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Argentina: La suma de todos los miedos

Argentina: La suma de todos los miedos

 

Por José Natanson

Le Monde Diplomatique

04/12/2023

 

¿De qué se alimenta el miedo?

 

Como sabía Pennywase, el payaso de It que era capaz de adoptar la forma del terror de cada niño para arremeter contra él en las alcantarillas de Derry, el miedo está hecho de retazos de memoria, imágenes fragmentadas del pasado, traumas reprimidos que asoman. Por eso cuando pensamos en los riesgos de la democracia nuestra imaginación vuela hacia las escenas clásicas de los golpes de Estado del siglo XX, con los tanques entrando a la Casa de Gobierno o los aviones bombardeando el Palacio de La Moneda. Pero hoy el peligro democrático no pasa por un arrebato militar: es un proceso más largo y viscoso, menos claro. Esto no quiere decir que Argentina no cruja ante la inminencia de un gobierno de Javier Milei, sino que hay que sacudirse los miedos ancestrales para entender mejor el peligro real de lo que viene.

 

Y lo que viene es un retroceso. El pacto democrático imperante desde 1983 implicó la aceptación del juego electoral por parte de todos los actores políticos, incluyendo a aquellos que, como las derechas autoritarias y las izquierdas insurgentes, en el pasado lo habían impugnado. Pero también supuso otras cosas, como la exclusión definitiva de la violencia política, la aceptación de la pluralidad y la autocontención de la represión estatal. Este contrato social, que algunos llaman el “pacto del Nunca Más”, fue un proceso de construcción colectiva trabajoso y en absoluto lineal, que a lo largo de cuatro décadas tuvo que superar alzamientos carapintadas, un copamiento guerrillero y la crisis del 2001, pero que pese a todo siguió avanzando.

 

El 55% de los argentinos que eligieron a Milei el domingo pasado no lo hicieron pensando que lo que estaba en juego era la continuidad democrática, que estaban de algún modo plebiscitando la democracia. Votaban mayoritariamente otra cosa. Como sostiene Marina Franco (1), resulta tentador pensar que el ascenso de Milei revelaría que la democracia argentina está pagando el precio de su propio éxito, que su estabilidad la convirtió en un “paisaje abúlico” que ya no aparece ante los jóvenes como un valor a conquistar, porque nunca conocieron otro sistema y no pueden por lo tanto imaginar el horror de perderlo. Pero esta perspectiva, afirma Franco, es falaz: lo que explica que una mayoría social haya votado a un candidato que pone en cuestión estos consensos no es el éxito de la democracia sino su fracaso, su incapacidad para garantizar mejoras concretas en las condiciones materiales de vida o un horizonte de autosuperación para las nuevas generaciones.

 

¿Qué nos espera entonces?

 

En primer lugar, la secuencia conocida de ajuste, movilización popular y represión. Aunque Milei ha desandado algunas de sus propuestas económicas más radicales, el corazón de su programa de gobierno, con o sin dolarización, incluye un fuerte recorte del gasto público, la eliminación de la emisión monetaria y el achicamiento del Estado. En sus propias palabras, “cambios drásticos, sin gradualismos”. Habrá que ver cómo reacciona el Presidente electo cuando se activen las movilizaciones y se convoquen las primeras huelgas. En los momentos más calientes del largo paro de los obreros mineros de 1984, Margaret Thatcher llegó al extremo de ordenar a las autoridades escolares no entregar los uniformes a los hijos de los huelguistas y hasta excluirlos de los comedores de los colegios. Más cerca en espacio y tiempo, Carlos Menem osciló entre, por un lado, la necesidad de compensar su giro ideológico con gestos sobreactuados, como cuando eligió como día para firmar el decreto de limitación del derecho a huelga un 17 de octubre, y, por otro, la negociación de diversas concesiones con los sindicatos más poderosos.

