El voto contra la protección de los
derechos de las comunidades indígenas ante Naciones Unidas va en línea con una
política que se aplica desde hace meses a nivel interno, afirman instituciones
que defienden los derechos de estas colectividades. El presupuesto del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para 2025 refleja esta situación, ya
que crecerá cuatro puntos por debajo del 18,3% de inflación previsto por el
Gobierno para ese año. Como parte del ajuste, también se dispuso el traspaso de
funciones a las provincias.
Agustina Bordigoni
23-11-2024 23:30
Perfil
Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que pretendía garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia, la preservación de las culturas y el medio ambiente. La postura del país en el exterior va en consonancia con la política local y se refleja en el proyecto de Presupuesto para 2025. Si se aprueba, el monto asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) crecerá un 14% para ese año, cuatro puntos porcentuales por debajo de los cálculos más optimistas sobre inflación. El recorte presupuestario de 2024 derivó en la eliminación de las funciones del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), que se encarga de tramitar las personerías jurídicas. Ahora esa responsabilidad caería en las provincias, aunque no hay plazo ni especificaciones sobre cómo sería ese traspaso.
El INAI, según explica el mismo proyecto que trata actualmente el Congreso, es un organismo descentralizado que tiene la función de implementar políticas “que hagan efectivos los derechos de la población indígena y sus comunidades, tales como la problemática del acceso a la tierra, la promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad en sus distintas dimensiones, la prevención y abordaje de conflictos que involucran a comunidades indígenas, y el desarrollo de acciones para el acceso a derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales”. Algunas de esas cuestiones estaban presentes en el documento que Argentina rechazó en la votación ante la ONU, que además mencionaba que los pueblos originarios debían participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que pudieran afectar sus derechos o tuvieran un impacto en sus territorios y recursos naturales.
Es precisamente en este sentido que distintas organizaciones entienden que esta decisión va en línea con el recorte presupuestario, que pasará de los $ 4.696 millones en 2024 a los $ 5.374 millones en 2025, muy por debajo de cualquier estimación acerca del comportamiento de los precios para el año entrante.
Entre otras medidas, el Instituto planea delegar la función del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) a las provincias. Ese registro era hasta ahora el encargado de otorgar personería jurídica a las colectividades, lo que en la práctica les garantiza el acceso a los derechos. Pero el Gobierno decidió, a través del INAI, que se suspendan los trámites en curso y que no se inicien nuevos hasta tanto no se constituyan registros provinciales dedicados a ese fin.
“La resolución del INAI habla de instar a las provincias a conformar espacios de diálogo para ver cómo se llevarían adelante los registros locales. No hay especificación sobre qué procedimiento se va a aplicar, cuál va a ser el plazo, o cuál es la metodología de trabajo”, explicó a PERFIL Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena de identidad quechua-kolla de la Asociación Xumek.
La personería jurídica no debería ser condición para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, pero en la práctica lo es. “Esto se ha tergiversado y, entonces, si la comunidad indígena no tiene personería jurídica no se le reconocen ciertos derechos”, agregó. “La derogación del Renaci no es algo menor para las comunidades. Hay mucha judicialización, en particular en relación a sus derechos territoriales. Pero también, lastimosamente, hay muchas causas penales”, detalló Alancay. La falta de personería jurídica las deja no solamente desprotegidas frente a estas causas sino también con menos fuerza a la hora de ser reconocidas como interlocutoras válidas en las negociaciones sobre emprendimientos que podrían poner en peligro sus territorios.
“El ajuste presupuestario es la excusa. Detrás hay un Estado que acaba de festejar el día de la raza”, opinó. “Está ese otro lado que no se puede desprender respecto a lo que incomoda, molesta: no son los pueblos indígenas en general, sino algunas comunidades en particular por el lugar en donde se encuentran”, explicó.
“Los dos grandes problemas que tienen las comunidades son, por un lado, los conflictos territoriales y, por otro, la temática de la representación social en el conjunto en la sociedad. Pero el conflicto más urgente es el territorial”, detalló a este medio el abogado Adán Costa, docente universitario y presidente de la Comisión de Derecho Indígena Latinoamaricano e Interjuridicidad del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.
Costa acompaña legalmente a comunidades en procesos de desalojo. “En los últimos meses se dieron algunos casos de resonancia como el del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, o el de los juicios penales que se dieron en la comunidad Winkul Mapu, en San Carlos de Bariloche, en donde, además del desalojo también hay –y esto es un tema muy peligroso–, acciones de tipo penal, procesos penales en contra de quienes intentan resistir en sus propias comunidades”.
Diferentes asociaciones advirtieron en un comunicado que la ley 26.160, que protege a las comunidades de estas situaciones, no sería prorrogada en 2025. Se trata de una normativa de emergencia cuyo plazo se extendió en cuatro oportunidades.
“Si bien tenía sus deficiencias, la ley declaraba la emergencia territorial de todas las comunidades indígenas del Estado argentino”, afirmó en este sentido Paula Alvarado Mamani, perteneciente al pueblo kolla y abogada. “Prohíbe los desalojos a estas comunidades y obliga al INAI a llevar adelante un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios indígenas”.
Mamani destacó que la eliminación del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también implicaron un recorte hacia las comunidades: “en esas instituciones había un tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas teníamos un lugar al cual recurrir”, sintetizó.
“Antes de asumir, la vicepresidenta Victoria Villarruel decía que la ley 26.160 debía derogarse porque atenta contra el derecho de la propiedad privada en favor de ‘falsos indios’ o ‘pseudo mapuches terroristas’”, señaló por su parte Angélica Mendoza, del equipo de pueblos originarios de la asociación Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Lo cierto, afirmó, es que “sin la ley, los intereses de empresas extractivas o inmobiliarias podrían desalojar a las comunidades de los territorios a su antojo”.
“Desde que asumió este gobierno comenzó con su tarea de desfinanciar el INAI. Eliminaron áreas importantes del organismo y reconocieron que no se completarán los relevamientos de comunidades indígenas del país. Sólo quedarían los que ya se hicieron”, sintetizó.
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