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Impacto del cristianismo en la espiritualidad indígena chepang en Nepal
Se suele responsabilizar a la creciente influencia del cristianismo por la erosión de la espiritualidad indígena
Por Biswash Chepang
Traducido por Cecilia Castrilli para Global Voices org
La comunidad indígena chepang de Nepal, grupo étnico tibetano-birmano, ha mantenido tradicionalmente una conexión profunda con los bosques y la naturaleza. A lo largo de generaciones, la comunidad ha desarrollado varios mecanismos de adaptación y prácticas sostenibles. Sin embargo, en las últimas décadas, se están produciendo en su interior significativas y complejas transformaciones sociales y culturales.
Ha habido un incremento acelerado de conversiones al cristianismo entre los chepang y otras comunidades marginadas, a menudo impulsadas por los esfuerzos de las ONG. Como consecuencia, las prácticas chamánicas tradicionales se ven perjudicadas. Un informe reciente titulado «Cambios culturales en la etnia chepang de Chitwan» destaca que esta comunidad indígena está atravesando cambios considerables en su panorama cultural y espiritual. La creciente influencia del cristianismo contribuye a la erosión de la espiritualidad indígena dentro de la comunidad chepang.
El 29 de noviembre de 2024, Diana Riboli, profesora
en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Panteion de
Ciencias Sociales y Psicología en Grecia, presentó una cautivadora
investigación en el Departamento Central de Antropología de la Universidad de
Tribhuvan en Kirtipur, Katmandú, Nepal, a la que el autor de este artículo
asistió. Su ponencia principal, «La muerte y la vida después de la muerte en
tiempos de crisis: el caso de los chepang de la zona centro-sur de Nepal», dio
complejas perspectivas antropológicas sobre las transformaciones culturales
dentro de esa comunidad indígena nepalí.
La cultura chepang permanece profundamente conectada con los bosques y la naturaleza, pese a las restricciones actuales para desarrollar muchas de sus actividades tradicionales en zonas boscosas debido a las medidas nacionales de conservación. Al igual que otras comunidades, los chepang tienen prohibido el acceso a los bosques designados como parques o reservas naturales, que parecen estar reservados exclusivamente para la vida silvestre, la conservación de las plantas y el turismo.
Conversión al cristianismo
En los últimos años, ha aumentado rápidamente la cantidad de chepang y miembros de otras comunidades marginadas que se convierten al cristianismo. Excluidos por las elites sociales y desilusionados por el insuficiente apoyo del Gobierno, los chepang acogen con especial interés las historias de Cristo que les cuentan quienes les proveen alimentos, vestimentas, utensilios de cocina y la oportunidad de que sus hijos reciban una educación en internados, lejos de sus hogares.
Si bien el proselitismo sigue estando prohibido por
la ley nepalí, los grupos cristianos interactúan frecuentemente con estas
comunidades a través de las ONG y les ofrecen ayuda humanitaria, educación y
atención médica. Esta tendencia en aumento no pasó desapercibida por los medios
nepalíes, que informan extensamente al respecto.
El aislamiento de los asentamientos chepang en zonas remotas, la pobreza extrema, las condiciones precarias de salud y la violencia estructural les permitió a los misioneros cristianos influir en la comunidad, incluso durante el régimen panchayat (1961-1990), en el que se prohibió promover el cristianismo. Muchos chepang se convirtieron al cristianismo principalmente para evitar que otros grupos étnicos los marginaran y discriminaran.
El trabajo de investigación de Diana Riboli reveló que los chepang perciben al cristianismo como una vía para superar la discriminación, acceder a la educación y lograr justicia social, en especial para las generaciones más jóvenes. Sin embargo, en los primeros años de evangelización, el cristianismo también provocó divisiones sociales dentro de la comunidad y con frecuencia separó los hogares en cristianos y no cristianos.
En la década de 1990, cuando realizaba su investigación, Diana Riboli documentó un incidente de fines de década de 1980, durante el período panchayat en Nepal (1961-1990), en el que los misioneros visitaron en secreto una aldea chepang. La designación de pastores indígenas fue una estrategia a nivel global para aumentar los conversos al cristianismo, y muchos jóvenes chepang se convirtieron en pastores con el objetivo de obtener liderazgo social y político junto a las autoridades religiosas.