 

¿Cómo responderá Milei a la previsible resistencia que producirán sus políticas? Las dos experiencias más recientes, los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, no resultan del todo pertinentes para ensayar una comparación, porque se trata de países en donde las movilizaciones populares no son un factor determinante del juego político, donde el poder de los sindicatos es relativo y donde las capitales están alejadas de los principales centros urbanos. En contraste con Estados Unidos y Brasil, la sociedad argentina es una sociedad movilizada, con una larga memoria igualitarista y un sesgo jacobino cercano al francés. Bajo estas condiciones, con sindicatos y organizaciones sociales acostumbrados a una gimnasia de protesta permanente y con fuerzas de seguridad subcalificadas y proclives al gatillo fácil, cualquier intento de contener la movilización puede generar un saldo trágico. Contra lo que a veces se piensa, ningún gobierno democrático busca de manera deliberada heridos o muertos. No es que Eduardo Duhalde buscó el asesinato de Kosteki y Santillán; simplemente no lo previó ni pudo evitarlo.

 

En contraste con Estados Unidos y Brasil, la sociedad argentina es una sociedad movilizada, con una larga memoria igualitarista y un sesgo jacobino cercano al francés.

 

Otro punto importante es la dimensión liberal de la construcción democrática. Desde 1983, sucesivos gobiernos vienen impulsando una serie de leyes tendientes a permitir que cada persona viva su vida, disfrute de su intimidad y experimente su sexualidad de la manera que más le guste, proceso que se completó con una serie de normas y decisiones administrativas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y las minorías. Así, Raúl Alfonsín impulsó la ley de divorcio, la patria postestad compartida y la equiparación de derechos de los hijos extramatrimoniales; Carlos Menem apoyó la ley de cupo femenino; el kirchnerismo sancionó la ley de matrimonio igualitario, la ley de vientre subrogante y la ley de identidad de género, y Mauricio Macri habilitó por primera vez la discusión parlamentaria sobre el aborto, que finalmente se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández, que además creó el Ministerio de la Mujer.

 

Resultado de una combinación de luchas colectivas y decisiones ejecutivas (incluso oportunistas), estas políticas, algunas de ellas muy avanzadas para el contexto regional, fueron conformando un entramado legal y administrativo de espíritu liberal que contribuyó a consolidar el pluralismo, la tolerancia y el derecho a la identidad.

 

En la campaña, Milei dijo que la educación sexual integral (ESI) busca “destruir a la familia” y que es una política “ligada al ecologismo”, Alberto Benegas Lynch anunció que intentará derogar la interrupción voluntaria del embarazo, Lilia Lemoine propuso la renuncia voluntaria a la paternidad y Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con tener piojos. Aun si la correlación de fuerzas legislativas y la resistencia social impiden llegar a estos extremos, el retroceso parece inevitable. Como sabe cualquier persona que haya ejercido algún cargo de responsabilidad estatal, construir una política pública es muy complejo: exige voluntad, pericia técnica, construcción de equipos, neutralización de vetos políticos. Desmontarla, en cambio, es fácil, a veces ni siquiera hay que anunciarlo: alcanza con abandonar una política pública para que ésta languidezca hasta desaparecer. Por poner un ejemplo, ¿qué pasará de ahora en más con la ESI, una línea de trabajo que lleva años, involucra diversas jurisdicciones y áreas de gobierno y que ha demostrado su éxito para evitar embarazos no deseados, prevenir el HIV y detectar casos de abuso?

 

El último punto a considerar es la cuestión de los derechos humanos, una dimensión de la construcción democrática que puede parecer extemporánea (hablamos de “los derechos humanos del pasado”) pero sobre la cual los grandes líderes políticos depositaron parte de su capital simbólico. Si Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas, Menem los indultos y la “política de reconciliación” y Kirchner los juicios contra los represores, fue porque intuían que en estos gestos se cifraba su relación con la sociedad, que eran una forma de enviar un mensaje sobre el presente dialogando con el pasado. ¿Qué hará Milei? Los testimonios de quienes lo acompañan desde hace tiempo y los registros periodísticos sugieren que hasta hace un par de años la cuestión no figuraba en el centro de sus preocupaciones, que era un tema que sencillamente no le interesaba, y que fue la incorporación a su dispositivo político de Victoria Villarruel lo que lo llevó a adoptar posiciones como las que exhibió en el debate. Al cierre de esta nota no se conocían todavía los nombres de los ministros de Seguridad y Defensa, posible indicio de la decisión del Presidente de evitar la tercerización de estas áreas en su vice.

 

Concluyamos.

