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Argentina: Legislación Nacional sobre el Patrimonio Monumental



Argentina: Legislación Nacional sobre el Patrimonio Monumental

ARGENTINA… VILTIPOCO10000: AGOSTO 10 DE 2012


Ley Nacional Nº 12.665
Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos


El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley

ARTÍCULO 1.- Créase la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación – Decreto N° 22 de Diciembre/81), integrada por un presidente y diez vocales, que ejercerán sus funciones con carácter honorario y serán designados por períodos de seis años, pudiendo ser reelectos.

La Comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.

ARTÍCULO 2.- Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta Ley a la custodia y conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico – artístico a los efectos de la expropiación; o se acordará con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines patrióticos de esta ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará al propietario en su caso.

ARTÍCULO 3 bis.- Ante iniciativa presentada en el Honorable Congreso de la Nación para establecer por ley lugar histórico, monumento histórico o monumento histórico artístico a un inmueble ubicado en cualquier jurisdicción del país, la Comisión competente en el tema, deberá convocar en forma directa y a título consultivo, a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. (C.D.Nº 82/92)

ARTÍCULO 4.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, hará la clasificación y formulará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las oportunidades convenientes con la aprobación del Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional. En el caso de que los inmuebles históricos sean propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión Nacional cooperará en los gastos que demande la conservación, reparación o restauración de los mismos.

ARTÍCULO 4 bis.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos designará los expertos que juzgue convenientes para evaluar los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del monumento o lugar indicado. Estos deberán expedirse respecto de los mismos en un plazo máximo de sesenta (60) días, a partir de concretada la convocatoria y su opinión formulada por escrito y refrendada por las autoridades de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, se presentará ante la Comisión parlamentaria que hubiere solicitado su participación. Esta consulta no será vinculante. (C.D.Nº 82/92)

ARTÍCULO 5.- Ningún objeto mueble o documento históricos podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar intervención a la Comisión Nacional y ésta hará las gestiones para su adquisición cuando sea de propiedad de particulares y considere conveniente tales gestiones por razones de interés público.

ARTÍCULO 6.- Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional, estarán libres de toda carga impositiva.

ARTÍCULO 7.- La Comisión Nacional está facultada para aceptar herencias, legados y donaciones, con las formalidades de la ley.

ARTÍCULO 8.- Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamiento, destrucción, transferencias ilegales o exportación de documentos históricos, serán penadas con multas de $ 1000 a $ 10000 moneda nacional siempre que el hecho no se hallare previsto por el artículo 184, inciso 5º. del Código Penal.

ARTÍCULO 9.- El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario, estableciendo las funciones de la Comisión Nacional ; la superintendencia de los museos históricos, de carácter cultural, docente y administrativo; mención de las publicaciones a su cargo; provisión de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes de historia argentina y americana; designación de delegados locales con residencia en los lugares respectivos, pertenecientes a los museos históricos u otras instituciones; formación de sociedades o patronatos para la cultura de conservación y restauración de los lugares y monumentos históricos.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de setiembre de 1940.

R. PATRÓN COSTAS
Gustavo Figueroa
Secretario del Senado


CARLOS M. NÖEL
L. Zavalla Carbó
Secretario de la C. de DD.


Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, 8 de octubre de 1940. Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional.

Castillo
Guillermo Rothe




Decreto Reglamentario N° 84.005/41 de la Ley Nacional Nº 12.665
Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
 (Texto ordenado y actualizado al 30 de enero de 1993)


Buenos Aires, 7 de febrero de 1941.

Atento a lo dispuesto por el Art. 9º de la Ley Nº 12.665;

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1: La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos -dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación), ajustará su funcionamiento al siguiente reglamento:

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCION DE LA COMISION

Artículo 1:

La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Ministerio de Cultura y Educación), tiene se sede en la Capital Federal y estará constituida por un Presidente que representa a la Comisión en todos los actos públicos, y diez vocales designados por el Poder Ejecutivo con carácter honorario, por períodos de seis años pudiendo ser reelectos.

El Presidente, los vocales, los delegados y los asesores consultos constituyen la corporación de miembros ad-honorem técnico-docente que contará, para el desempeño de su misión y la atención de los museos de su jurisdicción, con el personal administrativo que se le asigne.

Fijar el 4 de abril de 1983 como fecha de vencimiento del período de ley a que se refiere el Artículo 1 de la Ley Nº 12.665 y la misma fecha, cada seis (6) años, para los períodos subsiguiente. (Texto modificado por: Decreto Nº 6.807/46, Decreto 1.604/78 y Decreto Nº 547/83).

CAPITULO II

DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 2:

Tiene las siguientes atribuciones:

1. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

2. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

3. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

4. Hacer la clasificación y formular la lista de monumentos, lugares, inmuebles o muebles y documentos del dominio privado de particulares, que considere de interés histórico o histórico-artístico y ampliarla en las oportunidades convenientes, todo con aprobación del Poder Ejecutivo.

5. Convenir con los respectivos propietarios el modo de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración de esos bienes.

6. Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de los lugares, monumentos, inmuebles, muebles y documentos del dominio privado de los particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico, a los efectos de la expropiación.

7. Llevar el Registro y Clasificación de los monumentos, lugares, inmuebles históricos o histórico-artísticos situados en la República.

8. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

9. Dictar las instrucciones generales y especiales para la custodia, conservación, refacción y restauración de los monumentos, lugares, inmuebles y muebles históricos o históricos-artísticos, a que se refiere el inciso 3 de este artículo.

10. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

11. (Texto modificado por Decreto 30.389/45 y derogado por Decreto 1.392/91)

12. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

13. Proyectar el presupuesto anual de la Comisión Nacional, de los museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva.

14. Convenir con la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional del Ministerio de Educación, con el Servicio Nacional de Arquitectura de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas o con cualquier organismo técnico competente, las refacciones y restauraciones que se efectúen en los inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservación y revisar los planos de las obras a ejecutarse para aconsejar las modificaciones que estimare necesarias o convenientes desde los puntos de vista histórico o histórico-artísticos. (Texto modificado por Decreto 1.604/78).

15. Acordar con la Secretaría de Estado de Deportes y Turismo del Ministerio de Acción Social o con cualquier otro organismo competente, la fijación de letreros instructivos sobre los lugares históricos y todos los medios conducentes a promover el desenvolvimiento cultural o histórico del turismo.

En lo sucesivo no se colocarán en los edificios públicos de la Nación ni en los templos y monumentos declarados históricos, placas conmemorativas y otros objetos permanentes que no hayan sido autorizados por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, debiendo en los demás casos conservarse los mismos en el Museo Histórico Nacional. (Texto modificado por: Decreto 31.454/45 y Decreto 1.604/78).

16. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente, al Secretario, al Prosecretario y demás autoridades que estimase conveniente para cumplir sus fines técnico-docentes.

Distribuir las actividades de la Comisión Nacional en Subcomisiones internas, integradas por no menos de tres (3) miembros y delegar en uno o más de sus integrantes determinados cometidos especiales, así como nombrar asesores consultos en las distintas disciplinas vinculadas con las funciones y atribuciones de la misma. (Texto modificado por Decreto 1.604/78).

17. Formar Subcomisiones o designar delegados locales en cada una de las provincias y territorios nacionales, con las facultades que se le asignen.

18. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

19. Solicitar directamente de las autoridades nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas las informaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

20. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

21. Constituir patronatos para acrecentamiento de la cultura histórica y de los bienes histórico-artísticos.

22. Organizar las conferencias de delegados con la Comisión Nacional y exposiciones en distintas ciudades de la República.

23. (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

24. Aceptar herencias, legados y donaciones con las formalidades de la ley.

25. Dictar su Reglamento Interno.

26. Asesorar a los Poderes Nacionales y Municipales en la nomenclatura de las calles de Buenos Aires y en los nombres históricos de los pueblos.

27. Mantener relaciones de cooperación en la labor con la Academia Nacional de la Historia y la Academia Nacional de Bellas Artes, para la realización de los fines de la Ley Nº 12.665 y de este reglamento.

28. Supervisar las actividades de la Escuela Nacional de Museología de su jurisdicción y aprobar y fiscalizar los planes, programas y desarrollo de los cursos. (Texto incluido por Decreto 1.604/78).

29. Proponer al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura, el nombramiento de sus integrantes:

a) en caso de licencia e impedimento, por el tiempo que duren los mismos, y en el de renuncia o fallecimiento hasta completar el período de ley; ambos dentro de los dos (2) meses;

b) en caso de término de los mandatos, con anterioridad a tres (3) meses del vencimiento.
En el caso del inciso b) los miembros integrantes continuarán en sus funciones hasta tanto se pronuncie el Poder Ejecutivo Nacional. (Texto incluido por Decreto 2.560/80).

30. En ausencia del presidente, ejercerá tales funciones el vicepresidente. Si la situación fuere por renuncia o fallecimiento, deberá ser comunicada con arreglo a lo establecido en el apartado a) del inciso 29. (Texto incluido por Decreto 2.560/80).

CAPITULO III

DEL REGISTRO DE BIENES HISTORICOS

Artículo 3:

El Registro de los bienes históricos e histórico-artísticos comprenderá los bienes que se encuentren dentro de la jurisdicción territorial de la República y serán clasificados en la forma siguiente:

1. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la Nación.

2. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que no se hayan acogido a la Ley Nº 12.665.

3. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que se hayan acogido a la Ley Nº 12.665.

4. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en las Provincias que no se hayan acogido a la Ley Nº 12.665.

5. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en las Provincias que se hayan acogido a la Ley Nº 12.665.

6. Monumentos y Lugares Históricos del dominio del Municipio de Buenos Aires.

7. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la iglesia católica.

8. Bienes existentes en los museos públicos y privados y en los establecimientos de la iglesia católica. Estos bienes serán sub-clasificados de acuerdo a las instituciones que los posean:

a) bienes de museos nacionales;

b) bienes de museos provinciales;

c) bienes de museos municipales;

d) bienes eclesiásticos;

e) bienes de museos privados.

9. Bienes muebles de particulares de interés histórico o histórico-artísticos.

Artículo 4:

A los efectos de la formación del Registro facúltase a la Comisión Nacional para solicitar de las autoridades públicas provinciales, municipales y eclesiásticas correspondientes la nómina de los bienes históricos e histórico-artísticos que poseen en sus museos u otros establecimientos o, en su caso, en las iglesias, capillas, colegios y conventos.

Artículo 5:

La Comisión Nacional, a los efectos de la formación del Registro y en lo relacionado con los monumentos y lugares históricos e histórico-artísticos situados dentro de la jurisdicción territorial de la República, procederá de oficio a levantar el censo general de los mismos de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 3º.

