MI: El asesinato de Berta Cáceres, el Derecho a la Consulta, y los Bancos FMO, BCIE y FinnFund
xOFRANEH
Rebelión
El asesinato de la dirigente Lenca Berta Cáceres, acontecido el pasado tres de marzo en su casa de habitación en La Esperanza, Intibuca, saca a relucir los enormes peligros que corren las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas en los países que vienen siendo recolonizados por el neoliberalismo.
La incansable lucha para proteger el río Gualcarque, entre otros, que libró Berta, sirvió para que muchos hondureños sumidos en la desinformación se enteraran como después del golpe de estado el 2009, la élite político empresarial del país a instancias de organismos internacionales se dividieron las cuencas hidrográficas en Honduras con el supuesto propósito de producir energía limpia.
La farsa de la energía “limpia” producida a través de la muerte de los ríos, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para las minúsculas elites de poder en Centroamérica, que han recibidos las concesiones otorgadas por los estados-nación, sobrepasando buena parte de los proyectos, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Una de las batallas que Berta Cáceres libró, fue precisamente la defensa del territorio del pueblo Lenca, a través de la implementación y respeto a la Consulta Previa, la que ha sido pisoteada en Honduras desde el momento que fue ratificado el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995. Todas las administraciones gubernamentales en Honduras han violado el Derecho a la Consulta, anteponiendo un supuesto “desarrollo” a los derechos territoriales que poseemos los pueblos indígenas sobre nuestros territorios ancestrales. Berta fue una beligerante defensora tanto de los territorios indígenas así como del CPLI y su implementación.
Durante décadas existió una aparente docilidad de los pueblos indígenas y su historia fue escrita con tinta invisible hasta que las organizaciones indígenas de Honduras a mediados de la década de los años 90 demandaron sus derechos territoriales y el respeto al CPLI. Para inicios de este milenio es cuando los organismos internacionales se alían con el Estado con el propósito de diluir los reclamos a través de la onegenización de las federaciones las que domesticaron a punta de proyectos.
En la ultima década se han venido aprobando e impulsando políticas neoliberales que condenan a la desaparición de nuestros pueblos en Honduras, las cuales incluyen entre otras: cientos de represas hidroeléctricas, proyectos extractivos, expansión de la frontera de los agrocombustibles y finalmente las Zonas de Empleo y Desarrollo Económicos, conocidas como ciudades modelo.
Berta fue una de las voces más elocuentes y persistentes en pos de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y los desposeídos en general de un país sumido en la corrupción y la violencia. Su actitud en una Honduras caracterizada por la mansedumbres, fue suficiente para que la derecha cavernícola la condenara a muerte.
DESA, la represa en el río Gualcarque y su financiamiento
Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) empresa propietaria del proyecto se inicio en el año 2011, se encuentra conformada por Las Jacarandas, propiedad del Sr. José eduardo Atala y la compañía Potencia y Energía de Mesoamerica (PEMSA) representada por Gerardo Carrasco Escobar; aunque no existe información pública sobre la identidad de los propietarios de Las jacarandas y PEMSA.
En un inicio existió un reporte del financiamiento de DESA por parte del Banco FICOHSA, el que recibió fondos del Banco Mundial (BM). Sin embargo el BM negó haber invertido en la represa de Agua ZARCA.
La oposición de las comunidades vecinas al proyecto generó de inmediato militarización de la zona. Cabe señalar que el presidente de la Junta Directiva de DESA es el Sr. David Castillo Mejía, el que se desempeñó como Ministro de Gobernación durante la administración del nacionalista Ricardo Maduro. El secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes es un oficial de la “inteligencia” militar hondureña.
El proyecto hidroeléctrico ha contado con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), el Banco Holandes para el Desarrollo (FMO) y el Fondo Filándes para la Cooperación Industrial (FINNFUND), instituciones que hasta la fecha persisten en desconocer el CPLI. En el caso del BCIE y el FMO, estas instituciones están involucradas en el financiamiento de la controvertida represa de Barro Blanco en Panamá, la que viene siendo rechazada por los pueblos Ngöbe–Buglé, ante la ausencia de un proceso de consulta además de la destrucción de centros ceremoniales, como lo son los petroglifos en el río Tabasara.
Tanto el BCIE, el FMO y la institución alemana KFW, enviaron a un carta a la vicepresidenta de Panamá, la Sra Isabel de Saint Malo, en relación a la suspensión de la construcción de la represa de Barro Blanco que se dio el 9 de febrero de 2015, como resultado de las presiones realizadas por los indígenas panameños. Los Bancos no ocultaron su molestia al respecto, ademas las agencias multilaterales de desarrollo advirtieron que la decisión de suspender Barro Blanco pesará en contra de futuros préstamos.
El chantaje del FMO, KFWy el BCIE, demuestra una particular carencia de respeto hacia los derechos humanos de los pueblos indígenas. Peor aún es la nota de “condena” del asesinato de Berta Cáceres emitido por el FINNFUND, donde al final de cuentas dan a entender que el proyecto continuará. El FMO concedió al Banco FICOSHA un empréstito de us$ 60 millones, para invertir en proyectos de supuesta energía limpia. El Banco FICOHSA es investigado en Panamá por lavado de activos, y se le señala en Honduras de estar involucrado en el blanqueo de fondos provenientes del cuantioso robo perpetrado por el actual partido en el poder al Instituto Hondureño de Seguro Social.
La actitud asumida por las instituciones bancarias nos conlleva a manifestar el repudio de nuestro pueblo y la OFRANEH a la falta de ética y el desconocimiento a los compromisos Pro Homine incorporados en las declaraciones y tratados internacionales para evitar perpetuar el colonialismo que padecemos los pueblos indígenas. Para los bancos el CPLI no es más que una figura jurídica decorativa, mientras ellos no tan subrepticiamente financian la división y represión de nuestros pueblos.
Exigimos a la Unión Europea que de una vez por todas se respete el Derecho a la Consulta y cesen de financiar proyectos con una visión obsoleta como son las represas hidroeléctricas, especialmente en zonas en donde el cambio climático las rendirá inútiles.
El asesinato de Berta Cáceres no se hubiera dado si los financista hubieran tomado en cuenta las condiciones sociales y políticas por las que atraviesa Honduras. Al final de cuentas las instituciones financieras europeas y el BCIE con el financiamiento de Aguza Zarca, premiaron al clan Atala, involucrados directamente en el golpe de estado del año 2009.
Fuente: http://clajadep.lahaine.org/
