xRedacción
TribunaFeminista
07/03/2020
El 8M de 1857, centenares de
trabajadoras marcharon por las calles de Nueva York. Años más tarde, la ciudad
fue de nuevo testigo de las huelgas de las mujeres de las fábricas, saldadas
con la represión y el fuego. El mes de marzo está marcado en el calendario por
nuestra sangre y nuestra lucha centenaria. 163 años después, nos convocamos una
vez más reclamando justicia.
Hoy, 8 de marzo de 2020, Día de las
Mujeres, el Movimiento Feminista de Madrid MANIFIESTA:
Exigimos el fin de la violencia
contra nuestro sexo, porque no hay paz para las mujeres. No la hay con
un comienzo de año negro, con 19 mujeres y una niña asesinadas en este país por
el terrorismo machista. Si oficialmente se cuentan 1.046 asesinadas por
violencia de género desde 2003, se esconde gran parte de la verdad: los
feminicidios son casi el doble. Las cifras de víctimas repuntan desde 2017.
Toda la dimensión del terror de estos crímenes ha de ser tenida en cuenta.
Millones de mujeres en el mundo
impulsan una ola de indignación contra la violencia, entre la resistencia y la
furia de nuestras hermanas en América Latina. No es solo cuestión de
Estado: es un grito global.
Desde 2013, el terror machista ha
acabado en España con la vida de 35 niños y niñas y ha dejado en horfandad a
otros 286. Demandamos que el reconocimiento a las familias de las
víctimas se equipare al de otros terrorismos. No hay paz para nosotras
cuando a la vez que honramos a las víctimas, se instala el negacionismo
reaccionario: la extrema derecha ha declarado la guerra a las mujeres.
Esta es una lucha que apela a la
conciencia de toda la sociedad. Exigimos acompañamiento y protección a
las mujeres, formación de los agentes implicados, creación de juzgados
especializados y unidades de valoración forense integral. La dispensa de la
obligación de declarar contra su agresor es contraria a la lucha contra la violencia
de género y deviene, en muchos casos, en impunidad. Más allá de los minutos de
silencio, ¡basta ya de justicia patriarcal!
No haber sido capaz de proteger a las
más de 200 mujeres que hoy estarían vivas tras dar la voz de alarma ante la
justicia, es el mayor fracaso de nuestra democracia.
Una gran mayoría de las asesinadas no
llegó a denunciar nunca: no es fácil dar ese paso. Es también una alerta de la
desconfianza de las mujeres en un sistema que cuestiona su credibilidad. Si
queremos salvar vidas, es urgente impulsar ya el título habilitante sin
denuncia previa. Deben ponerse en marcha las medidas acordadas, porque es
posible ayudar a muchas desde el cribado sanitario y los ayuntamientos.
Exigimos transparencia para conocer el destino de los fondos de un Pacto
de Estado contra la Violencia de Género que lleva ya dos años firmado.
La custodia compartida impuesta, la
nueva coordinación de parentalidad o el falso síndrome de alienación parental
son estrategias de coacción y castigo a las mujeres que promueven sectores
reaccionarios. El feminismo no va a consentir la expansión de sus mentiras.
Todas las violencias machistas son
expresiones de una misma ideología de odio. El aumento de las denuncias por
violación en un 49 % en el último trienio obliga a dar respuestas. En las 177
agresiones sexuales múltiples registradas desde 2016, se han identificado, al
menos, 141 menores entre los agresores. Casi un 40 % de las víctimas era menor
de edad. Hasta la Fiscalía General de Estado califica como “muy inquietante” el
incremento de la violencia sexual entre los jóvenes. Sin el impulso feminista,
no se habrían llevado al legislativo las reformas en marcha sobre libertades
sexuales. Demandamos que la nueva ley elimine el requisito de la denuncia
previa cuando hay evidencias de violencia sexual. Reclamamos los argumentos de
la propuesta que rebaja las penas por agresión sexual. Hay que acabar
con la cultura de la violación y con las manadas.
La prostitución debe ser reconocida
como violencia machista. Es en sí misma un atentado contra la libertad
y la integridad personal, toda vez que implica el sometimiento sexual de quien
necesita dinero. La prostitución reafirma y perpetúa la desigualdad entre los
sexos, pues tiene su raíz en el núcleo duro del patriarcado: la subordinación
de la mujer al varón. Porque lo contrario de la abolición es la
barbarie, el feminismo es abolicionista.