 

Aunque habrá que esperar a la asunción, el programa de gobierno de Milei y los trascendidos de las primeras designaciones confirman que estamos ante el inicio de una etapa política nueva, muy distinta a los gobiernos peronistas pero también a la gestión de centroderecha coalicional de Mauricio Macri. ¿Hasta dónde llegará Milei? ¿Qué forma asumirá su gobierno? Quizás una forma de abordar esta pregunta sea pensar si se limitará a aplicar políticas de ajuste que busquen recuperar la “normalidad macroeconómica” para relanzar la economía, incluyendo privatizaciones, apertura económica y desregulación, es decir una agenda neoliberal clásica, o si además se embarcará en una batalla cultural. ¿Liderará una gestión pragmática al estilo de Giorgia Meloni o empujará una agenda conservadora a lo Vox?

 

La primera alternativa es difícil, pero factible. La larga experiencia de Menem y el resultado de las elecciones de 2019, en las que Juntos por el Cambio quedó a sólo 7 puntos del peronismo, y de las elecciones de 2021, en las que se impuso ampliamente, demuestran que la sociedad argentina no es necesariamente hostil a los programas de ajuste: lo que pide es que la estabilización que prometen se concrete. El pacto social de los 90 –legitimado en la reelección de Menem en 1995– implicó el sacrificio del empleo y la igualdad a cambio de diez años de estabilidad y consumo.
La segunda alternativa es mucho más riesgosa. En una nota reciente (2), Pablo Touzón y Federico Zapata sostienen que Milei deberá neutralizar su frente interno y evitar la tentación de caer en la guerra cultural. “El éxito o el fracaso de su gobierno se cifra en saber elegir las batallas, y la más relevante es la económica (reformar y estabilizar Argentina). Todas las demás, y sobre todo las reformas culturales, son excentricidades que le abrirán un Vietnam de conflictos”, escriben.

 

El planteo es lógico: a Milei lo eligieron básicamente para que arregle la economía y la batalla cultural es, en efecto, extenuante y conflictiva. Sin embargo, permite también constituir un núcleo duro de apoyos, que es lo que hizo Cristina a partir del conflicto del campo y lo que descubrió tardíamente Macri. Desprovisto de un partido político potente, de aliados territoriales y de mayorías legislativas, el nuevo Presidente necesitará sostener su gobierno de algún alfiler si quiere avanzar con su programa de reformas, y la activación de un contingente militante podría ser una tentación. Las minorías radicalizadas agrietan el debate público y ponen en cuestión la convivencia democrática, son perjudiciales y peligrosas, pero también garantizan una base mínima de respaldos en circunstancias difíciles, proveen un activismo 24 horas y hasta ofrecen una fuerza de choque en las calles. Es lo que hicieron Trump y Bolsonaro y es de hecho lo que dijo Macri cuando señaló que esta vez los “orcos” peronistas no van a poder bloquear una eventual reforma previsional tirando piedras porque habrá “miles de jóvenes” dispuestos a enfrentarlos. Si la alternativa de un ajuste neoliberal es mala pero conocida, el segundo escenario hundiría a la democracia argentina en un abismo tan hondo como nuestras peores pesadillas.

 

Notas:

 

1. https:/www.eldiplo.org/notas-web/la-fractura-del-nunca-mas/

 

2. https://panamarevista.com/chicxulub/

 

Fuente: https://www.eldiplo.org/294-que-nos-espera/la-suma-de-todos-los-miedos/

 

 


Los primeros dos censos nacionales de nuestra historia se conservan en el archivo general

 


Los primeros dos censos nacionales de nuestra historia se conservan en el archivo general

xArchivo General de la Nación Argentina

Las planillas de los dos primeros censos nacionales (1869 y 1895) se conservan en el Archivo General de la Nación. Esta documentación resulta imprescindible para conocer las características de la sociedad argentina a finales del siglo XIX.

El primer censo nacional se realizó en septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento. Se censaron únicamente 14 provincias, ya que Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no estaban bajo el control del Estado Nacional. El método fue de entrevista directa: la población fue censada allí donde se la encontraba. ¿Cuantas personas había en el país en ese año? 1877490.

El cuestionario incluía 8 preguntas, y la información se organizó a través de una "Lista nominativa" en la cual cada línea de la cédula censal correspondía a una persona.

El segundo censo se realizó en mayo de 1895. El cuestionario ahora contó con 16 preguntas, con indagaciones sobre bienes inmuebles, la religión y la descendencia de las personas. Este censo fue el primero que se realizó sobre una nación ya unificada y arrojó como resultado que el país contaba con 3954911 habitantes.