Artículo 6:

Los bienes inscriptos en el Registro no pueden salir de la jurisdicción territorial de la República ni ser enajenados ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional, a cuyos efectos se comunicará el Registro a la Administración Nacional de Aduanas. Los escribanos públicos no podrán autorizar ninguna transferencia de dominio en el Registro sin la previa comunicación y aprobación de la Comisión Nacional. (Texto modificado por Decreto 1.604/78).

Artículo 7:

En la inscripción en el Registro de un monumento, lugar o inmueble se hará constar circunstancialmente la situación, superficie, linderos, estado de conservación, titular del dominio, tasación aproximada, en su caso, antecedentes históricos y los motivos que fundamentan la inscripción. La inscripción de muebles y documentos deberá contener los datos de las correspondientes fichas de acuerdo con los inventarios de los museos o con las constancias de las informaciones respectivas.

CAPITULO IV

DE LOS BIENES PRIVADOS DE INTERES HISTORICO O HISTORICO-ARTISTICO

Artículo 8:

Declarado Monumento Histórico un bien de interés histórico o histórico-artístico, la Comisión Nacional convendrá con el titular del dominio o sus representantes legales, el modo de asegurar su conservación y demás finalidades de la Ley. Todo convenio a este respecto, tratándose de bienes de particulares, será reducido a escritura pública por ante el Escribano Mayor de Gobierno. Los bienes de la Iglesia Católica, de las Provincias y Municipalidades declarados históricos quedan eximidos de esta formalidad. (Texto modificado por Decreto 144.643/43)

Artículo 9:

En caso de considerarse necesaria la expropiación del bien por causa de utilidad pública, la Comisión Nacional formará expediente con los recaudos que se establecen en el artículo 7 del presente reglamento y lo elevará a resolución del Poder Ejecutivo.

Artículo 10:

La obligación que asume el titular del bien histórico o histórico-artístico declarado de utilidad pública, comprende también la de permitir su refacción o restauración por cuenta de la Nación y la del acceso general fundado en el interés público desde el punto de vista de la historia o del arte.

Artículo 11:

En el caso de que la conservación del bien histórico o histórico-artístico implicase una desmembración del dominio (servidumbre administrativa), la Comisión estipulará con el titular o su representante legal y "ad-referendum" del Poder Ejecutivo, la indemnización correspondiente, a cuyo efecto se abrirá expediente informativo . El respectivo decreto será reducido a escritura pública por el Escribano Mayor de Gobierno.

CAPITULO V

DE LA CUSTODIA Y CONSERVACION DE LOS BIENES HISTORICOS E HISTORICO-ARTISTICOS

Artículo 12:

La Comisión Nacional tiene a su exclusivo cargo la custodia, conservación, refacción y restauración de los bienes del dominio de la Nación inscriptos en el registro y en concurrencia con las autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas, cuyos órganos legales se hayan acogido a la Ley Nº 12.665, sobre los bienes del dominio provincial, municipal y eclesiástico, inscriptos en el mismo.

Artículo 13:

Los bienes históricos o histórico-artísticos de la jurisdicción exclusiva o en concurrencia, no pueden ser sometidos a refacción ni restauración, ni destruidos en todo o en parte, ni enajenados, ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional (Artículo 4, Ley Nº 12.665). En el caso de que dichos bienes sean del dominio provincial, municipal o eclesiástico, la Comisión Nacional -previa autorización del Poder Ejecutivo- cooperará en los gastos que demande la conservación, refacción o restauración de los mismos.

CAPITULO VI

DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS

Artículo 14:

Los documentos históricos no pueden salir de la República, ni ser enajenados, ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional. En el caso de que los documentos históricos sean de propiedad de particulares, facúltase a la Comisión Nacional para realizar las gestiones necesarias para su adquisición, siempre que, a su juicio, los documentos sean de interés público. la resolución de la Comisión Nacional debe ser motivada y tasados los documentos. El contrato de compra-venta debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 15:

En caso de negarse el propietario a la enajenación de los documentos, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Nacional podrá declarar su utilidad pública a los efectos de la expropiación.

Artículo 16:

Todos los documentos adquiridos por la Comisión Nacional de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, ingresarán al fondo del Archivo General de la Nación, salvo los documentos personales referentes a los museos especializados. En caso de duda, facúltase a la Comisión Nacional para dar a los documentos el destino que corresponda.

Artículo 17:

Entiéndese a los fines de la Ley Nº 12.665 como documentos históricos:

a. los expedientes, memorias, oficios, comunicaciones, mapas, cartas geográficas relacionadas como asuntos públicas y expedidos o firmados o rubricados por autoridades civiles, militares o eclesiásticas en ejercicio de sus funciones;

b. las cartas privadas que, a juicio de la Comisión Nacional, tengan un interés público desde el punto de vista histórico.

Artículo 18:

La Comisión Nacional llevará el Registro Público de donantes de los documentos y bienes históricos o histórico-artísticos.

CAPITULO VII

DE LOS MUEBLES HISTORICOS O HISTORICO-ARTISTICOS DE PROPIEDAD PARTICULAR

Artículo 19:

Los muebles de propiedad particular que a juicio de la Comisión Nacional, tengan un interés público desde el punto de vista histórico o histórico-artístico no podrán salir de la República. En el caso de transferencia de dominio o de constitución en renta, el antiguo propietario queda obligado a comunicar a la Comisión Nacional el nombre y domicilio del nuevo propietario, dentro de los diez días de la transferencia o de constitución de prenda. La transgresión a esta disposición implicará ocultamiento. Artículo 5º, Ley Nº 12.665).

