El silencio estatal como herramienta de invisibilización

Desde diferentes lugares del país, las comunidades indígenas se movilizan para frenar desalojos, los que se van multiplicando luego de la derogación de la ley de emergencia territorial 26.160. Desde Neuquén (comunidades mapuche del Lof Xinkikew y Lof Melo, en Villa La Angostura), Tucumán (familia Mamani de Trancas en Tafí del Valle), en San Juan (comunidad Huarpe Salvador Talquenca, en Encón), sólo por mencionar algunos ejemplos y sólo algunas provincias en donde se desarrollan los conflictos, la demanda es respetar los derechos indígenas, detener nuevos despojos territoriales, y encauzar los conflictos de acuerdo a la normativa nacional e internacional.

xSilvina Ramírez

Info Territorial

📷 Roxana Sposaro

Por otra parte, más allá de la vía judicial, las comunidades intentan revertir nuevas leyes que se promulgan en el ámbito provincial y nacional (valga mencionar una trilogía inconsulta en la provincia de Chubut, que regula el derecho a la consulta, el registro de personería jurídica, y la integración de la comisión de tierras), solicitando la declaración de inconstitucionalidad, denunciando la falta de consulta, sin que hasta el momento exista mayor repercusión, o los poderes políticos se hayan expresado sobre estos pedidos, que conllevan ni más ni menos que el reclamo por la vulneración de los derechos indígenas.

Argentina: La suma de todos los miedos

Argentina: La suma de todos los miedos

 

Por José Natanson

Le Monde Diplomatique

04/12/2023

 

¿De qué se alimenta el miedo?

 

Como sabía Pennywase, el payaso de It que era capaz de adoptar la forma del terror de cada niño para arremeter contra él en las alcantarillas de Derry, el miedo está hecho de retazos de memoria, imágenes fragmentadas del pasado, traumas reprimidos que asoman. Por eso cuando pensamos en los riesgos de la democracia nuestra imaginación vuela hacia las escenas clásicas de los golpes de Estado del siglo XX, con los tanques entrando a la Casa de Gobierno o los aviones bombardeando el Palacio de La Moneda. Pero hoy el peligro democrático no pasa por un arrebato militar: es un proceso más largo y viscoso, menos claro. Esto no quiere decir que Argentina no cruja ante la inminencia de un gobierno de Javier Milei, sino que hay que sacudirse los miedos ancestrales para entender mejor el peligro real de lo que viene.

 

Y lo que viene es un retroceso. El pacto democrático imperante desde 1983 implicó la aceptación del juego electoral por parte de todos los actores políticos, incluyendo a aquellos que, como las derechas autoritarias y las izquierdas insurgentes, en el pasado lo habían impugnado. Pero también supuso otras cosas, como la exclusión definitiva de la violencia política, la aceptación de la pluralidad y la autocontención de la represión estatal. Este contrato social, que algunos llaman el “pacto del Nunca Más”, fue un proceso de construcción colectiva trabajoso y en absoluto lineal, que a lo largo de cuatro décadas tuvo que superar alzamientos carapintadas, un copamiento guerrillero y la crisis del 2001, pero que pese a todo siguió avanzando.

 

El 55% de los argentinos que eligieron a Milei el domingo pasado no lo hicieron pensando que lo que estaba en juego era la continuidad democrática, que estaban de algún modo plebiscitando la democracia. Votaban mayoritariamente otra cosa. Como sostiene Marina Franco (1), resulta tentador pensar que el ascenso de Milei revelaría que la democracia argentina está pagando el precio de su propio éxito, que su estabilidad la convirtió en un “paisaje abúlico” que ya no aparece ante los jóvenes como un valor a conquistar, porque nunca conocieron otro sistema y no pueden por lo tanto imaginar el horror de perderlo. Pero esta perspectiva, afirma Franco, es falaz: lo que explica que una mayoría social haya votado a un candidato que pone en cuestión estos consensos no es el éxito de la democracia sino su fracaso, su incapacidad para garantizar mejoras concretas en las condiciones materiales de vida o un horizonte de autosuperación para las nuevas generaciones.

 

¿Qué nos espera entonces?

 

En primer lugar, la secuencia conocida de ajuste, movilización popular y represión. Aunque Milei ha desandado algunas de sus propuestas económicas más radicales, el corazón de su programa de gobierno, con o sin dolarización, incluye un fuerte recorte del gasto público, la eliminación de la emisión monetaria y el achicamiento del Estado. En sus propias palabras, “cambios drásticos, sin gradualismos”. Habrá que ver cómo reacciona el Presidente electo cuando se activen las movilizaciones y se convoquen las primeras huelgas. En los momentos más calientes del largo paro de los obreros mineros de 1984, Margaret Thatcher llegó al extremo de ordenar a las autoridades escolares no entregar los uniformes a los hijos de los huelguistas y hasta excluirlos de los comedores de los colegios. Más cerca en espacio y tiempo, Carlos Menem osciló entre, por un lado, la necesidad de compensar su giro ideológico con gestos sobreactuados, como cuando eligió como día para firmar el decreto de limitación del derecho a huelga un 17 de octubre, y, por otro, la negociación de diversas concesiones con los sindicatos más poderosos.

 

¿Cómo responderá Milei a la previsible resistencia que producirán sus políticas? Las dos experiencias más recientes, los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, no resultan del todo pertinentes para ensayar una comparación, porque se trata de países en donde las movilizaciones populares no son un factor determinante del juego político, donde el poder de los sindicatos es relativo y donde las capitales están alejadas de los principales centros urbanos. En contraste con Estados Unidos y Brasil, la sociedad argentina es una sociedad movilizada, con una larga memoria igualitarista y un sesgo jacobino cercano al francés. Bajo estas condiciones, con sindicatos y organizaciones sociales acostumbrados a una gimnasia de protesta permanente y con fuerzas de seguridad subcalificadas y proclives al gatillo fácil, cualquier intento de contener la movilización puede generar un saldo trágico. Contra lo que a veces se piensa, ningún gobierno democrático busca de manera deliberada heridos o muertos. No es que Eduardo Duhalde buscó el asesinato de Kosteki y Santillán; simplemente no lo previó ni pudo evitarlo.

