el conformismo del “mal menor”, el miedo hecho resignación.

Y, sin embargo, tememos que eso se transforme en rabia organizada, rebelde, sin precio.

Porque el caos que imponemos lo controlamos, lo administramos, lo dosificamos, lo alimentamos. Nuestras “fuerzas del orden” son nuestras fuerzas para imponer nuestro caos.

Pero el kaos que viene de abajo…

Ah, ése… ni siquiera entendemos qué dicen, quiénes son, cuánto cuestan.

Y luego son tan groseros de ya no mendigar, esperar, pedir, suplicar, sino ejercer su libertad. ¡Habrase visto tamaña obscenidad!

Eso es el verdadero peligro. Gente que mira para otro lado, que se sale del molde, o lo rompe, o lo ignora.

¿Sabes que nos ha dado muy buen resultado? Ese mito de la unidad a toda costa. Entenderse sólo con el jefe, dirigente, líder, caudillo, o como se llame. Controlar, administrar, contener, comprar a un@ es más fácil que a muchos. Sí, y más barato. Eso y las rebeldías individuales. Son tan conmovedoramente inútiles.

En cambio, lo que sí es un peligro, un caos verdadero, es que cada quien se haga colectivo, grupo, banda, raza, organización, y en su lado aprenda a decir “no” y a decir “sí”, y que se pongan de acuerdo entre ellos. Porque el “no” apunta a quienes mandamos. Y el “sí”… uf… eso sí es una calamidad, imagínate que cada quién construya su propio destino, y decidan qué ser y hacer. Sería tanto como señalar que nosotros somos los prescindibles, los que sobramos, los que estorbamos, los que no somos necesarios, los que debemos ser encarcelados, los que debemos desaparecer.

Sí, una pesadilla. Sí, claro, sólo que ahora para nosotros. ¿Te imaginas de qué mal gusto sería ese mundo? Lleno de indios, de negros, de cafés, de amarillos, de rojos, de rastas, de tatuajes, de piercings, de estoperoles, de punks, de darket@s, de chol@s, de skater@s, de esa bandera de la “A” tan sin nación para comprarla, de jóvenes, de mujeres, de put@s, de niñ@s, de ancianos, de pachucos, de choferes, de campesinos, de obreros, de nacos, de proles, de pobres, de anónimos, de… de otr@s. Sin un espacio privilegiado para nosotros, “the beautiful people“… la “gente bien” para que nos entiendas…. porque se ve a la legua que tú no estudiaste en Harvard.

Sí, ese día sería noche para nosotros… Sí, todo reventaría. ¿Que qué haríamos?

Mmh… no habíamos pensado en eso. Pensamos, planeamos y ejecutamos qué hacer para impedir que ocurra, pero… no, no se nos había ocurrido.

Bueno, en el dado caso, pues… mmh… no sé… puede ser que buscaríamos culpables y luego, pues buscar, no sé, un plan “B”. Claro que para entonces todo sería inútil. Creo que entonces recordaríamos la frase de ese maldito judío rojo… no, Marx no… Einstein, Albert Einstein. Me parece que fue él quien dijo: “La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona… y nadie sabe por qué.”

No, tienes razón, ni siquiera alcanzaríamos a sonreír. El sentido del humor siempre ha sido un patrimonio no expropiable. ¿No es una pena?

Sí, a no dudarlo: son tiempos de crisis.

Oye, ¿y no vas a tomar fotos? Digo, para arreglarnos un poco y ponernos algo más decente. Nah, ese modelito ya lo usamos en “Hola”… ah, pero qué te contamos, se ve claro que tú no has pasado del “libro vaquero”.

Ah, no podemos esperar a contarle a nuestr@s amig@s que nos vino a entrevistar uno tan… tan… tan… otro. Les va a encantar. Y, bueno, a nosotr@s nos va a dar un aire tan cosmopolita…

No, claro que no te tememos. En cuanto a esa profecía… bah, se trata sólo de supersticiones, tan… tan… tan autóctonas… Sí, tan de región 4… jajajaja… qué buen chiste, deja lo apuntamos para cuando veamos a l@s chic@s…

¿Qué?… ¿no es una profecía?…

Oh, es una promesa…

(…) (sonido de titutata-tatatatá, del esmartfon)