Artículo 20:

La Comisión Nacional, en conocimiento de la existencia d estas clases de bienes, procederá -de conformidad a lo establecido en el Capítulo III- a inscribirlos en el Registro, comunicando por escrito al propietario dicha inscripción y las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Artículo 21:

La Comisión Nacional está facultada para gestionar de los propietarios de esos bienes su adquisición, cuando lo considere conveniente por motivos de interés público. La respectiva resolución debe ser fundada y el contrato de compra-venta sometido a aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 22:

Si el propietario se rehusase a la enajenación de esa clase de bienes, la Comisión Nacional propondrá al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública a los fines de la expropiación.

CAPITULO VIII

DE LOS MONUMENTOS HISTORICOS CONMEMORATIVOS

Artículo 23:

La Comisión Nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura, asesorará al Poder Ejecutivo Nacional con respecto a los monumentos nacionales de carácter conmemorativo y a los gobiernos provinciales y municipales, cuando se trate de monumentos conmemorativos de sus jurisdicciones, si así lo solicitaren. (Texto modificado por Decreto 1.604/78)

Artículo 24:

La Comisión Nacional asesorará a los organismos de la Administración Pública, a la Iglesia Católica y a los particulares que correspondiere, con respecto a los sepulcros declarados históricos en virtud de los restos que guarden y propondrá planes para su puesta en valor, conservación y custodia. (Texto modificado por Decreto 1.604/78)

CAPITULO IX

DE LOS MUSEOS HISTORICOS

Artículo 25:

Los Museos Históricos son instituciones docentes y técnicas cuyo objeto es investigar, reunir, conservar, custodiar y exhibir al público, en forma adecuada, reliquias y objetos del pasado histórico, con el fin de hacer conocer mejor y más fácilmente la Historia Nacional y de acrecer en los ciudadanos el amor a la Patria. (Texto modificado por Decreto 1.604/78)

Artículo 26: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Artículo 27: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Artículo 28: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Artículo 29: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Artículo 30: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Artículo 31: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)


CAPITULO X

PUBLICACIONES

Artículo 32:

La Comisión Nacional editará anualmente el "Boletín" con las colaboraciones e informaciones que sean de interés general sobre cultura histórica y las publicaciones de los monumentos y lugares históricos de la República.

CAPITULO XI

DE LA EXENCION DE IMPUESTOS

Artículo 33: (Texto derogado por Decreto 9.830/51)

Artículo 34: (Texto derogado por Decreto 9.830/51)


NOTA:

El Decreto 9.830/51 establece:

Art.1: Aclarase que la exención impositiva de que gozan los inmuebles de dominio privado u oficial comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos por imperio de la Ley Nº 12.665, alcanza a los impuestos propiamente dichos y a toda otra carga fiscal (tasa, derechos, servicios, contribuciones de mejoras etc.) de orden nacional, provincial o municipal.

Art.2: Por conducto del Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos hará llegar a los gobiernos locales la nómina d los inmuebles ubicados en jurisdicción provincial, comprendidas en su lista y clasificación oficial, a los efectos dispuestos por el art.6º de la Ley Nº 12.665. Igual información suministrará, a los mismos efectos, al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y a la Administración General de Obras Sanitaria de la Nación.


CAPITULO XII

DE LA ACEPTACION DE HERENCIA, LEGADOS Y DONACIONES

Artículo 35:

La Comisión Nacional tiene capacidad para aceptar herencias, donaciones y legados y para renunciarlo en nombre y representación del Gobierno Nacional.

Artículo 36:

Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Presidente representará a la Comisión Nacional en las gestiones administrativas o judiciales, por si o por medio de mandatario, a cuyo efecto se le faculta para conferir poderes especiales o generales.

Artículo 37:

Tratándose de herencia y legados, la Comisión, antes de presentarse en los juicios sucesorios, recabará opinión por escrito del señor Procurador del Tesoro y solicitará del Poder Ejecutivo el correspondiere decreto sobre aceptación o renuncia de la herencia o legado.

Artículo 38:

Tratándose de donación del inmuebles, la Comisión resolverá -previa opinión del señor Procurador del Tesoro- su aceptación o renuncia "ad-referendum" del Poder Ejecutivo.

Artículo 39:

Tratándose de donación de muebles, la Comisión Nacional resolverá directamente sobre su aceptación o renuncia, previo informe documento sobre el interés público histórico o histórico-artístico de la cosa donada.

CAPITULO XIII

DE LAS SANCIONES PENALES

Artículo 40:

Conforme a lo que dispone el artículo 184, inciso 5 del Código Penal, será reprimido con la pena de prisión de tres meses a cuatro años el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, una cosa mueble o inmueble y lo ejecute en archivos, registros, bibliotecas, museos u otros bienes de uso público, históricos o historico-artísticos; o en signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte, colocados en edificios o lugares públicos de la jurisdicción de la Comisión Nacional.

Artículo 41:

Será reprimido con la pena de multa de pesos un mil (1.000) a diez mil (10.000) moneda nacional, siempre que el hecho no estuviera previsto en la disposición legal transcripta en el artículo anterior, el que destruyere, ocultare, vendiere, gravare o exportare documentos u objetos históricos en violación a lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 42:

La Comisión Nacional, en conocimiento de haberse infringido lo prescripto en el artículo anterior, formulará por escrito la pertinente denuncia al Ministerio Público Fiscal que corresponda.