Los misioneros les dijeron a los aldeanos que el convertirse al cristianismo eliminaría la necesidad de ofrecer animales o frutas durante la puja (nota editorial: es un ritual de veneración a los ancestros). Un anciano pande («chamán» en chepang) se convirtió luego de que le aseguraran que ascendería al Reino de los Cielos cristiano al morir. Los pastores protestantes urgieron a los convertidos a abandonar sus rituales ancestrales y les aseguraron que el Dios cristiano no requería ofrendas. Sin embargo, esto generó tensiones dentro de la comunidad, ya que muchos chepang temían que, al no cumplir con las ofrendas ancestrales, sus ancestros pasarían hambre y podrían ser peligrosos para los vivos.
Impacto cultural
La Asociación Chepang de Nepal, que funciona como organización que engloba a toda la comunidad chepang, no identifica al pueblo chepang como hindú sino como prakritik pujak (adoradores de la naturaleza). Sin embargo, sus festivales, prácticas indígenas, rituales chamánicos, conocimiento de los poderes curativos de la naturaleza y su idioma se están olvidando gradualmente, por la creciente conversión al cristianismo.
Los hallazgos de la investigación de Riboli indican que el chamanismo está declinando en la comunidad chepang y que podría estar en riesgo de extinción, en gran parte debido a la creciente influencia del cristianismo. Un motivo significativo es que convertirse en pastor requiere solo unos meses de preparación, mientras que ser chamán (pande) no es una elección personal y, por lo general, implica un proceso extenso y riguroso.
La conversión al cristianismo mejoró la calidad de vida de muchos, ya que hay convertidos que ahora viven en casas de hormigón, sus hijos van a escuelas de calidad y reciben ayuda exterior. En consecuencia, el cristianismo se percibe generalmente como una vía hacia la modernidad, el progreso y mejores oportunidades. Las ONG cristianas aportan fondos considerables para reconstruir escuelas y para asistir a comunidades afectadas por desastres ambientales. Sin embargo, este cambio ha contribuido a que disminuyan las prácticas sostenibles tradicionales.
En ocasiones surgen tensiones entre los chepang
cristianos y los no cristianos. Por ejemplo, Diana Riboli contó que, durante su
trabajo de campo, los pastores chepang le negaron el acceso a las ceremonias
religiosas de los sábados, pese al principio de que las iglesias deben estar
abiertas para todos, independientemente de su etnia o su religión.
También surgen tensiones dentro de las familias, ya que en ocasiones los abuelos o padres se resisten a convertirse al cristianismo, mientras sus hijos desean ser bautizados. El presidente de la Asociación Chepang de Nepal, en una entrevista presencial, observa que esta división entre los cristianos y los no cristianos está erosionando los valores tradicionales chepang de compartir y de que las familias se ayuden mutuamente. La naturaleza comunitaria de la sociedad chepang, especialmente evidente en los ritos funerarios, se encuentra en un estado de tensión.
En las comunidades chepang, los ritos funerarios solo pueden hacerlos los chamanes (pande), que guían el alma del fallecido a la tierra de sus ancestros. Este complejo ritual solo puede llevarlo a cabo un pande poderoso. Se cree que un funeral mal hecho puede llevar a la desgracia y la enfermedad. Sin embargo, se suele excluir a los convertidos al cristianismo de los funerales tradicionales, como los de sus abuelos, lo que tiene consecuencias psicológicas y alimenta los temores de que las almas indebidamente honradas pueden permanecer en el mundo humano y causar daño a sus familias.
Las creencias y prácticas espirituales tradicionales chepang, como la veneración de la naturaleza, las tradiciones orales y las formas de vida sostenible, están desapareciendo gradualmente. El auge del cristianismo diluyó su identidad cultural, lo que generó la disminución de los guardianes del conocimiento comunitario, como los chamanes, y alteró el traspaso de conocimiento entre generaciones.
Lee artículo en English https://globalvoices.org/2024/12/29/christianitys-impact-on-chepang-indigenous-spirituality-in-nepal/
El senador Blanco afirmó que los directivos de LeoLabs “siempre mintieron”
El parlamentario nacional volvió a reclamar por el desarme del radar de capitales británicos instalado en la provincia de Tierra del Fuego, al demostrarse nuevamente su función militar.