La industria sexual es hoy una
multinacional del crimen. La captación se alimenta de la violencia, la
marginación, el abuso infantil o la necesidad, mientras la demanda sigue
esquivando el foco: las redes proxenetas mueven cohortes de mujeres y niñas
desde países más pobres, para satisfacer a los varones de países más ricos. En
la última década se registraron 51 asesinatos de mujeres en prostitución. La
verdadera revuelta puteril la traen las voces de las supervivientes, que hablan
de “campos de concentración”. Las especialistas alertan de secuelas muy graves.
La vulnerabilidad de las jóvenes encuentra uno de sus exponentes en las menores
tuteladas por el Estado, para las que exigimos el máximo nivel de protección.
El modelo nórdico reduce los daños,
mientras la regularización en Alemania es un tremendo fracaso. Nuestro
país, tercer destino mundial de turismo sexual, necesita una ley
abolicionista de la prostitución. Una ley que no penalice a las
mujeres, sino que les brinde alternativas económicas, formativas, de empleo,
habitacionales o de cualquier índole. Que persiga al proxeneta y al tratante.
Una ley que sancione la demanda de pago por violar, elevando hasta la línea de
los derechos humanos lo que esta sociedad considera aceptable.
Denunciamos el cabildeo que ha
llegado hasta la Universidad para hacer propaganda de la prostitución como
una salida laboral para las estudiantes. Cuando un Estado legaliza la
prostitución, se hace cómplice por sus tributos. Debemos dar nuestro
ejemplo para avanzar hacia la abolición internacional.
Si la prostitución es violencia
machista, el porno es su pedagogía. El capitalismo salvaje ha
dejado el acceso libre de los más jóvenes a una pornografía que escala por la
extrema violencia sexual. En sus grandes plataformas en internet se suben
millones de videos por año: uno de los términos más buscados es “adolescente”.
Es hora de cerrar sitios web y responsabilizar
a sus ejecutivos, de dejar de mirar para otro lado ante la pedofilia. Se
necesita una apuesta por la coeducación, con una educación sexual para
la igualdad, que no sea solo un complemento en el currículo escolar.
La verdadera “teoría del porno” es la misoginia.
La explotación sexual y la
reproductiva comparten una profunda deshumanización. El alquiler
de mujeres embarazadas para la compra venta de seres humanos es un atentado a
la igualdad y a los derechos de filiación de madres e hijos. Nuestro
ordenamiento debe tipificar explícitamente como delito esta práctica y
considerar ilícita cualquier promoción de ella. Nuestras garantías deben
incluir los “vientres de importación”, que sortean la ley, y derogar la
Instrucción de 2010, sobre el régimen registral de la filiación, que
nos instala en la ambigüedad legal.
Es inadmisible que desde los
medios de comunicación se dé un tratamiento sesgado que normaliza la
cosificación del alquiler de mujeres y la compra de bebés. Desde los medios se
difunden también la hipersexualización de las niñas y la mercantilización
sexual; en casos extremos, se rentabiliza el morbo amarillista sobre las
víctimas. Si los medios de comunicación son una pieza clave para combatir el
machismo, igualmente lo son para perpetuarlo. Su responsabilidad es ser
garantes del derecho a la información, desde el principio de igualdad.
Las feministas venimos de lejos, y
han sido muchas las luchas por el derecho al aborto. Exigimos un
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin el acoso de la
ultraderecha religiosa, revertir la contrarreforma que afecta a las
jóvenes de 16 y 17 años más vulnerables, anticonceptivos de última generación
gratuitos, y la garantía de las prestaciones en la sanidad pública.
En verdad somos disidentes: lo somos
contra los límites de una feminidad impuesta. Si no hay cerebros rosas ni
azules, no hay juegos de niños o cosas de niñas. Nosotras somos
abolicionistas del género. Es un pilar del feminismo acabar con esta
construcción política que nos subordina como clase sexual. Millones de niñas en
el mundo saben que ser mujer no es un sentimiento cuando mutilan sus genitales
o se les impone sumisión bajo el velo patriarcal. No podemos diluirnos como
sujeto político del feminismo ni permitir la implantación normativa de una
neolengua que nos hace invisibles, que redacta “progenitor gestante” por
“madre” en textos legales. El sexo es una realidad políticamente
significativa y si no frenamos este borrado, la igualdad quedará
entrampada en la diversidad.