Bueno, ¿policía? Sí, para reportar que vino alguien a vernos. Sí, pensamos que era un periodista o algo así. Se veía tan… tan… tan otro, sí. No, no nos hizo nada. No, tampoco se llevó nada. Es que, ahora que salíamos al club para ver a nuestr@s amig@s, estamos viendo que han pintado algo en el portón de entrada al jardín. No, los guardias no se dieron cuenta de quién. ¡Claro que no!, los fantasmas no existen. Bueno, está pintado así con muchos colores… No, no vimos ningún bote de pintura cerca… Bueno, le decíamos que está pintado con muchos colores, así, muy colorido, muy naco, muy otro, nada qué ver con las galerías donde… ¿qué? No, no queremos que mande ninguna patrulla. Sí, ya sabemos. Pero hablamos para ver si pueden investigar qué quiere decir lo que está pintado. No sabemos si es una clave, o una lengua de ésas raras que hablan los proles. Sí, es una sola palabra, pero no sabemos por qué nos produce escalofríos. Dice:

¡MARICHIWEU!”

(continuará…)

Desde cualquier rincón, en cualquiera de los mundos.

SupMarcos.
Planeta Tierra.
Enero del 2013.



Escucha y ve los videos que acompañan este texto:


a.- Pachuco


“Pachuco“, con La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio. Video ora sí que como quien dice una perspectiva “desde abajo”, en medio del slam, pues. Moraleja; no grabes mientras estés en el brincolín. ¿Y qué pex, Maldita?, no sean ídem y hagan acuerdo, o qué, ¿van a dejar a la raza a la merced de yustinbibereadas y demás? Sale pues, un abrazo desde acá del Solin, porque ustedes sí entendieron que las comunidades son el mero mero Kalimán.


b.- “Más por tu dinero”.


“Más por tu dinero“. Guión y dirección de Yordi Capó. Guadalajara, México, Agosto del 2003.


c.- “De ratones y gatos”.


Dibujos animados en base a unas palabras de Thomas C. Douglas (1904-1986).



Fuente:






Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía - Nación Omaguaca
Director de ‘Viltipoco10000’, el ‘Gapo’, la ‘Obnu’ y ‘ArgosIs-Internacional’
…"Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú"…
Tel.: (54) 388 4 800 934

Breve editorial a la edición en la red ciclo 2013...




Breve editorial a la edición en la Red ciclo 2013...

BREVE EDITORIAL… VILTIPOCO10000: FEBRERO 07 DE 2013…

xWaldo Darío Gutiérrez Burgos
Director de ‘Viltipoco10000’

Luego de un tiempo fuera de la red, regreso con más fuerzas para compartir a través de este pequeño medio, informaciones de acciones e inacciones de sucedan en la geografía de donde provengo, de donde soy nativo, acciones e investigaciones que lleve a cabo como ciudadano Omaguaca sobre la obligación del Estado municipal de Humahuaca, de la Provincia de Jujuy y de la República Argentina para con su pueblo en este ciclo occidental económico-político 2013, en este año donde ‘el mal gobierno’ celebrara con bombos y platillos la inscripción de la Quebrada de Humahuaca en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, postulacion y Nominación que REPUDIÉ en aquel momento con los pocos medios que poseía y que de alguna manera me hice oír, en este ciclo y aprovechando la tecnología debo de la misma manera hacer escuchar mi posición respecto a esta nueva forma de colonización…

A través de este medio daré a conocer más adelante actividades que iré realizando de manera individual o en compañía de ‘compañeras, compañeros y compañeroas’ indígenas de la Nación Omaguaca y de otras latitudes, de otras organizaciones como el ‘Centro Omaguaca de Estudios Regionales “Cacique Viltipoco’ y la ‘Organización Bolivariana de Naciones Unidas’ y compartiendo información que se difunde a través de diversos medios, como por ejemplo a través de ‘ArgosIs-Internacional’ en el cual soy miembro fundador así mismo difundir la voz que proviene de ‘La Sexta-EZLN’ a quienes me adherí pública y recientemente y de quienes debo ser un alumno más, para aprender y aprehender otra forma de luchar y de analizar el tiempo-espacio donde me muevo…

Un saludo cordial y un exitoso año 2013 para todos…

Gracias por leerme…




Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía - Nación Omaguaca
Director de ‘Viltipoco10000’, el ‘Gapo’, la ‘Obnu’ y ‘ArgosIs-Internacional’
…"El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos"…
Tel.: (54) 388 4 800 934