Por Agenda Malvinas
7 de enero de 2025 12:10
Luego de la reproducción por parte de Agenda Malvinas, de información publicada por el medio de información militar israelí www.israelnoticias.com; dando cuenta que especialistas de LeoLabs advirtieron a ver detectado que el satélite ruso Kosmos-2570 lanzó dos objetos “militares” al espacio; el senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco, criticó el doble discurso de la empresa estadounidense, que a nivel internacional da cuenta sobre la función dual de los aparatos montados en lugares estratégicos del planeta, pero que en el orden nacional niegan que el radar instalado en la provincia austral de la argentina, pueda ser utilizado para funciones civiles y militares.
“¿Y ahora de qué se van a disfrazar los que aseguraban que la empresa no hace inteligencia militar?, manifestó ayer el parlamentario en su cuenta de la red social X, en clara alusión al gobierno de Tierra del Fuego de Gustavo Melella, quien durante dos años negó la capacidad dual del radar; lo mismo que el gobierno nacional de Javier Milei quien a través del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, manifestó haberse reunido con funcionarios de la embajada estadounidense y de propia empresa, y haber recibido información sobre la inocuidad de la estación terrena montada o radar instalada a 11 km al norte del municipio fueguino de Tolhuin. “Siempre mintieron. ¡Hay que desmontar el Radar de Leolabs de Tierra del Fuego ya!”, expresó Blanco.
Y es que, en 2023; directivos de la empresa norteamericana cuyas filiales británicas e irlandesas son las que se radicaron el Tierra del Fuego; pidieron reunirse con el senador y le afirmaron que el radar de Tolhuin no tenía capacidad de monitoreo de objetivos militares. Asunto que, en la realidad, quedó desdibujado frente a los anuncios e informes que produce los directivos y profesionales de la compañía con sede en California.
En este caso, según informó durante las últimas el medio israelí; LeoLabs identificó a través de su red de radares, que el satélite militas ruso Kosmos-2570, el pasado 23 de noviembre “creó una nueva entidad”.
De acuerdo de los observadores estadounidenses, “un evento similar ya había ocurrido en 2022 cuando el satélite ruso Cosmos-2565 liberó otro objeto, el Cosmos-2566”. Multiplicaciones de aparatos militares que “dificultan a las autoridades de Estados Unidos distinguir los nuevos objetos, lo que complica la operación de otros satélites en el espacio”, describe el medio israelí.
Las hipótesis de LeoLabs sobre el comportamiento
del satélite fueron confirmadas por el Ministerio de Defensa ruso, quien
declaró que el cohete lanzado había puesto en órbita “más de una nave
espacial”. Este lanzamiento se realizó el 27 de octubre de 2023, a las 09:00
hora local de Moscú, desde el cosmódromo de Plesetsk.
Comunicado de la Escuela Tecnica de Maimará a la comunidad en general
"La Escuela Técnica de Maimara junto a la Cooperadora Julio Colombres Garmendia, comunican a la comunidad de Maimara, en especial a nuestros alumnos y padres.
Que ambas instituciones queremos hacer un descargo ante todos ustedes, como es de publico conocimiento, ha salido una publicidad hace unos días, de un baile de una agrupación en nuestras instalaciones, baile con el cual no estamos de acuerdo, primero porque han pasado por arriba de todas las autoridades de esta institución, segundo porque pretenden usar nuestras instalaciones educativas de forma (GRATUITA), y se niegan abonar el alquiler del tinglado, está escuela se sostiene gracias al esfuerzo de cada familia que aporta a la misma.
Sabemos todos como quedaba después de cada baile, la escuela (instalaciones rotas y sucias, etc etc)
A eso sumamos que un evento en nuestra institución de esta magnitud va en contra de lo que trabajamos en todo el periodo educativo, y luchamos día a día contra el alcohol, la droga, los vicios, la violencia; tratamos de dar ejemplo de un establecimiento limpio y en orden.
Hacemos responsable a la intendencia de maimara, quien ha gestionado y solicitado de forma incansable y sin querer abonar nada, ni una lavandina a nuestra querida Institución, burlandose de esta familia educativa, haciendo USO Y ABUSO DE SU PODER.
La Comunidad Educativa de la Escuela Técnica,la Cooperadora, alumnos y padres, no estamos para sostener Bailes Públicos, con venta de bebidas alcohólicas, para beneficios personales de la Intendencia.
Agradecemos a ustedes muy atentamente, y pedimos difundir e informar.
No nos hacemos responsables de lo que suceda. Y pedimos suspender toda actividad en nuestro establecimiento de este tipo.
Atentamente
COMUNIDAD DE LA ESCUELA TECNICA GENERAL MANUEL BELGRANO.