Las cédulas originales se reúnen en tomos organizados por unidades administrativas descendentes: Provincia - Sección - Población (rural o urbana). El papel que reúne la información es delgado y frágil, por esa razón cada tomo se encuentra envuelto en papel anti-ácido, que facilita la conservación en el largo plazo.

Todas estas cédulas se encuentran accesibles en la página web de Family Search:

1869: https://www.familysearch.org/search/collection/1462401

1895: https://www.familysearch.org/search/collection/1410078 


Fuente: https://www.facebook.com/ArchivoGeneraldelaNacionArgentina/posts/372388661595443

 

Argentina: Argentina y Chad: Condenas históricas contra dictadores en juicios de alcance internacional


Argentina: Argentina y Chad: Condenas históricas contra dictadores en juicios de alcance internacional

ARGENTINA… VILTIPOCO10000: JUNIO 04 DE 2016…

xAmy Goodman y Denis Moynihan
Publicado el 3 de junio de 2016

Fue una mala semana para los dictadores, pero buena para la justicia internacional. Dos brutales dictadores que contaron con el apoyo de Estados Unidos cuando gobernaron hace décadas fueron condenados por delitos que cometieron mientras se encontraban en el poder. En África, Hissène Habré tomó el control de Chad en 1982 y desató un régimen terrorista contra su propio pueblo durante el cual fueron asesinadas unas 40.000 personas, hasta su derrocamiento en 1990. Por su parte, Reynaldo Bignone fue general del Ejército argentino y fue el último dictador de la junta militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983, período durante el cual se estima que "desaparecieron", es decir, fueron asesinadas, unas 30.000 personas que se oponían al régimen de facto. Es muy probable que ambos hombres pasen el resto de su vida en prisión. Estos fallos no traerán de regreso a las decenas de miles de personas torturadas y asesinadas, pero ojalá precipiten el fin de la era moderna de impunidad para quienes cometen violaciones de los derechos humanos. Y también para sus cómplices.

La condena que recibió Bignone esta semana por su participación en el plan represivo de alcance regional conocido como Plan Cóndor no es la primera que recibe. Bignone fue uno de los generales argentinos que participó del derrocamiento del Gobierno constitucional de ese país en 1976 y fue uno de los responsables de la puesta en funcionamiento y dirección de varios de los cientos de centros clandestinos de detención adonde eran llevadas las personas que el régimen sospechaba que eran comunistas o de izquierda, quienes, en la mayoría de los casos, eran torturadas y asesinadas. En esos años, Argentina fue gobernada por una sucesión de dictadores militares, de los cuales Bignone fue el último y gobernó entre 1982 y 1983. Bignone dispuso la destrucción de documentación y otras pruebas que podrían haberlo implicado a él y a otros integrantes del Gobierno militar en violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Dispuso además total inmunidad para él mismo y otros, poniéndose así al amparo de eventuales procesos judiciales. Posteriormente, la amnistía fue derogada y Bignone fue condenado en 2010 por los numerosos secuestros, actos de tortura y asesinatos que supervisó.

El reciente fallo de culpabilidad de Bignone fue por su participación en el Plan Cóndor, en el cual seis dictaduras de América del Sur, las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que contaban con el apoyo de Estados Unidos, conspiraron para rastrear y secuestrar o asesinar a sus opositores en diversos lugares del mundo. Bignone tiene 88 años de edad y se le han sumado 20 años a la condena a cadena perpetua que cumple actualmente. Con conocimiento del gobierno de Estados Unidos y, en particular, del secretario de Estado de aquel momento, Henry Kissinger, el Plan Cóndor se coordinaba desde Chile, gobernado en ese entonces por el dictador Augusto Pinochet.

Chad es un país mayormente desértico ubicado al norte de África que permaneció bajo el dominio colonial de Francia entre 1900 y 1960, tras lo cual se desató una larga guerra civil. El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan apoyó el golpe de Estado en Chad liderado por Hissène Habré a pesar de conocer su historial de crueldad. Habré tenía una fosa común en el fondo de su residencia. Gobernó Chad desde 1982 hasta 1990 y aterrorizó a quienes lo cuestionaban, ya sea de verdad o en su imaginación. Más de 40.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas torturadas en la tristemente célebre "Piscina", un centro de detención y tortura ubicado en una piscina reformada especialmente para tal uso.