Nosotras no estamos en conflicto con
la libre expresión de la personalidad. Tampoco con la protección legítima de
cualquier colectivo. Afirmamos que promulgar leyes de autoidentidad
sexual, fusionada con el género, no sujeta a nada verificable salvo la
voluntad de cada momento, es problemático para las mujeres. Tratar de
imponernos silencio por ello es antidemocrático.
Legislar sin prever todas las
derivadas podría dificultar las políticas para la paridad o contra la violencia
sexual, desvirtuar espacios en los que la seguridad y la privacidad son
importantes, especialmente para las más vulnerables. Perjudicaría, asimismo, la
posibilidad de competiciones deportivas justas para mujeres y niñas.
Alcanzar la independencia económica que permita a
todas una vida digna es imprescindible. La realidad sigue siendo que las
mujeres estamos discriminadas en el ámbito laboral. La brecha salarial está en
el 21,9% en el cómputo estatal, en la Comunidad de Madrid llega al 25,9%.
Las mujeres ganan al año casi 6.000
euros menos que los hombres. Tenemos la mayor parte de los
contratos a tiempo parcial y una tasa de paro al menos tres puntos más alta que
los varones. Somos el máximo exponente de la precariedad en nuestro
país, porque el patriarcado y el capitalismo se aseguran de
mantenernos con las peores condiciones laborales y con la carga casi en
exclusiva de los cuidados y las tareas del hogar. Exigimos una ley de igualdad
salarial, como herramienta para la negociación colectiva, mecanismos para que
el empresariado cumpla la legislación vigente en esta materia, y que las
administraciones autonómicas y locales implementen medidas de igualdad laboral.
Necesitamos políticas
eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública, cuando los
cuidados no pagados en España supondrían un 15 % del Producto Interior Bruto.
Por si fuera poco, al concluir nuestra vida laboral, la brecha en las pensiones
es incluso más profunda, de media un 35 % inferiores a las de los hombres. El
reconocimiento como gananciales de las cotizaciones a la Seguridad Social
reduciría la injusticia de la carga adicional de trabajo que realizan las
mujeres para sus familias.
El espejo de la pobreza en este país
devuelve el rostro de una mujer. La mitad de las familias
monomarentales se sitúa en ella, debido a la falta de legislación y
protección por parte de los gobiernos. Si existe un colectivo precario en el
empleo es el de las empleadas domésticas, para las que el Estado debe
ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En
su visita a España, el relator especial de Naciones Unidas las ha escuchado a
ellas, a las mujeres gitanas en el umbral de la marginación o
a las temporeras del campo, y ha dado un serio aviso sobre un
sistema de protección roto.
El reconocimiento del talento de las
mujeres también es hacer justicia. Vindicamos el valor de nuestra
aportación al acervo común en la creación y el conocimiento. Es una gran misión
de rescate colocar a las viejas maestras en las páginas de historia, abrir los
cánones de la academia y verlas como referentes. Es preciso hacer
cumplir la ley de igualdad, con la presencia equitativa de ambos sexos
en los mandos públicos y privados.
Cada 8 de marzo y cada día del
año, la vindicación de las mujeres se oirá en esta ciudad y en
todo el mundo. El abolicionismo no es solo el camino por la consecución de una
ley, al igual que el sufragismo no fue solo la lucha por la conquista del voto.
Aquel fue un genuino movimiento de liberación encabezado por una vanguardia no
siempre comprendida, y eso mismo ocurre, más de cien años después, con el
movimiento abolicionista, que se rearma cada día.
Nosotras hoy debemos ser dignas
herederas de esas voces, porque nosotras, las abolicionistas, somos las nuevas
sufragistas.
Por eso nos hemos convocado
aquí, junto al recuerdo de la republicana Clara Campoamor. Ella
era una de aquellas sufragistas y abolicionistas. El diario de sesiones del
Congreso guarda cómo la misma diputada que había ganado el voto para las
mujeres, hablaba de la quiebra ética para el Estado y de la crueldad de no
proteger a aquellas jóvenes cuyos cuerpos eran tratados como una mercancía.
Nosotras no olvidamos. El eco de esas
feministas republicanas está aquí porque aún somos la resistencia y
alzamos nuestra voz para que viva la lucha de las mujeres.
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