ARTICULO 2: Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional.



TEXTOS MODIFICADOS Y/O DEROGADOS

Artículo 2:

Tiene las siguientes atribuciones:

1. La superintendencia exclusiva sobre los bienes históricos y artísticos, museos, monumentos y lugares históricos del dominio de la Nación. (Artículo 1º, apartado 2º, Ley Nº 12.665).

2. La superintendencia concurrente con las autoridades respectivas que se acojan a la Ley Nº 12.665, sobre los bienes históricos y artísticos, museos, monumentos y lugares históricos del dominio provincial, municipal o de la iglesia católica. (Artículo 1º, apartado 2º, Ley Nº 12.665).

3. La custodia, conservación, refacción y restauración de los muebles históricos e histórico-artísticos, de los lugares, monumentos o inmuebles históricos del dominio de la Nación y, en su caso, en concurrencia de las autoridades respectivas que se acojan a la Ley Nº 12.665, sobre los del dominio provincial, municipal y de la iglesia católica. (Artículo 2º, Ley Nº 12.665).

8. Dictar los Reglamentos Internos de los Museos y establecimientos a su cargo y vigilar su funcionamiento y la realización del inventario.

10. Aplicar correcciones disciplinarias y acordar licencias a los funcionarios y empleados de sus dependencias, de acuerdo con las disposiciones en vigor, comunicando sus resoluciones al Ministerio y a quienes corresponda.

11. Proponer al P. E. el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional, de los Museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva; nombrar y remover al personal de servicio hasta la categoría de Auxiliar 8º. (Decreto Nº 30.829/45).

12. Fijar el horario de trabajo del personal y de apertura y clausura al público de los museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva.

18. Publicar una memoria anual sobre el movimiento cultural y administrativo de los museos y establecimientos de su jurisdicción exclusiva y, en concurrencia, sobre los monumentos y lugares historicos o histórico-artísticos.

20. Proveer a los institutos de enseñanza secundaria de ilustraciones para los gabinetes de historia argentina y americana y proyectar la creación y organización del Museo Pedagógico Nacional en materia histórica o histórico-artística.

23. Realizar exposiciones y disertaciones históricas en los Museos de su dependencia destinadas a las escuelas y al público.

Artículo 26: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

La Comisión Nacional ejerce la jurisdicción exclusiva en los museos historicos nacionales y en concurrencia con las autoridades respectivas que se acojan a la Ley, en los museos provinciales, municipales y de otras instituciones.

Artículo 27: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Los museos históricos dependientes de la Comisión Nacional, levantarán el inventario de todos los objetos, documentos, impresos, monedas y medallas que posean, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión Nacional.

Artículo 28: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Los museos históricos no podrán aceptar ni rechazar donaciones de objetos históricos sin resolución de la Comisión Nacional.

Artículo 29: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Los museos históricos publicarán, previa aprobación de la Comisión nacional, las guías descriptivas o ilustradas de los objetos que posean, así como también la iconografía de los hombres representativos de la historia argentina y americana, para su difusión en los institutos docentes y en el público.

Artículo 30: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Los directores de los museos históricos están obligados a elevar al Presidente de la Comisión Nacional, la memoria sobre la tarea realizada y las reformas convenientes a adoptarlo.

Artículo 31: (Texto derogado por Decreto 1.392/91)

Los directores de museos tienen facultad para suspender a los empleados de su dependencia por el término de diez días, requiriéndose la autorización de la Comisión Nacional cuando se trate de mayor término.

Artículo 33:

Los Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la Nación y del dominio de la Municipalidad e Buenos Aires quedan exentos del pago de todo impuesto (Artículo 6º, Ley Nº 12.665) – (El alcance de este artículo está aclarado por Decreto Nº 9.830 del 18 de mayo de 1951).

Artículo 34:

La Comisión Nacional comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la Municipalidad de Buenos Aires, en su caso, los inmuebles que están exonerados de cargas impositivas. El alcance de este artículo está declarado por Decreto Nº 9.830 del 18 de mayo de 1951).



Sanciones Penales

Artículo 184, inciso 5º. del Código Penal
Concordante con
el Artículo 8.- de la Ley Nacional Nº 12.665 y
el Art. 40 del Decreto Reglamentario N° 84.005/41


Capítulo VII

Daños

ARTICULO 183. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. (Párrafo incorporado por art. 10 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)

ARTICULO 184. - La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;

2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;

3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;

4. Cometer el delito en despoblado y en banda;

5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos;

6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)




Disposición 16/2007
Apruébanse las “pautas de valoración y de protección de monumentos nacionales”.

Bs. As., 28/8/2007

VISTO y considerando lo acordado en Acta de Comité Ejecutivo Nº 14/07 de fecha 19 de julio de 2007 ratificado por Acta Plenaria Nº 4/ 07 de fecha 2 de agosto de 2007, relativo a “pautas de valoración y protección de monumentos nacionales”,

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS
DISPONE:

Artículo 1º — Apruébanse las “pautas de valoración y de protección de monumentos nacionales” que como Anexo I integran la presente.

Art. 2º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. — Alberto S. J. De Paula.


ANEXO I
PAUTAS DE VALORACION Y PROTECCION DE MONUMENTOS NACIONALES

Estas pautas de protección patrimonial serán de aplicación sobre las obras arquitectónicas construidas y de existencia real, que integran el Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos, conforme a la Disposición CNMMyLH Nº 6/ 91, a los fines del ordenamiento técnico del citado Registro.