Localidad de Maimara
27 de Diciembre del 2024"
Por la desregulación del transporte que implementó Milei los trasplantados de jujuy no pueden viajar
Desde la Fundación Jujuy Da Vida, que contiene a las personas trasplantadas y en lista de espera para trasplante, advirtieron que tienen dificultades para acceder a los controles médicos necesarios debido a problemas con los servicios de transporte luego de la desregulación que implementó el Gobierno de Javier Milei.
Por Unju Radio
Su referente, Mariana Torres, explicó que luego de la publicación del decreto «las empresas no están entregando los pasajes que tenemos garantizados por Ley Nacional».
«Siempre las empresas nos hicieron problema y ahora se suma a que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y los Gobiernos no hacen respetar nuestros derechos», situación que «venimos denunciando desde hace mucho ya que no se cumple la ley».
Esta situación ocasiona que los pacientes no puedan ir a los centros médicos de otras provincias a realizar los controles correspondientes luego de ser trasplantados, lo que incide en su salud y en la posibilidad de poder sostener el nuevo órgano.
«Un decreto no puede tener más poder que una Ley nacional, no entendemos porque la CNRT y el Gobierno no se ponen a trabajar y a sancionar a estas empresas que ya tienen las denuncias hechas», sostuvo.
El impacto de esta medida es grave «con pacientes que ya se descompensaron y no recibieron la contención necesaria en el Hospital Pablo Soria, a pesar de que se creó allí un centro de trasplante».
«El que tiene plata va a poder viajar y el que no tiene se queda en su casa a su suerte», lamentó.
Por último, informó que presentarán una nota
pidiendo una audiencia con el ministro de Salud de la provincia porque
«necesitamos tener una contención».
“Hoy el INAI es un instrumento de los enemigos de la causa indígena”
Jorge Nawel Purruán, uno de los seis coordinadores de la Confederación Mapuche de Neuquén, analiza dos llamativas decisiones que adoptó esta semana el Gobierno en relación a los relevamientos territoriales. Dice que “para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses”.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al
Margen
Jorge Nawel Purruán es coordinador de Xawvnko, uno de los seis consejos zonales en los que está dividida la Confederación Mapuche de Neuquén. Cuando lo llamamos el viernes por la mañana, se encontraba reunido con autoridades de organizaciones mapuche de Río Negro y Mendoza evaluando la ofensiva política y judicial contra comunidades originarias frente a la que dice no piensan quedar de brazos cruzados.
Esta semana hubo dos noticias en el corazón de Vaca Muerta que impactaron en el ámbito nacional. Es la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que preside Claudio Avruj en la órbita ministerial de Guillermo Francos, de reabrir a pedido de un privado francés y la empresa Loma Negra las carpetas de relevamientos territoriales de comunidades que habían sido cerradas, es decir reconocidas en grado avanzado por el Estado. Hay en disputa 43.000 hectáreas donde coexisten el derecho de las comunidades a habitar su territorio y la esperanza de la burguesía argentina de desarrollar a toda máquina la explotación de hidrocarburos.
-A través de un comunicado, la Confederación Mapuche expresó que esto implica un grave antecedente. ¿Por qué?
-Porque las carpetas cerradas les dan una cierta seguridad a las comunidades. Es un reconocimiento débil, pero importante. Recordemos que el relevamiento territorial es sólo eso, una delimitación preliminar de lo que podría llegar a ser un territorio comunitario. No es un título de propiedad, no es una mensura, no es una reforma agraria. El gobierno nacional, en su política negacionista, plantea el relevamiento como prácticamente una restitución territorial. Son momentos de tanta presión de los propietarios privados que ven afectados sus intereses, que el gobierno les está dando voz a quienes se han opuesto siempre a la seguridad territorial de la comunidad mapuche. Por eso están reabriendo carpetas. Es una situación muy grave, porque es como retroceder en el tiempo y comenzar a reavivar conflictos que la ley 26.160 descomprimió. Una ley de emergencia creada para evitar situaciones traumáticas para las comunidades, de violencia y desalojos. Ahora el INAI está agitando la criminalización, reabriendo carpetas, volviendo a encauzar este viejo litigio y eso nos parece sumamente dañino, sumamente ilegal y desvirtúa totalmente el rol del INAI que hoy se ha puesto del lado de los terratenientes, del lado de las empresas que están pretendiendo territorios indígenas. Todo nos plantea un desafío nuevo que tenemos que enfrentar, no podemos quedar pasivos. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento.