 

En contraste con Estados Unidos y Brasil, la sociedad argentina es una sociedad movilizada, con una larga memoria igualitarista y un sesgo jacobino cercano al francés.

 

Otro punto importante es la dimensión liberal de la construcción democrática. Desde 1983, sucesivos gobiernos vienen impulsando una serie de leyes tendientes a permitir que cada persona viva su vida, disfrute de su intimidad y experimente su sexualidad de la manera que más le guste, proceso que se completó con una serie de normas y decisiones administrativas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y las minorías. Así, Raúl Alfonsín impulsó la ley de divorcio, la patria postestad compartida y la equiparación de derechos de los hijos extramatrimoniales; Carlos Menem apoyó la ley de cupo femenino; el kirchnerismo sancionó la ley de matrimonio igualitario, la ley de vientre subrogante y la ley de identidad de género, y Mauricio Macri habilitó por primera vez la discusión parlamentaria sobre el aborto, que finalmente se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández, que además creó el Ministerio de la Mujer.

 

Resultado de una combinación de luchas colectivas y decisiones ejecutivas (incluso oportunistas), estas políticas, algunas de ellas muy avanzadas para el contexto regional, fueron conformando un entramado legal y administrativo de espíritu liberal que contribuyó a consolidar el pluralismo, la tolerancia y el derecho a la identidad.

 

En la campaña, Milei dijo que la educación sexual integral (ESI) busca “destruir a la familia” y que es una política “ligada al ecologismo”, Alberto Benegas Lynch anunció que intentará derogar la interrupción voluntaria del embarazo, Lilia Lemoine propuso la renuncia voluntaria a la paternidad y Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con tener piojos. Aun si la correlación de fuerzas legislativas y la resistencia social impiden llegar a estos extremos, el retroceso parece inevitable. Como sabe cualquier persona que haya ejercido algún cargo de responsabilidad estatal, construir una política pública es muy complejo: exige voluntad, pericia técnica, construcción de equipos, neutralización de vetos políticos. Desmontarla, en cambio, es fácil, a veces ni siquiera hay que anunciarlo: alcanza con abandonar una política pública para que ésta languidezca hasta desaparecer. Por poner un ejemplo, ¿qué pasará de ahora en más con la ESI, una línea de trabajo que lleva años, involucra diversas jurisdicciones y áreas de gobierno y que ha demostrado su éxito para evitar embarazos no deseados, prevenir el HIV y detectar casos de abuso?

 

El último punto a considerar es la cuestión de los derechos humanos, una dimensión de la construcción democrática que puede parecer extemporánea (hablamos de “los derechos humanos del pasado”) pero sobre la cual los grandes líderes políticos depositaron parte de su capital simbólico. Si Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas, Menem los indultos y la “política de reconciliación” y Kirchner los juicios contra los represores, fue porque intuían que en estos gestos se cifraba su relación con la sociedad, que eran una forma de enviar un mensaje sobre el presente dialogando con el pasado. ¿Qué hará Milei? Los testimonios de quienes lo acompañan desde hace tiempo y los registros periodísticos sugieren que hasta hace un par de años la cuestión no figuraba en el centro de sus preocupaciones, que era un tema que sencillamente no le interesaba, y que fue la incorporación a su dispositivo político de Victoria Villarruel lo que lo llevó a adoptar posiciones como las que exhibió en el debate. Al cierre de esta nota no se conocían todavía los nombres de los ministros de Seguridad y Defensa, posible indicio de la decisión del Presidente de evitar la tercerización de estas áreas en su vice.

 

Concluyamos.

 

Aunque habrá que esperar a la asunción, el programa de gobierno de Milei y los trascendidos de las primeras designaciones confirman que estamos ante el inicio de una etapa política nueva, muy distinta a los gobiernos peronistas pero también a la gestión de centroderecha coalicional de Mauricio Macri. ¿Hasta dónde llegará Milei? ¿Qué forma asumirá su gobierno? Quizás una forma de abordar esta pregunta sea pensar si se limitará a aplicar políticas de ajuste que busquen recuperar la “normalidad macroeconómica” para relanzar la economía, incluyendo privatizaciones, apertura económica y desregulación, es decir una agenda neoliberal clásica, o si además se embarcará en una batalla cultural. ¿Liderará una gestión pragmática al estilo de Giorgia Meloni o empujará una agenda conservadora a lo Vox?

 

La primera alternativa es difícil, pero factible. La larga experiencia de Menem y el resultado de las elecciones de 2019, en las que Juntos por el Cambio quedó a sólo 7 puntos del peronismo, y de las elecciones de 2021, en las que se impuso ampliamente, demuestran que la sociedad argentina no es necesariamente hostil a los programas de ajuste: lo que pide es que la estabilización que prometen se concrete. El pacto social de los 90 –legitimado en la reelección de Menem en 1995– implicó el sacrificio del empleo y la igualdad a cambio de diez años de estabilidad y consumo.
La segunda alternativa es mucho más riesgosa. En una nota reciente (2), Pablo Touzón y Federico Zapata sostienen que Milei deberá neutralizar su frente interno y evitar la tentación de caer en la guerra cultural. “El éxito o el fracaso de su gobierno se cifra en saber elegir las batallas, y la más relevante es la económica (reformar y estabilizar Argentina). Todas las demás, y sobre todo las reformas culturales, son excentricidades que le abrirán un Vietnam de conflictos”, escriben.