• Pautas de valoración de los monumentos histórico- arquitectónicos. Principios.

El Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico- Artísticos instrumenta la protección del patrimonio arquitectónico sobre la consideración básica de tres aspectos.

a) el interés histórico-cultural, cuya referencia hace a la afirmación de la identidad y del tejido social en que se integra, por lo que los edificios registrados no deben ser erradicados por motivos económicos. Serán de especial interés las referencias que hacen al autor del proyecto, al comitente, al hecho histórico asociado y al valor simbólico específico que asuma para la comunidad local.

b) el interés artístico-arquitectónico y constructivo, vinculado con las características inherentes a la obra propiamente dicha. Para ello se tendrán en cuenta sus características formales, espaciales, funcionales, tecnológicas, constructivas y tipológicas, el interés de su equipamiento mueble, los valores estéticos y económicos, su autenticidad, singularidad o rareza. También los valores de autoría como la jerarquía académica del arquitecto interviniente y la representatividad del área cultural a la cual pertenezca. A tales efectos se considerarán de un modo especial aquellos edificios que poseen valores irrepetibles en su especie.

c) el interés paisajístico-ambiental, referido a la relación de la obra con el entorno. A tales efectos se considerarán especialmente: los otros edificios existentes en el área inmediata, líneas, retiros y alturas, relación de espacios construidos y abiertos, vegetación, equipamiento urbano, traza urbana, usos del área, valores de agrupamiento, visuales y paisajísticos.

d) Sobre estos aspectos, se le asignará la siguiente escala, de acuerdo con el interés contemplado en cada edificio registrado:

Nivel 1: Excepcional.

Nivel 2: Muy valioso.

Nivel 3: Valioso.

Nivel 4: De escaso interés.


• Las categorías de protección del patrimonio cultural.

Se aplicarán en los edificios registrados, según el resultado obtenido con la escala descripta anteriormente.

Categoría A: obras arquitectónicas que, por sus cualidades intrínsecas, constituyen ejemplos sobresalientes en relación con la memoria histórica y su identidad y que en mérito a su estilo, época e inserción en el medio, son testimonios relevantes o casos únicos en su especie o su tipología. Su valor será de 8 a 10 puntos.

Categoría B: obras arquitectónicas que por sus cualidades intrínsecas, o su calidad de diseño, su tipología, lenguaje e inserción en el medio son ejemplos importantes con relación a la memoria histórica. También comprende obras menores de “importantes realizadores”. Su valor será de 5 a 7 puntos.

Categoría C: obras arquitectónicas que, sin poseer cualidades intrínsecas relevantes, componen conjuntos o áreas morfológicas o de singular calidad ambiental. Comprende también a aquellos que conservan algunos elementos que permiten una lectura de la obra original. Su valor será de 2 a 4 puntos.

Categoría D: comprende edificios que, debido a intervenciones inadecuadas o por falta de conservación, han perdido sus características originales en manera significativa, pero que, debido a su ubicación en el área urbana, y a través de acciones adecuadas de recuperación, pueden llegar a constituir aportes importantes a la recuperación de la memoria y la consolidación de la riqueza ambiental e histórica del entorno. Su valor será de 1 punto.


• Niveles de protección: requisitos.

Grado de Protección 1: protege los edificios en su totalidad, preservando sus características arquitectónicas, su equipamiento y patrimonio mueble, sus exteriores, su forma y cuantía de ocupación del espacio, que permitan identificarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico y monumental.

Sólo podrán admitirse intervenciones que no afecten las cualidades intrínsecas de las obras como la unidad de lectura original, bajo la supervisión de expertos y con previa aprobación de la CNMMyLH.

Grado de Protección 2: los edificios deben ser conservados sin alterar ninguna de sus partes o características esenciales. Podrán admitirse modificaciones parciales, siempre que no alteren aspectos valiosos de las obras; todo ello bajo la supervisión de expertos, y con previa aprobación de la CNMMyLH.

Grado de Protección 3: Comprende obras arquitectónicas cuyo valor arquitectónico y ambiental reside en la conformación de sus fachadas (altura, proporción de vanos, texturas, retiros, etc.) o en otra serie de componentes que según el caso se pretenda conservar.

En este grupo es prioritaria la conservación y/o recuperación del aspecto exterior edilicio que confiere a la obra valor patrimonial dentro del paisaje urbano. En todos los casos, las intervenciones se realizarán bajo la supervisión de expertos y con la aprobación previa de la CNMMyLH.

Grado de Protección 4: Comprende una variedad de obras que, como resultado de diversas intervenciones, constituyen elementos discordantes dentro de áreas homogéneas, conservando en forma parcial algunos de los rasgos que las caracterizaban (línea municipal, alturas, etc.).

Las acciones de protección se orientarán a recuperar el bien patrimonial con un lenguaje acorde a las características arquitectónicas del entorno, preservando los elementos arquitectónicos que definen su forma de articulación con el espacio exterior.

En edificios de este grado de protección, se admitirá la inclusión de diseños contemporáneos —siempre que no afecten las expresiones existentes— como aporte genuino de la época.


• Protección de la parcela.

Los grados de protección enumerados se extenderán a la totalidad de la parcela en que se encuentra situado el edificio, siempre y cuando esté dispuesto así en la declaratoria. En tal caso quedará excluida la posibilidad de segregaciones de la parcela. La protección de la parcela implica la de las especies vegetales, jardinería y parquización (incluido su equipamiento) existente sobre ella.