– ¿Cuál es la justificación formal por la que el INAI pide la reapertura de estas carpetas?
-Responde al planteo que están haciendo sectores afectados por el relevamiento. Para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses de viejos usurpadores, de terratenientes, de municipios, de empresas, de privados que se han ido apropiando del territorio mapuche. El relevamiento viene a demarcar un territorio que está reconocido por estudios antropológicos, históricos, sociales y eso afecta intereses que habían quedado neutralizados hasta el año pasado. Ahora se reavivaron, y ante el primer planteo que hace un privado, que dice que el relevamiento está afectando su propiedad privada, el INAI reacciona y detiene los relevamientos o reabre los cerrados, como en estos dos casos, el de las comunidades Rams y Quinchao. Uno de ellos, extranjero, de nacionalidad francesa, que confronta con Rams. Y el otro es el de una empresa calera, que se enfrenta a Quinchao. Hoy el INAI es un instrumento de los enemigos de la causa indígena. Porque el INAI es el órgano que debe cumplir y aplicar todo el reconocimiento jurídico que hemos logrado en la última década. Y en lugar de ser un instituto que implementa esos adelantos jurídicos que ha habido, se sienta en la mesa con los enemigos de los pueblos indígenas. Hay que describirlo así para saber con quién estamos tratando.
-La empresa que acciona contra Quinchao es Loma Negra, que expresó en un comunicado que la preexistencia de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución no es absoluta y debe ser interpretada en armonía con las demás garantías y derechos constitucionales dentro de los que se encuentra, entre otras, el derecho de la propiedad y el ejercicio de industria lícita.
-Bueno, ese tipo de planteo encuentra eco absoluto en un gobierno que defiende a rajatabla la propiedad privada y la producción por encima de cualquier otro derecho humano. Y va a encontrar eco, va a encontrar respaldo. Tenemos una Justicia totalmente domesticada, totalmente funcional a esos intereses. Hoy los pueblos indígenas confrontamos con todos esos poderes reavivados, alentados por un discurso oficial que pone de vuelta en amenaza toda la seguridad jurídica creada por el relevamiento territorial. Eso hace crecer la responsabilidad de las provincias, porque recordemos que la Ley 26.160 es nacional. ¿Por qué desde las provincias se promovió la criminalización y persecución judicial contra los pueblos indígenas que reclamaban a derecho? Nosotros siempre tuvimos un cobijo en la política nacional, siempre tuvimos un aliado, siempre tuvimos un lugar donde fuéramos contenidos en nuestros derechos para, de alguna manera, aminorar toda la embestida de los intereses que representan los gobiernos provinciales. Hoy esa política nacional más que ser un cobijo o un reaseguro del derecho se sienta del lado de los terratenientes y de los privados. Por lo tanto, estamos confrontando con los intereses del Estado Provincial y el Estado Nacional.
-Más allá de estos casos, ¿cómo es la convivencia en términos generales entre las comunidades y las empresas que operan en Vaca Muerta?
-Es una relación traumática, porque el fracking que se vino a instalar acá hace 11 años es una tecnología criminal prohibida en numerosos países, sobre todo países del primer mundo, por el impacto que genera en cuanto a movimientos sísmicos, acumulación de basura petrolera, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, destrucción de todo lo que es vida natural. Solamente se permite acá porque, bueno, este es el cuarto mundo donde todo está permitido. Entran las empresas multinacionales, muchas de las cuales no pueden operar en su país por esta restricción que hay, llegan acá y tienen todas las prebendas que se les puede dar. Entonces, la cuestión de la seguridad de la población local, la comunidad mapuche, los crianceros, los criollos y la cuestión ambiental es un tema de segundo, tercero o cuarto orden. Así está planteado el juego.
– ¿Se desarrollaron en Neuquén consultas informadas a las comunidades, como indica la Constitución?
– El derecho a la consulta es uno de los más violentados desde su establecimiento en una ley nacional del año 92. Imaginate, te estoy hablando de una ley que tiene más de 30 años, la Ley 24.061, que es la que ratificó el convenio 169 de la OIT. Después, posteriormente, el gobierno de De la Rúa la ratificó en Ginebra. Se comprometió a aplicarla desde el año 2000. Han pasado 24 años y no tiene aplicabilidad porque no hay voluntad política ni de los gobiernos ni de los tribunales de hacerlo. Nosotros, luego de muchísima movilización, convertimos la consulta en ley el año pasado en la provincia. Pero no hemos logrado un solo caso de aplicación, porque hay una decisión política de sostener que la consulta entorpece, que pone palos en la rueda al desarrollo, que necesitamos darle libertad a los inversionistas para que revienten la tierra. Esa es la lógica que utiliza hoy el gobierno provincial del Neuquén, que viene violando hace un año el derecho a la consulta.