 

El planteo es lógico: a Milei lo eligieron básicamente para que arregle la economía y la batalla cultural es, en efecto, extenuante y conflictiva. Sin embargo, permite también constituir un núcleo duro de apoyos, que es lo que hizo Cristina a partir del conflicto del campo y lo que descubrió tardíamente Macri. Desprovisto de un partido político potente, de aliados territoriales y de mayorías legislativas, el nuevo Presidente necesitará sostener su gobierno de algún alfiler si quiere avanzar con su programa de reformas, y la activación de un contingente militante podría ser una tentación. Las minorías radicalizadas agrietan el debate público y ponen en cuestión la convivencia democrática, son perjudiciales y peligrosas, pero también garantizan una base mínima de respaldos en circunstancias difíciles, proveen un activismo 24 horas y hasta ofrecen una fuerza de choque en las calles. Es lo que hicieron Trump y Bolsonaro y es de hecho lo que dijo Macri cuando señaló que esta vez los “orcos” peronistas no van a poder bloquear una eventual reforma previsional tirando piedras porque habrá “miles de jóvenes” dispuestos a enfrentarlos. Si la alternativa de un ajuste neoliberal es mala pero conocida, el segundo escenario hundiría a la democracia argentina en un abismo tan hondo como nuestras peores pesadillas.

 

Notas:

 

1. https:/www.eldiplo.org/notas-web/la-fractura-del-nunca-mas/

 

2. https://panamarevista.com/chicxulub/

 

Fuente: https://www.eldiplo.org/294-que-nos-espera/la-suma-de-todos-los-miedos/

 

 

Derechos humanos y energía: Luchar por el acceso, la asequibilidad y la justicia social energética

 

Derechos humanos y energía: Luchar por el acceso, la asequibilidad y la justicia social energética

Por Cristina Alejandra Paredes Navarro

27-03-2023

Palabras Claves

acceso, energía, electricidad, derechos humanos, Derechos universales, luz, agua, gas, Tarifas asequibles, macrismo

La Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 65/151 en el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, afirmó que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población.

Allí mismo, se menciona la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales.

La Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía (Mar del Plata, 11 de octubre del 2014) declaró rotundamente: "la energía es un derecho humano, no una mercancía". No hay que olvidar que el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, del mismo modo que nuestro art. 42 de la Carta Magna dispone que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos, y controlar los monopolios naturales y legales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, por su lado, establece en su Art. 1º: "Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 1. El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas."

No hace falta decir que la electricidad permite el acceso a otros derechos fundamentales como el agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etc. Gracias a la energía eléctrica es posible conservar alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el ambiente, todo lo cual está relacionado con la salud; gracias a la iluminación, la informática e internet podemos acceder a una educación de más calidad; por la energía eléctrica la labor de la casa se alivia, mejorando la calidad de vida. La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.

En cuanto al GAS, como servicio indispensable, constituye la posibilidad de cocina y calefacción, considerado hoy, un elemento indispensable para el digno vivir, aún más en las zonas más desfavorables por las bajas temperaturas, mención especial a la modificación de la ley ZONAS FRÍAS, con la que fueron rescatados y contenidos miles de hogares en el país. La Ley 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría (RZF) aportó alivio para la economía de 4 millones de usuarios y usuarias del servicio público de gas por redes (12,8 millones de argentinos y argentinas). Más justicia social, equidad y federalismo energético para la Argentina. OETEC https://www.oetec.org/nota.php?id=5456&area=1

La sociedad requiere a nivel humanitario, el acceso a los servicios esenciales e irremplazables como son los ya mencionados, electricidad y gas. La premisa de una vida digna, lejos está de referenciar a cuestiones de mero lujo y comfort, sino antes más bien, se trata de cuestiones vinculadas estrechamente a la salud de las personas.

Considerar que en la actualidad, el derecho a la salud tiene rango constitucional, tal como resulta del art. 42 de la Carta Fundamental, de la "Declaración Universal de Derechos Humanos", de la "Declaración Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de Costa Rica), del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, etc., que tienen la superior jerarquía que les asigna hoy el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, es comprender el rol del acceso a las fuentes básicas energéticas en cualquier parte del mundo, más todavía en nuestro país que de modo lamentable, conoció la pobreza energética a partir del 2015, con las medidas económicas devenidas de las decisiones políticas en favor de los grandes monopolios, perjudiciales para los sectores más vulnerables de la ciudadanía.-

EL MACRISMO ENEMIGO DE LOS DERECHOS POPULARES

No se trata de gratuidad como dijo el ex Presidente Mauricio Macri, "Creen que deben ser gratis"; se trata, de asequibilidad para todos. A ello no se llega estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición privilegiada.

Con una visión puramente economicista, en 2016 el Gobierno prefirió dejar de subsidiar a las empresas prestatarias de servicios públicos, y en cambio aumentar verticalmente sus tarifas, anulando de ese modo la asequibilidad de los servicios para la gran mayoría de la población. Lo hizo, además, tomando un atajo ilegal: sin audiencias públicas.

Existen ya numerosos pronunciamientos cautelares que impiden la ejecución del denominado tarifazo. La Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes, sentencia del 4 de julio de 2006 expresó: "La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible. Los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad".

Cada vez que se fija o se autoriza una tarifa que resulta inaccesible (inasequible) para la mayor parte de la población, se ejerce violencia institucional, se frustra la dignidad del ciudadano, y se vulneran nada menos que los derechos humanos.

Este texto, que proponemos en el ejercicio de la Memoria, como un sostenimiento de la Verdad y para una reparación mediante la Justicia, se hace preciso en este contexto en donde lo social siempre corre peligro frente al neoliberalismo recalcitrante, cabe recordar, entonces, aquel proyecto parlamentario bajo el expediente 0420-D-2019 con fecha 11/03/2019 bajo el sumario denominado DECLARAR COMO DERECHO HUMANO EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, GAS Y ENERGIA ELECTRICA.