En 2001, once años después de que Habré huyera a Senegal, llevándose con él la mayor parte del tesoro nacional de Chad, un audaz abogado de derechos humanos llamado Reed Brody ingresó a las instalaciones abandonadas de la infame fuerza policial secreta de Habré, la DDS. Lo que encontró allí fue impactante: decenas de miles de documentos, cubiertos de polvo y olvidados, que detallan arrestos, tortura y asesinatos de más de 13.000 de las víctimas de Habré. Esta prueba documental, junto con la incansable lucha de las propias víctimas, de personas como Souleymane Guengueng, que sobrevivió a las prisiones de Habré, llevaron al primer juicio que se realiza en un país africano de un ex jefe de Estado de otro país africano. En el pasado, juicios así se llevaban a cabo en tribunales internacionales, fuera del continente. Pero en esta oportunidad, Senegal conformó un tribunal especial para llevar a cabo su juicio.

Tras la lectura del fallo, Souleymane Guengueng, declaró:"Me duele que muchos de mis compañeros hayan muerto en el camino. No pueden estar aquí para ver el resultado y es por eso que me sentí conmovido y rompí en lágrimas. Hissène Habré fue condenado a cadena perpetua. Terminará su vida en prisión y eso era lo que queríamos. Espero que esto sirva de lección a todos los demás dictadores que hay por allí".

El abogado de Human Rights Watch Reed Brody explicó lo sucedido a Souleymane Guengueng durante el Gobierno de Hissène Habré: “Souleymane era un empleado público de profundas convicciones religiosas. Como sabrán, fue llevado a prisión en base a acusaciones falsas. Como la gente moría a su alrededor en la celda en que se encontraba recluido, hizo un juramento ante Dios de que si lograba salir, lucharía por la justicia. Y cuando Idriss Déby derrocó a Hissène Habré y se abrieron las puertas de la prisión, Souleymane reunió a otros ex detenidos, fundó la primera asociación de víctimas y lucha desde entonces. Muchos de los cómplices de Habré permanecieron y permanecen aún en Chad: alcaldes, jefes de policía, gobernadores, que comenzaron a amenazar de muerte a Souleymane y lo obligaron a exiliarse en Estados Unidos”.

Ni Bignone o el gobierno militar argentino, ni Hissène Habré podrían haber cometido las atrocidades que cometieron sin el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, John Kerry, calificó el fallo de Habré como "una oportunidad para que Estados Unidos reflexione y aprenda de su propia vinculación con los sucesos que tuvieron lugar en Chad". No caben dudas de que Estados Unidos debería reflexionar y aprender de estos fallos de culpabilidad, pero también deberíamos investigar, presentar cargos y llevar a juicio a los funcionarios del Gobierno estadounidenses que colaboraron y fueron cómplices de estas dictaduras. Es preciso que exista una justicia uniforme que se aplique por igual en todas partes del mundo.


© 2016 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Viltipoco10000
Opinión y Contrainformación Omaguaca