-Hace unas semanas el Ministerio de Seguridad anunció la creación de un comando de fuerzas unificadas en Vaca Muerta para defender la producción. ¿Hay nueces o puro ruido?
-Nosotros estamos en alerta, porque cuando Bullrich habla de reprimir y de matar en defensa de este modelo neoliberal extractivista, lo tomamos muy en serio porque demostró que está dispuesta a matar. Es una potencial homicida, por lo tanto hay que tomarla en serio. Y están ya ensayando acá en Vaca Muerta. Hace diez días, un operativo de Gendarmería conducido por una jueza federal, quiso ingresar al territorio comunitario de Campo Maripe para hacer una explotación y la comunidad se lo impidió. Inmediatamente YPF exigió la intervención de Gendarmería. La jueza decidió no permitir la actuación de Gendarmería, pero aplicó una multa a la comunidad de 100.000 pesos por cada día que impida a la empresa ingresar a trabajar. La comunidad no va a dejar entrar a la empresa hasta que no se aplique la consulta. Estamos en este momento prestando mucha atención, porque de la acción civil que implica la multa, pueden pasar a la Justicia penal, que permite el desalojo y la cárcel para aquellos que obstruyan ese posible desalojo. Entonces nosotros lo que estamos notando, es que están ya haciendo pruebas de ensayo para ver cómo, en algún momento, entran por la fuerza.
Enlace a la entrevista completa:
https://www.youtube.com/watch?v=SFlLrXu3ND8&t=185s
El poder judicial no ve a los árabes en Río Negro
Una empresa emiratí cuenta lo que calla el Estado de Río Negro. Construcciones VIP en tierras rurales en conflicto con el pueblo mapuche-tehuelche.
Por Susana Lara
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
Una firma de capitales árabes con sede en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), realizó el proyecto y obras de infraestructura del coto de caza mayor en la zona del río Alto Chubut, provincia de Río Negro. Uno de los directivos de esa empresa, de nacionalidad emiratí, es titular del fideicomiso propietario de la tierra rural donde se emplazó ese coto, que se superpone con el territorio tradicional mapuche-tehuelche reivindicado por comunidades de la zona.
Emirates Stallions Group (ESG) es una empresa holding que opera en los sectores inmobiliario, construcción e inversión. Su consejo directivo está presidido por Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, uno de los inversores extranjeros que compraron tierras rurales en la Patagonia a través de Hugo Alberto Barabucci, entre otros argentinos que constan en las operatorias de compra venta. Al Dhaheri es controlante principal del fideicomiso Amaike, propietario de un grupo de firmas en las que interviene Barabucci como directivo, no como inversor, siempre en “gestión de negocios”, como consta en numerosa documentación oficial del Estado rionegrino.
Aún así, el poder judicial local reconoce a Barabucci como presunto propietario de 14.000 hectáreas en una causa penal iniciada el año pasado contra cinco mapuches por presunta usurpación de esas tierras rurales de alto valor medioambiental. Esa decisión la ratificó una Cámara de Bariloche hace menos de un mes en un fallo, que inmediatamente notificó a varios organismos públicos.
Matar Suhail Al Yabhuni Al Dhaheri, mano derecha de Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero del emirato Abu Dhabi, según la prensa europea.
Construcción VIP en territorio mapuche
La obra del coto de caza en Rincón del Diablo -como se conoce tradicionalmente al cañadón sobre el primer tramo del río Foyel- es responsabilidad de Royal Architect Project Management Company (RAPM), subsidiaria de ESG dedicada a la arquitectura y gestión de proyectos hoteleros y residenciales.
En Argentina realizaron cinco proyectos publicitados en su página web institucional, dos están emplazados dentro del predio en conflicto con dos comunidades mapuche-tehuelche junto al río Alto Chubut, según nuestro conocimiento del lugar. Los otros tres están sobre el tramo final del río Foyel, en el paraje El Manso. Todos en la zona andina de Río Negro.