Bajo las firmas de los parlamentarios Vallone, Andrés del bloque Unidad Justicialista en representación de la provincia de San Luis, Ramón José Luis, por la banca de Mendoza en el Bloque Protectora, la legisladora Castro Sandra por la provincia de San Juan, bloque FPV-PJ y Ramos Alejandro, legislador de Sta Fe, Bloque Primero Argentina.

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes en su artículo principal, destaca “Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad. - 1. El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas."

Sobra aclarar que la electricidad permite el acceso a otros derechos fundamentales como el agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etc. "Gracias a la energía eléctrica es posible conservar alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el ambiente, todo lo cual está relacionado con la salud; gracias a la iluminación, la informática e internet podemos acceder a una educación de más calidad; por la energía eléctrica la labor de la casa se alivia, mejorando la calidad de vida. La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social.

El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población" explica el docente de la UBA - Universidad de Buenos Aires- Aníbal Filippini en su investigación sobre "Tarifas y Derechos Humanos" no hay otro modelo político que permita esta concepción favorable al Pueblo Argentino que aquel que lleve en sí, la Justicia Social, bandera de lucha inclaudicable para los organismos, entidades y colectivos que ven en el activismo ciudadano el único modo de acompañar al Gobierno actual, con una agenda cuyas prioridades sean la de los millones de argentinos y no sólo la de unos pocos poderosos.

Bibliografia

OETEC (19/12/2019) "Primer paso hacia tarifas justas, razonables, asequibles y promotoras del desarrollo" https://www.oetec.org/nota.php?id=4309&area=5

OETEC (25/01/2023) Las tarifas de electricidad aumentan en función del bolsillo de los usuarios https://www.oetec.org/nota.php?id=6226&area=1

https://www.diariojudicial.com/nota/86544

http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/tarifas-y-derechos-humanos-filippini.pdf

 

Fuente: https://www.oetec.org/nota.php?id=6290&area=5

¿Cómo se escribe la memoria de un barrio?

 

Por Diego Carballido

04/04/2022

En el barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez un grupo de docentes se propuso dar respuesta a esta pregunta. Junto con vecinos y vecinas del lugar llevaron adelante una experiencia que denominaron “Taller de Historia Popular”. Utilizando como disparadores algunas fotografías, escritos, objetos o simplemente los recuerdos, comenzaron a reconstruir la historia de las últimas décadas de un barrio atravesado, como tantos otros, por los principales fenómenos sociales y políticos que acontecieron en nuestro país. 

Preguntarse cómo se escribe la historia de un barrio es preguntarse también quién o quienes deciden escribirla. Cuáles son los hechos que serán recordados y cuáles quedarán decididamente archivados en el arcón de los olvidos, generalmente, es el resultado de la tensión que subyace a la pugna por la memoria colectiva. Pensar en una forma de construcción de la historia “desde abajo” fue lo que convocó a un grupo de docentes del barrio Coronel Aguirre, en Villa Gobernador Gálvez, a realizar lo que denominaron “Taller de Historia Popular”.

Una serie de encuentros entre vecinos y vecinas del barrio reunidos con el ánimo de recuperar experiencias ancladas en la educación popular y la pedagogía de la liberación; como por ejemplo los talleres de la Universidad Popular de Avellaneda, los trabajos con mujeres en las ciudades de La Plata y Berisso y los workshops elaborados por grupos marxistas británicos. “Se recupera la idea de realizar (la historia) junto con y no para” los sectores populares, aseguran desde la organización de este taller dictado por primera vez el pasado 19 de marzo, abierto para toda la comunidad de Coronel Aguirre en el Centro Cultural y de Derechos Humanos “Oscar Medina”.

En este sentido, Mercedes Castro, docente de historia y una de las gestoras de este espacio explica que “la idea fue empezar a armar algo que no sea la historia institucional del barrio”. Castro asegura que, si bien valoran el trabajo realizado por las y los historiadores de la zona, fueron encontrando que casi no existía un registro de la migración interna que tuvo este poblado ubicado en la zona oeste de Villa Gobernador Gálvez. De alguna manera, para Castro, “los barrios están desdibujados” en cuanto a cómo se fue conformando su fisonomía en las últimas décadas.

“Si te cuentan la historia de Coronel Aguirre, aparece efectivamente la iglesia porque es el primer núcleo poblacional”, sostiene la docente al momento de pensar en los lugares de referencia que tiene el barrio, junto con el club del mismo nombre, el cementerio y el Cristo redentor apostado en medio de la avenida donde habitualmente se renuevan las plegarias por la vida de los y las pibas que se lleva la violencia.

A ese relato, que contempla la gestación de estos lugares emblemáticos, los y las integrantes del taller le sumaron la pregunta acerca de cómo se había dado la propagación y el crecimiento poblacional. “Principalmente, la migración desde el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Entre Ríos, que es lo que conforma el grueso de la población de Villa Gobernador Gálvez a partir de los años `60 y ´70”, agrega Castro. Cada una de estas familias trajo consigo costumbres que luego tuvieron su correlato haciendo, por ejemplo, que géneros musicales como el chamamé tuvieran una fuerte impronta en la zona.

Imágenes, archivos y palabras

Con la intención de recuperar las historias de la vida cotidiana, los y las organizadoras trabajaron sobre tres ejes temáticos: fotografías, material de archivo y el recuerdo de los y las participantes del taller. “Empezamos a desarmar la idea de archivo, que no es solamente el oficial, sino que en realidad todos tenemos algo valioso para aportar”, dice Castro y agrega: “Cuando no hay objeto, fuente escrita o visual, está también la memoria”. Así fue, que empezaron a emerger las anécdotas que ponían en evidencia las redes de solidaridad entre vecinos y vecinas, las producciones de los actores sociales invisibilizados y la idea de comunidad que se fue transformando con el paso de los años.