Fuentes:





Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo Uquía – Omaguaca
Director de  ‘CER-OMAGUACA’, ‘OBNU’ y ‘ARGOS IS-INTERNACIONAL’
…"La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"…


MI: En el Día Internacional de Pueblos Indígenas que no te llamen etnia

Una fecha preñada de racismo inocente y mistificaciones románticas

MI: En el Día Internacional de Pueblos Indígenas que no te llamen etnia

MOVIMIENTO INDÍGENA… VILTIPOCO10000: AGOSTO 09 DE 2012…

Ollantay Itzamná
Rebelión


Desde 1994, año en el que las Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diferentes lugares del mundo se conmemora esta fecha con diversas actividades folclóricas. Como en otras fechas, dichas actividades están preñadas de racismo inocente, mistificaciones románticas, y muy pocas veces expresan el sueño emancipatorio de indígenas como pueblos.

En países como Honduras, Guatemala u otros que se encuentran anclados en la zaga de la historia, a las y los indígenas se los denomina todavía como etnias o tribus. Esto, cuando las instituciones y la sociedad mestiza se encuentran de buen humor. Cuando no, pues, de vagos, sucios, ignorantes no los bajan. Aunque se visten, comen y estudian gracias al arduo trabajo invisibilizado de las y los vagos. O cosechan dólares y euros de la cooperación internacional o del turismo vendiendo los aún insondables conocimientos y aportes culturales de los ignorantes.

Los conceptos de etnia, tribu, clan, etc., acuñados por la socioantropología dominante occidental con la finalidad de afianzar la superioridad del blanco y el supuesto atraso de los indios, son altamente racistas porque asumen a las y los indígenas como piezas de museo o costales de huesos de antaño. El Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo (1987) contiene aún este enfoque.

Producto de la resistencia indígena ante la colonización, las repúblicas y la neocolonización, las Naciones Unidas, en la década de los 90 del pasado siglo, consensuó el concepto de pueblo (comunidades con historias vivas) para referirse a las y los indígenas (originarios) en el mundo. Y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contiene esta orientación ideológica, y afianza el derecho a la autodeterminación de indígenas como pueblos. Éste es el sentido genuino de la celebración del Día Internacional de Pueblos Indígenas.

Para ser pueblo indígena no es suficiente con compartir historia, idioma, espiritualidad, cultura y consanguinidad común. Ante todo, es necesario cohabitar en territorios ocupados por los ancestros desde antes de la colonia. Es decir, la condición básica para ser pueblo indígena es su sentido de pertenencia histórica a la tierra y territorio (modo de interactuar con la comunidad cósmica). Se es pueblo indígena, no sólo porque se comparte una tradición, sino porque se cohabita e interactúa en y con un territorio ancestral. De este sentido de pertenencia ancestral a la Tierra nacen las identidades indígenas. Por tanto, no cualquier comunidad cultural u organización campesina puede ser asumida como pueblo indígena.

La autoafirmación de indígenas como pueblo trastoca todos los enfoques históricos que abordaron de forma inconclusa la problemática del indio. En la colonia, desde un enfoque de la antropología creacionista, se debatió la condición humana del indígena. Teóricamente se asumió que las y los indígenas somos humanos (con derecho al Bautismo), pero el sistema colonial cristiano nos aniquiló como a no humanos. En la etapa republicana, desde un enfoque económico, se debatió que el régimen de la distribución y propiedad de la tierra era el meollo del problema del indio, pero los republicanos (liberales y conservadores) afianzaron el régimen del gamonalismo y la servidumbre indígena como combustible para mover los engranajes del sistema republicano. El mayor esfuerzo que hizo la República para con el indio (al no poder aniquilarlo) fue asimilarlo mediante los procesos de mestizaje, pero incluso en esto se aplazó.

Y así llegamos al siglo XXI, y la acelerada emergencia de diferentes sujetos colectivos indígenas que diluyen los moldes teóricos occidentales de comprensión y explicación de la realidad indígena. La cuestión indígena, hoy asumida ya no como un factor étnico, sino como una categoría sociopolítica, sacude incluso el sustento teórico del Estado nación y su democracia representativa. Los actuales procesos impulsados por los pueblos indígenas en Los Andes es una evidencia de ello.

El problema del indio no es sólo problema de tenencia de tierra, de educación o de asistencia humanitaria. El problema indígena es, ante todo, el racismo institucionalizado (edulcorado de paternalismo romántico) que trata a las y los indígenas como no sujetos o “ciudadanos” menores de edad en un Estado nación monocultural (ladinocéntrico). Además, nuestro problema está en que las y los indígenas hemos asumido la condición de indio (sumiso, conformista, miedoso, etc.), que el sistema nos ha configurado en el alma, como una realidad natural, y como el único modo de sobrevivencia. Si no levantamos la cabeza, no podremos ni ver, ni soñar con promisorios horizontes que nos depara nuestra emancipación pendiente.