Según la empresa, el proyecto hunting lodge enclosure (coto de caza cerrado) se finalizó en 2019, consta de tres residencias para huéspedes y un lago artificial en 24.110 hectáreas. El Ministerio Público Fiscal y Barabucci acusan a dos personas de la Lof Cayunao y a tres hermanos de la Kom Kiñé Mu (KKM) de usurpar 14.000 hectáreas de ese bloque.
El borde sur y sureste es el espacio en conflicto, ya que los alambrados comunes y de tipo olímpicos impiden el libre tránsito hacia y en las tierras mas altas, de generosa pastura natural en verano, imprescindible para el ejercicio del ciclo de la ganadería trashumante que realizan las familias mapuches tradicionalmente en ese lugar.
La información empresaria otorga por primera vez la magnitud de la intervención humana en el territorio que se mantenía prácticamente intacto hasta hace menos de quince años, según nuestro seguimiento del caso. Además, articula información dispersa previa. Una empresa constructora de El Bolsón fue contratada por 4,5 millones de dólares por Manzil SA (de Barabucci) para realizar tres residencias en piedra, cuyas fotos ahora publica RAPM y reproducimos aquí.
Del análisis de las imágenes satelitales
que realizó en 2019 Javier Grosso para la investigación del caso surgía
importante movimiento de suelo y tuberías de gran tamaño junto al río y en el
acceso a afluentes de alta montaña, en la zona del Cañadón del Diablo. Ahora
podemos suponer que tiene relación con el lago artificial que realizaron, como
informan en la página web. Al mismo tiempo, con el respaldo judicial lograron
cercar el acceso a tres lagunas de altura, una de ellas sitio de ceremonia
tradicional y, por lo tanto, de invaluable importancia espiritual para el
pueblo mapuche.
Pampa argentina
La publicación institucional de la empresa emiratí no precisa los lugares de sus obras. Sólo los identifica como emplazados en la “pampa” argentina. Las fotografía y reseñas son más que suficientes para cotejarlos con la documentación disponible, que nos permite asegurar su ubicación precisa.
Además del coto de caza, ya desarrolló el casco principal de estancia Las Marías, en el paraje El Manso sobre la margen sur del tramo final del río Foyel. Allí construyeron cuatro residencias principales en 729 hectáreas.
Sobre la costa del Foyel, unos diez kilómetros al oeste, hacia la Cordillera de los Andes, sigue en construcción el proyecto Villa Estancia, un complejo de unidades destinadas al turismo en 679 hectáreas sobre un estanque artificial ganado al río. También destaca la construcción de la residencia Tornero, tomando el apellido de la familia propietaria del lugar a la que el fideicomiso Amaike le compró la tierra hace unos pocos años atrás.
Imagen destacada: “Las Marías” (todas
las imágenes fueron extraídas de la web de ESG)
En consonancia con el voto en la ONU, cae el presupuesto del Instituto de Asuntos Indígenas
El voto contra la protección de los
derechos de las comunidades indígenas ante Naciones Unidas va en línea con una
política que se aplica desde hace meses a nivel interno, afirman instituciones
que defienden los derechos de estas colectividades. El presupuesto del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para 2025 refleja esta situación, ya
que crecerá cuatro puntos por debajo del 18,3% de inflación previsto por el
Gobierno para ese año. Como parte del ajuste, también se dispuso el traspaso de
funciones a las provincias.
Agustina Bordigoni
23-11-2024 23:30
Perfil
Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que pretendía garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia, la preservación de las culturas y el medio ambiente. La postura del país en el exterior va en consonancia con la política local y se refleja en el proyecto de Presupuesto para 2025. Si se aprueba, el monto asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) crecerá un 14% para ese año, cuatro puntos porcentuales por debajo de los cálculos más optimistas sobre inflación. El recorte presupuestario de 2024 derivó en la eliminación de las funciones del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), que se encarga de tramitar las personerías jurídicas. Ahora esa responsabilidad caería en las provincias, aunque no hay plazo ni especificaciones sobre cómo sería ese traspaso.
El INAI, según explica el mismo proyecto que trata actualmente el Congreso, es un organismo descentralizado que tiene la función de implementar políticas “que hagan efectivos los derechos de la población indígena y sus comunidades, tales como la problemática del acceso a la tierra, la promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad en sus distintas dimensiones, la prevención y abordaje de conflictos que involucran a comunidades indígenas, y el desarrollo de acciones para el acceso a derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales”. Algunas de esas cuestiones estaban presentes en el documento que Argentina rechazó en la votación ante la ONU, que además mencionaba que los pueblos originarios debían participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que pudieran afectar sus derechos o tuvieran un impacto en sus territorios y recursos naturales.