“Empezamos a desarmar la idea de archivo, que no es solamente el oficial, sino que en realidad todos tenemos algo valioso para aportar”

Un volante de la Vecinal Coronel Aguirre promocionaba un baile en la calle en los “álgidos” años ochenta, parte del material de archivo que la familia de Castro aún conservaba y que fue puesto en común para desentramar el protagonismo de este tipo de organizaciones hace solo cuatro décadas atrás. “Salió otra cosa muy interesante, porque en otra de las propagandas de la vecinal buscaban una escuela secundaria para el barrio y entre los asistentes hubo ex alumnos y alumnas de esa misma escuela”, cuenta Castro.

El sentido de pertenencia existente en ese momento hizo que fueran los propios vecinos y vecinas quienes se encargaran de hacer un relevamiento de las familias de la zona para identificar la necesidad de fundar un establecimiento educativo que les permitiera a los y las jóvenes no tener que viajar para continuar con sus estudios. “La vecinal fue la que gestionó la creación de la escuela secundaria con el aval de otras organizaciones, como vecinales de barrios aledaños, escuelas primarias de la zona, el dispensario y demás”.

A lo largo del encuentro charlamos sobre las relaciones de solidaridad de los propios migrantes y la tracción de sus familiares para poder conseguir trabajo en los frigoríficos. Eso sucedió hasta que (los frigoríficos) fueron destruidos por Menem en los ´90

Postales que hablan de un barrio con una nutrida vida social, atravesado por una intensa actividad industrial, principalmente frigorífica y metalmecánica, que sufrió el impacto social y económico de la última dictadura cívico militar, en primer lugar, y que luego fue escenario de las consecuencias negativas de las políticas neoliberales de los años noventa.  “A lo largo del encuentro charlamos sobre las relaciones de solidaridad de los propios migrantes y la tracción de sus familiares para poder conseguir trabajo en los frigoríficos. Eso sucedió hasta que (los frigoríficos) fueron destruidos por Menem en los ´90”, analizó Castro.

Las huellas de la historia colectiva

El cúmulo de testimonios que fueron volcándose a lo largo de las casi tres horas que duró este primer encuentro forma parte de un registro que los y las organizadoras atesoran para empezar a trazar este mapa histórico de lo sucedido en las últimas décadas de la vida de Coronel Aguirre. Para Castro, en la mayoría de las voces se vio reflejado “el inmenso laburo” de las y los trabajadores de la zona para continuar con sus estudios y lograr que sus hijos e hijas también pudieran forjarse un camino diferente a través de la educación. “El disparador de la escuela fue buenísimo porque salieron anécdotas del tipo: sí, me acuerdo que en el medio del barro iba tu papá con el papá de él o mi papá y mi mamá siempre cuentan que hicieron los cimientos de las primeras aulas y demás historias de ese estilo”.

Se recordó la existencia de un “corredor seguro” por donde las vecinas y vecinos tenían la certeza de poder volver a sus propias casas sin sufrir mayores sobresaltos, “registrando, por ejemplo, que no había bombitas, porque el alumbrado público era otro, para cambiarlas ellos mismos y hacer que sus hijos e hijas puedan volver seguros de noche”, cuenta Castro.

Eran años, principalmente durante las décadas de los setenta y ochenta, en que la escuela era un lugar de referencia, no solo como espacio de intercambio de saberes, sino también como uno de los lugares de participación colectiva donde se discutían las distintas problemáticas que atravesaban a la mayoría de las familias del barrio. “Durante la dictadura no había otra forma de participación y mucha gente se acercaba a la cooperadora de la escuela por ser, de alguna manera, una institución que nadie iba a tocar”.

“Después de la dictadura, hubo un florecimiento de organizaciones que solían convivir a pesar de las numerosas discusiones y lograron cuestiones como la pavimentación de algunas calles, la concreción de la escuela secundaria o la mejora del dispensario”, explica la coordinadora del Taller. Toda una forma de organización que sufrió un duro impacto durante la década de los noventa donde, según la docente, se desanudaron estos lazos colectivos y se reafirmaron frases como el «no te metás» o «hacé la tuya» provenientes de la época de dictadura.

Durante la dictadura no había otra forma de participación y mucha gente se acercaba a la cooperadora de la escuela por ser, de alguna manera, una institución que nadie iba a tocar

La memoria de quienes sufrieron las peores consecuencias del terrorismo de Estado también estuvo presente en la persona que da nombre al Centro Cultural donde se llevó a cabo esta experiencia. “Oscar Medina fue un vecino, militante, trabajador comprometido con sus compañeros de clase y un orgullo porque es nuestra imagen de la lucha por los Derechos Humanos”, con esas palabras Castro se refirió al obrero metalúrgico y delegado sindical secuestrado y desaparecido en octubre de 1976.

No quedarse en la queja

Si bien han cambiado los modos de vinculación entre las familias del barrio, porque también se han complejizado las problemáticas que los afectan, Castro asegura que uno de los motivos que motorizó este taller es “no quedarse en la queja de la historia”. Tratar de recuperar experiencias pasadas que sirvan de guía para pensar posibles soluciones a los problemas actuales del barrio, evitando recaer en salidas ya probadas que no arrojaron mayores transformaciones. “Si algo nos proporcionó este encuentro es que no podemos estar lejos de la comunidad. Si queremos hacer una historia no podemos hacerla a contrapelo, tenés que convocar a las familias y la escuela tiene que volver a ser ese lugar abierto donde se generan cosas”, afirma la docente y recordó que el establecimiento Nº 1.204, que funciona en el barrio, junto con la vecinal fueron claves en la gestión de las redes de agua potable y gas para gran parte de las familias de los alumnos y alumnas. “La escuela era la sede de reunión y existía una apropiación” del espacio.