Argentina: El Gobierno no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros
Expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Pero la Casa Rosada no lo puede precisar, porque no armó la Base de Datos que prometió hace un año.
Por Pablo Calvo Publicado en Clarín el Domingo 31 Enero 2010 La Cordillera, los bosques nativos, el Acuífero Guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que mantiene el espíritu de los años 90 y es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales cercanos a las fronteras.
Lo advierten expertos en geopolítica, organismos de control y legisladores de la oposición, en momentos en que los problemas del cambio climático vuelven a sacudir a miles de pobladores.El Gobierno admitió la "dispersión normativa" en el tema, pero no amplió los requisitos para que los extranjeros extiendan sus propiedades en áreas estratégicas.
Mediante la resolución 166 del Ministerio del Interior, dio de baja a otras 10 resoluciones del menemismo, pero fijó un mapa de las zonas de seguridad en las fronteras, actualizado, con demasiados agujeros. Las zonas de seguridad, establecidas en 1944, están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional: es una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.
Según la resolución 166, de marzo pasado, 89 centros urbanos y localidades, de 14 provincias, quedaron "desafectados en su totalidad del régimen de previa conformidad" que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en los bordes geográficos argentinos. Fue una reafirmación de lo dispuesto por el menemismo en la década del 90.
La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, el área efervescente de Gualeguaychú, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunas de las localidades donde los extranjeros se encuentran con facilidades únicas para expandir sus latifundios."Es pérdida de soberanía. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales", señala Elsa Bruzzone, profesora de historia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional.
La mujer, autora del libro "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias", (editado por Capital Intelectual) afirma que "el 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Estimaciones cercanas hacen la Federación Agraria y legisladores de la oposición, aunque nadie ha podido validar sus cálculos, porque el Gobierno no da información sobre el tema.
"Cuando Luis D'Elía era subsecretario de Tierras, intentó hacer un catastro de las propiedades en manos extranjeras, pero tampoco pudo acceder a la información. Quienes lo intentaron, se encontraron con títulos falsos y registros provinciales poco fiables No hay un registro real", dice Bruzzone.
La secretaría de Interior tiene pendiente armar una Base de Datos para registrar la titularidad de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, las operaciones inmobiliarias y las transferencias de acciones o modificaciones de la estructura societaria de las firmas que sean titulares de esos bienes, para detectar engaños en los traspasos. "La Base de Datos se halla en proceso de confección", respondió a Clarín del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tras un pedido de Acceso a la Información. La secretaría de Interior tampoco sabe cuántas solicitudes para comprar tierras presentaron los extranjeros entre 2003 y 2007, durante la administración de Néstor Kirchner.
Para José Luis Dutto, Defensor del Pueblo de Neuquén, la resolución 166 "parece una macana", porque "da la impresión de que flexibiliza el trámite para los extranjeros, que quedarían liberados de muchos requisitos". En su provincia, fueron desafectadas las localidades de Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collon Cura. "Es zona virgen -subraya-, muy poca población, agua pura, bosques, con comunidades de crianceros, algunas estancias, mapuches. Desde el punto de vista ambiental, el lugar es impecable".
Cuando Dutto recorre el interior neuquino, "se me acercan pobladores para comentarme de nuevas ventas de tierras a extranjeros, que están interesados en zonas de Bariloche, villa La Angostura, Junín de los Andes", mientras que movimientos sociales y del foro 'El Agua como Derecho Humano' "me expresan su preocupación y piden que no se cierren los accesos a los ríos y a los campos".
El ombudsman de Neuquén pide que el Congreso investigue el tema y que el próximo plenario de defensores del pueblo, que se hará en marzo, también lo examine.
Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados piden más restricciones para la compra de tierras. Uno, auspiciado por la diputada de la Coalición Cívica Susana García, plantea directamente la prohibición a los extranjeros y sus empresas para "la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles rurales en zonas de seguridad" y lo fundamenta con citas de leyes protectoras de la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro proyecto, de la diputada de Solidaridad e Igualdad Verónica Benas, señala que "la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la Cordillera fueron aprobados por vía de la 'excepción' y Santa Cruz y Chubut son las provincias de mayor incumplimiento".
A esas conclusiones habían llegado especialistas en medio ambiente de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. En dos informes, el organismo detectó un sinfín de irregularidades en la presentación de documentación por parte de los compradores extranjeros en la Patagonia y la Mesopotamia.
El Gobierno reconoció el problema en la última "Memoria detallada del Estado de la Nación" presentada en el Parlamento. Dijo allí que la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras puso como prioridad "el análisis de expedientes iniciados en los años 2005/2006 sobre Previa Conformidad, advirtiéndose que gran parte de ellos se encontraban con documentación faltante y/o vencida". Intervino un escribano, que pidió por escrito un refuerzo de la documentación en 234 expedientes, aunque sólo obtuvo respuesta en el 20 por ciento de los casos. "El mismo criterio de envío de notas (para pedir más documentación) se sigue para los expedientes 2007/2008", se indicó.
Hoy, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras dice que hay 216 expedientes "a la espera de documentación" y que "se han instrumentado mecanismos encaminados a fortalecer el control".En tanto, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en legislar ante la amenaza directa de que empresas y barcos extranjeros vengan al país a llevarse el agua de los ríos. En noviembre, la Legislatura dispuso la prohibición de la comercialización de agua dulce a granel (potabilizada o no), cuyo fin sea la exportación.