Es precisamente en este sentido que distintas organizaciones entienden que esta decisión va en línea con el recorte presupuestario, que pasará de los $ 4.696 millones en 2024 a los $ 5.374 millones en 2025, muy por debajo de cualquier estimación acerca del comportamiento de los precios para el año entrante.
Entre otras medidas, el Instituto planea delegar la función del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) a las provincias. Ese registro era hasta ahora el encargado de otorgar personería jurídica a las colectividades, lo que en la práctica les garantiza el acceso a los derechos. Pero el Gobierno decidió, a través del INAI, que se suspendan los trámites en curso y que no se inicien nuevos hasta tanto no se constituyan registros provinciales dedicados a ese fin.
“La resolución del INAI habla de instar a las provincias a conformar espacios de diálogo para ver cómo se llevarían adelante los registros locales. No hay especificación sobre qué procedimiento se va a aplicar, cuál va a ser el plazo, o cuál es la metodología de trabajo”, explicó a PERFIL Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena de identidad quechua-kolla de la Asociación Xumek.
La personería jurídica no debería ser condición para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, pero en la práctica lo es. “Esto se ha tergiversado y, entonces, si la comunidad indígena no tiene personería jurídica no se le reconocen ciertos derechos”, agregó. “La derogación del Renaci no es algo menor para las comunidades. Hay mucha judicialización, en particular en relación a sus derechos territoriales. Pero también, lastimosamente, hay muchas causas penales”, detalló Alancay. La falta de personería jurídica las deja no solamente desprotegidas frente a estas causas sino también con menos fuerza a la hora de ser reconocidas como interlocutoras válidas en las negociaciones sobre emprendimientos que podrían poner en peligro sus territorios.
“El ajuste presupuestario es la excusa. Detrás hay un Estado que acaba de festejar el día de la raza”, opinó. “Está ese otro lado que no se puede desprender respecto a lo que incomoda, molesta: no son los pueblos indígenas en general, sino algunas comunidades en particular por el lugar en donde se encuentran”, explicó.
“Los dos grandes problemas que tienen las comunidades son, por un lado, los conflictos territoriales y, por otro, la temática de la representación social en el conjunto en la sociedad. Pero el conflicto más urgente es el territorial”, detalló a este medio el abogado Adán Costa, docente universitario y presidente de la Comisión de Derecho Indígena Latinoamaricano e Interjuridicidad del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.
Costa acompaña legalmente a comunidades en procesos de desalojo. “En los últimos meses se dieron algunos casos de resonancia como el del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, o el de los juicios penales que se dieron en la comunidad Winkul Mapu, en San Carlos de Bariloche, en donde, además del desalojo también hay –y esto es un tema muy peligroso–, acciones de tipo penal, procesos penales en contra de quienes intentan resistir en sus propias comunidades”.
Diferentes asociaciones advirtieron en un comunicado que la ley 26.160, que protege a las comunidades de estas situaciones, no sería prorrogada en 2025. Se trata de una normativa de emergencia cuyo plazo se extendió en cuatro oportunidades.
“Si bien tenía sus deficiencias, la ley declaraba la emergencia territorial de todas las comunidades indígenas del Estado argentino”, afirmó en este sentido Paula Alvarado Mamani, perteneciente al pueblo kolla y abogada. “Prohíbe los desalojos a estas comunidades y obliga al INAI a llevar adelante un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios indígenas”.
Mamani destacó que la eliminación del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también implicaron un recorte hacia las comunidades: “en esas instituciones había un tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas teníamos un lugar al cual recurrir”, sintetizó.
“Antes de asumir, la vicepresidenta Victoria Villarruel decía que la ley 26.160 debía derogarse porque atenta contra el derecho de la propiedad privada en favor de ‘falsos indios’ o ‘pseudo mapuches terroristas’”, señaló por su parte Angélica Mendoza, del equipo de pueblos originarios de la asociación Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Lo cierto, afirmó, es que “sin la ley, los intereses de empresas extractivas o inmobiliarias podrían desalojar a las comunidades de los territorios a su antojo”.
“Desde que asumió este gobierno comenzó con su tarea de desfinanciar el INAI. Eliminaron áreas importantes del organismo y reconocieron que no se completarán los relevamientos de comunidades indígenas del país. Sólo quedarían los que ya se hicieron”, sintetizó.