Si algo nos proporcionó este encuentro es que no podemos estar lejos de la comunidad. Si queremos hacer una historia no podemos hacerla a contrapelo, tenés que convocar a las familias y la escuela tiene que volver a ser ese lugar abierto donde se generan cosas

Volver a encontrarse, ese parece ser el desafío luego de casi dos años en que la pandemia debilitó los vasos comunicantes en algunas comunidades barriales. Recuperar la memoria de los espacios, rememorando las conquistas de las generaciones anteriores que puedan proporcionar herramientas para este presente. “Quizás sean otras las formas, no vamos a replicar lo mismo, pero tenemos ahí un sustento para volver a beber algunas experiencias que nos sirven, nos alimentan y nos deberían generar otros lazos posibles”, dice Mercedes Castro.

Para la docente, la dinámica de buscar la vinculación identitaria y los orígenes de un determinado lugar es algo que aplica en su labor diaria. “Intento saber cuántos años tiene la escuela donde trabajo, cómo se relacionó con otras instituciones o si nació de una vecinal. De esa manera, que es lo mío, lo chiquito, lo cotidiano, mucha gente hace lo mismo”. Se trata de emprender una disputa cotidiana contra “el discurso de la meritocracia y la violencia real concreta” que afecta a muchos de los barrios en la actualidad. “No sé cuánto vamos a cambiar, pero algo hay que hacer y la experiencia del taller me demostró que la gente tiene muchas ganas de hablar; eso me pareció fantástico”.

Fuente: https://www.enredando.org.ar/2022/04/04/como-se-escribe-la-memoria-de-un-barrio/

 

Opinión: El secuestro judicial de Julian Assange

Opinión: El secuestro judicial de Julian Assange

xJohn Pilger / Globetrotter

15/12/2021

Julian Assange sacó a la luz la forma en que Washington ha gobernado el mundo, y al hacerlo realizó quizás el mayor servicio público que cualquier periodista haya realizado en los tiempos modernos.

 

“Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros” 

Jean-Paul Sartre

Estas palabras de Sartre deberían resonar en todas nuestras mentes tras la grotesca decisión del Alto Tribunal británico de extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a “una muerte en vida”. Este es su castigo por el crimen de periodismo auténtico, preciso, valiente y vital.

En estas circunstancias, fallo judicial es un término inadecuado. El 10 de diciembre, los cortesanos con peluca del ancien regime británico tardaron sólo nueve minutos en estimar una apelación estadounidense contra la aceptación – en enero, por parte de un juez del Tribunal de Distrito – de una catarata de pruebas de que a Assange le esperaba el infierno en la tierra al otro lado del Atlántico: un infierno en el que, se predijo de forma precisa, encontraría la manera de quitarse la vida.

Fueron ignorados múltiples testimonios de personas prestigiosas, que examinaron y estudiaron a Julian, diagnosticando su autismo y síndrome de Asperger y revelando que ya había estado a punto de suicidarse en la prisión de Belmarsh, el mismísimo infierno británico.

Fue ignorada la reciente confesión de un informante crucial del FBI y títere de la fiscalía, un estafador y mentiroso en serie, de que había fabricado sus pruebas contra Julian. La revelación de que la empresa de seguridad (dirigida por españoles) de la embajada ecuatoriana en Londres (donde se había concedido refugio político a Julian) era una fachada de la CIA que espiaba a los abogados, médicos y confidentes de Julian (incluyéndome), también fue ignorada.

Incluso, fue ignorada la reciente revelación periodística, repetida gráficamente por el abogado de la defensa ante el Tribunal Superior en octubre, de que la CIA había planeado asesinar a Julian en Londres.

Cada una de estas “materias”, como les gusta decir a los abogados, era suficiente por sí sola para que un juez que defiende la ley desechara el vergonzoso caso montado contra Assange por un corrupto Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus pistoleros a sueldo en Gran Bretaña. El estado mental de Julian, bramó James Lewis, abogado, el hombre de Estados Unidos en el Old Bailey el año pasado, no era más que “malingering” ([hacerse el enfermo], un término victoriano arcaico utilizado para negar la existencia misma de la enfermedad mental).

Para Lewis, casi todos los testigos de la defensa – incluidos los que describieron desde la profundidad de su experiencia y conocimiento el bárbaro sistema penitenciario estadounidense – debían ser interrumpidos, maltratados, desacreditados. Sentado tras él, pasándole notas, estaba su director de orquesta estadounidense: joven, de pelo corto, claramente un hombre de la Ivy League en ascenso.

En sus nueve minutos de desestimación del destino del periodista Assange, dos de los jueces más veteranos de Gran Bretaña, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Lord Burnett (compañero de toda la vida de Sir Alan Duncan, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Boris Johnson que organizó el brutal secuestro policial de Assange en la embajada ecuatoriana) no se refirieron a ni una sola de la larga lista de verdades ventiladas en audiencias anteriores en el Tribunal de Distrito, verdades que habían luchado por ser escuchadas en un tribunal inferior presidido por una jueza extrañamente hostil, Vanessa Baraitser. Su comportamiento insultante hacia un Assange claramente afectado, que luchaba por vislumbrar su propio nombre entre la niebla de la medicación suministrada por la prisión, es inolvidable.

Lo realmente chocante durante este 10 de diciembre fue que los jueces del Tribunal Superior – Lord Burnett y Lord Justice Timothy Holroyde, que leyeron sus palabras – no mostraron ninguna vacilación en enviar a Julian a la muerte, vivo o no. No ofrecieron ninguna atenuación, ninguna señal de atormentarse por algún criterio legal o moral básico.

Su fallo a favor, si bien no es en nombre de Estados Unidos, se basa directamente en “garantías” transparentemente fraudulentas, reunidas por el Gobierno de Biden cuando parecía que la justicia podría prevalecer en enero.

Estas “garantías” se traducen en que, una vez bajo custodia estadounidense, Assange no será sometido a las orwellianas SAMS (Medidas Administrativas Especiales), que lo convertirían en una persona no identificada; que no será encarcelado en ADX Florence, una prisión de Colorado condenada desde hace tiempo por juristas y grupos de derechos humanos como ilegal: “un pozo de castigo y desaparición”; que puede ser trasladado a una prisión australiana para terminar allí su condena.

El absurdo reside en lo que los jueces omitieron decir. Al ofrecer sus “garantías”, Estados Unidos se reserva el derecho de no garantizar nada en caso de que Assange haga algo que desagrade a sus carceleros. En otras palabras, como ha señalado Amnistía Internacional, se reserva el derecho de romper cualquier promesa.

Hay suficientes ejemplos de que eso es, precisamente, lo que hace EE.UU. Como reveló el periodista de investigación Richard Medhurst el mes pasado, David Mendoza Herrarte fue extraditado de España a Estados Unidos con la “promesa” de que cumpliría su condena en España. Los tribunales españoles lo consideraron una condición vinculante.

“Documentos clasificados revelan las garantías diplomáticas dadas por la Embajada de EE.UU. en Madrid y cómo EE.UU. violó las condiciones de la extradición”, escribió Medhurst, “Mendoza pasó seis años en EE.UU. intentando volver a España. Los documentos judiciales muestran que Estados Unidos denegó su solicitud de traslado en múltiples ocasiones”.

Los jueces del Alto Tribunal – que conocían el caso de Mendoza y la duplicidad habitual de Washington – describen las “garantías” de no arremeter bestialmente contra Julian Assange como un “compromiso solemne ofrecido por un Gobierno a otro”. Este artículo se extendería hasta el infinito si enumerara las veces en que los rapaces Estados Unidos han incumplido “compromisos solemnes” con los Gobiernos, como los tratados que se rompen sumariamente y las guerras civiles que se alimentan. Es la forma en que Washington ha gobernado el mundo, y antes de él Gran Bretaña: es, como nos enseña la historia, la forma del poder imperial.

Es esta mentira y duplicidad institucional la que Julian Assange sacó a la luz y al hacerlo realizó quizás el mayor servicio público de cualquier periodista en los tiempos modernos.

El propio Julian ha sido prisionero de Gobiernos mentirosos durante más de una década. Durante estos largos años, me he sentado en muchos tribunales mientras Estados Unidos ha intentado manipular la ley para silenciarlo a él y a WikiLeaks.

Esto llegó a un punto realmente estrafalario cuando, en la diminuta embajada ecuatoriana, nos vimos obligados a conversar a través de un bloc de notas, aplastados contra una pared, teniendo cuidado de proteger lo que nos habíamos escrito de las omnipresentes cámaras espía (instaladas, como ahora sabemos, por un apoderado de la CIA, la organización criminal más duradera del mundo).

Esto me lleva a la cita que encabeza este artículo: “Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros”. Jean-Paul Sartre escribió esto en su prefacio a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, el estudio clásico de cómo los pueblos colonizados y seducidos y coaccionados y, sí, cobardes, cumplen la voluntad de los poderosos.

¿Quién de nosotros está dispuesto a levantarse en lugar de permanecer como meros espectadores de una parodia épica como el secuestro judicial de Julian Assange? Lo que está en juego es tanto la vida de un hombre valiente como, si es que permanecemos en silencio, la conquista de nuestros intelectos y del sentido del bien y del mal: de hecho, nuestra propia humanidad.

*John Pilger es un galardonado periodista, cineasta y escritor.

FUENTE: https://www.alainet.org/es/articulo/214585 

 

Análisis jurídico de la Ley 26.928 de protección integral de las personas trasplantadas

 

Lafferrière, Jorge Nicolás - Berti García, Bernardita - Azcueta, Fermín

 

Publicado en: DFyP 2014 (abril)

 

"Son los trasplantes una realidad nueva que suscita situaciones de salud que tienen que ser atendidas con justicia y prontitud, en forma integral y acorde con el pleno desarrollo de la personalidad."

 

Humahuaca: Solicitud pública al Concejo Deliberante del Estado Municipalidad de Humahuaca (Jujuy, Argentina)

de der a izq.: Concejal González, Escobar y Alejo (foto de la red)

SOLICITUD PÚBLICA

AL CONCEJO DELIBERANTE DEL ESTADO MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA (JUJUY, ARGENTINA)

AL CIUDADANO PRESIDENTE CONCEJAL OSCAR GONZÁLEZ

AL CIUDADANO VICEPRESIDENTE 2DO CONCEJAL OMAR ALEJO  

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con el objeto de solicitarles, quieran tener a bien, solicitarles que cumplan la legislación de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, un derecho humano y universal, que en forma permanente transgreden, violentan y discriminan por su constante negligencia de no responder ni siquiera de manera ‘informal’, solicitudes permitidas por la Ley y la Constitución Nacional Argentina. 

Solicitar información no es un tema nuevo en Humahuaca, las realizo desde el año 2001, tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo, esta publicación se debe a la NO RESPUESTA de quienes son las actuales autoridades elegidas en la última sesión, archivan notas sin dar un fundamento de por qué lo hacen, incluso mienten vergonzosa y descaradamente, una falta total de respeto. Adjunto pruebas de lo que digo:

 

·         Nota al entonces Pdte. Ciudadano Concejal Omar Alejo, en fecha diciembre 12 de 2018 y enero 25 de 2019, ver enlace: https://viltipoco10000.blogspot.com/2019/02/humahuaca-el-presidente-del-concejo.html?m=1 –SIN RESPUESTA Y EN ARCHIVO-

 

·         Nota al entonces Pdte. Ciudadano Concejal Antonio Ríos, en fecha enero 16 de 2020 

–SIN RESPUESTA Y ESTUVO DÁNDO VUELTAS COMO TRES DÍAS PARA VER CÓMO HACE PARA PEDIRME QUE HAGA UNA NUEVA NOTA-

 

·         Solicitud al actual Pdte. Ciudadano Concejal Oscar González, copia de pantalla de un mensaje de whatsapp de fecha noviembre 26 de 2020

 –SIN RESPUESTA Y MINTIENDO, DADO QUE LAS DECLARACIONES NO SE ‘PROMULGAN’-

Señores Ciudadanos Concejales, no solo no tienen cara sino tampoco coherencia con lo que hablan, sólo basta escucharlos (o escúchense) en los medios de comunicación de la ciudad de Humahuaca, saltan a la vista sus actos de irresponsabilidad de funcionarios públicos, como las siguientes:

Entrevista sobre la Sesión donde se eligieron nuevas autoridades: 

“hay una cuestión fundamental que es la institucionalidad de la Municipalidad de Humahuaca, es un objetivo propuesto desde la candidatura en el año 17 (¿”año 17”?), y hay cosas muy puntuales que estábamos observando y que hacemos autocrítica en el seno del Concejo como es el acceso a la información pública, el hablar más, el comunicar a la sociedad de mejor manera”... Presidente del Concejo Deliberante de Humahuaca, Ciudadano Concejal González, Fuente: Radio Municipal Humahuaca  https://www.facebook.com/RadioMunicipalHca/posts/768168194052726

Entrevista sobre la interpelación que el Concejo Deliberante hace a los funcionarios del Ejecutivo, menciona el Vicepresidente Segundo:

 “con el objetivo de que nos brinden la información correcta, la información transparente, ... pero es lamentable de todas las interpelaciones nunca nos supieron dar respuesta, la verdad que eso es sorprendente, eso alarma, ... lamentablemente se pasa por alto, documentación, leyes vigentes, normas vigentes, desde mi banca no puedo permitir eso ... no debemos permitir que nos sigan mintiendo, ... los uqueños deben tener la información correcta y hasta el día de hoy la seguimos buscando, y la seguimos buscando, ... debemos conocer la verdad, sobre todo la verdad” Ciudadano Concejal Alejo, (Fuente: Diario Digital Sol del Norte - Humahuaca) https://www.facebook.com/111789653508457/videos/791125631618724

Para finalizar,

SOLICITO PÚBLICAMENTE AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE HUMAHUACA, CIUDADANO CONCEJAL OMAR ALEJO,

 

·         responda por escrito los fundamentos del porqué envió una nota de solicitud de información de un medio de comunicación indígena como la Revista Viltipoco10000 a #archivo,

 

·         se disculpe por escrito, el haberme llamado “pelotudo” en la segunda llamada telefónica que le hice siendo Presidente,

 

·         se disculpe por escrito, el haber enviado a su familia a escracharme en las redes sociales, vinculándome con el anterior Intendente de Humahuaca el año pasado, desconociendo mi situación de salud y el ya no pertenecer a ese grupo político.

SOLICITO PÚBLICAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE HUMAHUACA, CIUDADANO CONCEJAL OSCAR GONZÁLEZ,

 

·         no sea mentiroso señor, publique la Declaración sobre la Delegación Municipal de Uquia y también su proyecto, y por qué no, todos sus proyectos desde que es Concejal,

 

·         respete las leyes y derechos de acceso a la información pública, DESDE ESTE MOMENTO, no en abril o cuando se les antoje, esto no son promesas de campaña SON DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS que tienen los ciudadanos,

 

·         Creése un perfil, fan page o grupo en la red social Facebook del Concejo Deliberante o para mayor seriedad una página web o un blog económico, para publicar todo la documentación que poseen, así no mezquinan entre medios de comunicación y ciudadanos,

 

·         Haga público el Digesto desde la entrada en vigencia del Concejo Deliberante, o como a Ud. le gusta llamar a los años, desde el día 1, minuto 1 y segundo 1 a la actualidad,

 

·         Haga público el Digesto si lo hubiere (o sino créelo), de proyectos de los ediles de los últimos cien años,

 

·         Haga público, las Actas de Sesiones, Comisiones y los expedientes que posee el Concejo Deliberante,

 

·         Publiquen sus recibos de sueldo, los números de contacto móvil y fijo, oficiales e individuales, correos electrónicos, redes sociales, correo postal, días de atención, etc.

 

·         Aprovecho para solicitar, ponga sonido al recinto parlamentario y dejen de usar los muebles de madera de cardón, déjenlo para un museo o ármense un museo del CD en el actual recinto y búsquense otro lugar para sesionar, una barbaridad verlos llevar esos muebles a las localidades del interior, trasladados sin cuidado.

SOLICITO PÚBLICAMENTE AL CONCEJO DELIBERANTE DE HUMAHUACA, acceso al fotocopiado de toda la normativa que poseen desde el inicio de actividades (año 0) de dicho órgano del Estado Municipal hasta la actualidad. 

Sin otro particular, saludo atte., esperando, primero que no se molesten, porque Uds. cometieron los errores, y segundo, respuesta a lo solicitado.

Ciudad de los Omaguacas, diciembre 06 de 2020.-

* Director de la Revista Viltipoco10000 Opinión y Contrainformación Omaguaca - https://www.facebook.com/groups/RevistaViltipoco10000/ y Corresponsal del Movimiento Indígena de ‘ArgosIs-Internacional’ (MF) https://www.facebook.com/ArgosIsMovimientoIndigena - https://www.facebook.com/groups/ArgosIsMovimientoIndigena/