Para romper este lesivo modo de vida, las y los indígenas debemos asumir nuestro derecho a la autodeterminación ya no como una opción, sino como una obligación existencial. No estamos condenados a sobrevivir eternamente como clandestinos sobre nuestra Madre Tierra. No estamos condenados a servir de combustible al Estado nación que jamás existió para nosotros. No fuimos hechos necesariamente para ser cristianos despojados. Nuestro Sur no es el ser mestizos. Devolvamos las tarjetas de identidad a los estados excluyentes y las biblias a las iglesias, y exijamos a que nos devuelvan nuestras tierras y territorios para concertar estados plurinacionales y sociedades interculturales.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo Uquía – Omaguaca
Director de  ‘CER-OMAGUACA’, ‘OBNU’ y ‘ARGOS IS-INTERNACIONAL’
…"La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"…

Convocatoria: Apoyemos la iniciativa del Fiscal Federal Dr. Antonio Gustavo Gomez

Convocatoria: Apoyemos la iniciativa del Fiscal Federal Dr. Antonio Gustavo Gomez

CONVOCATORIA... VILTIPOCO10000: AGOSTO 02 DE 2012...

LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL AMBIENTAL ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AVASALLADOS POR LA ILÍCITA SOCIEDAD ENTRE CORPORACIONES MINERAS INTERNACIONALES, LOS GOBIERNOS "PROGRESISTAS" Y SECTORES DE LA JUSTICIA QUE SO PRETEXTO DEL "PROGRESO" SAQUEAN Y DEPREDAN EL BIEN NATURAL MAS PRECIADO: EL AGUA.


Estimados Amigos:

Aquí va un artículo en línea con la idea de crear un Tribunal Internacional publicado esta semana en la Revista Ecotimes de España. Ruego críticas o comentarios, eso ayuda a instalar el tema en el periodismo europeo. Y si pueden difundirlo entre sus contactos mejor.

Dr. Antonio Gustavo Gomez
Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán
Argentina
Correo oficial: agomez@mpf.gov.ar
0381 4311765 / 4311072
Twitter: @fiscalfederal






Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo Uquía – Omaguaca
Director de  ‘CER-OMAGUACA’, ‘OBNU’ y ‘ARGOS IS-INTERNACIONAL’
…"La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"…

Delitos Ambientales: Minería y Delito

Delitos Ambientales: Minería y Delito

DELITOS AMBIENTALES... VILTIPOCO10000: AGOSTO 02 DE 2012...

xAntonio Gustavo Gómez
Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Argentina


Soy un fiscal argentino que se ha especializado durante estos últimos veinte años en la investigación de los delitos ambientales. Mi jurisdicción territorial es muy extensa – mucho más que toda España - y puede verse en nuestra página web. Allí mismo, ingresando en el link medioambiente pueden verse investigaciones y sentencias judiciales vinculadas a los delitos ambientales. Yendo al tema que nos ocupa, verán también delitos vinculados a la minería que por su gravedad son de competencia federal. Tal vez el más emblemático sea el Caso La Alumbrera y el más doloroso sea el Caso Abra Pampa, donde cerca del 80% de los niños sufren graves problemas de salud por la plombemia provocada por los residuos de escoria de plomo causados por una mina cercana.

Y es que la explotación de minas a cielo abierto es una fuente inagotable de delitos ambientales y, consecuentemente, contra la administración pública. Tan íntima vinculación surge por dos razones. Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y, habitualmente, quienes promocionan la industria minera en el ámbito del Poder Ejecutivo son los mismos a los que se les encomienda el control de la contaminación. Dicho de otra manera: El zorro puesto a cuidar el gallinero. Lamentablemente, estas conductas dejan al Derecho sin alternativa. La acción penal, que es la última opción en una sociedad organizada es el único instrumento que nos queda.

Un Derecho Penal Ambiental

Por cierto, que los que descartan estas acciones, descartan también la importancia de los ecosistemas en muchos de los cuales ni siquiera puede preverse la posibilidad de la vida humana. En este marco, por ejemplo, puede asumirse una explotación minera a cielo abierto en una altitud de cuatro o cinco mil metros de altura, como ocurre en la Cordillera de Los Andes. Es una concepción antropocéntrica, donde el eje es la salud humana, negando así la protección del ambiente allí donde hoy no está habitado o pueda ser habitable. El hombre no puede comportarse frente a él con prescindencia de su sentido en este planeta. Quienes heredamos la cultura de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, comprendemos que la naturaleza – cualquiera fuese su espacio y tiempo- es una vida concreta de la que se depende. Es por ejemplo, la madre tierra o Pachamama. Ese patrimonio natural no es solo del hombre. De allí que el paradigma que se enseña hoy en nuestras universidades es obsoleto. La ligazón directa entre el delito ambiental y la salud humana es todo un obstáculo que debe vencerse en las universidades españolas y de América Latina.

El fundamento de la responsabilidad penal en un delito ambiental es la ejecución típica, antijurídica y culpable que trastorna de modo perjudicial el ambiente, pero que por sus características especiales es de compleja aplicación cuando se hace el intento en lo que alguna vez llamamos una acción penal débil.

No es éste un espacio apropiado para profundizar cada característica de estos delitos por lo que prefiero mencionar algunos de sus rasgos más importantes.

A) Norma Penal en blanco; La Remisión

La descripción de una conducta nociva para el ambiente requiere detalle. El caso contrario resulta inaplicable. Es allí donde los legisladores recurren a complementar o remitir la ejecución del tipo -o parte de él- a una norma de carácter administrativo.

Y es que cuando de ecología se trata, el concepto técnico constituye el elemento relevante, y de incluirse en la ley penal no tendría la flexibilidad que el avance de los tiempos impone para proteger el planeta. ¿Se imaginan detallando en una ley cuando los niveles de contaminación pueden o no constituir una infracción penal? Más aún cuando en un caso como la minería, permanentemente se está descubriendo y exigiendo menos niveles de exposición a los metales pesados. Claro que esta remisión debería contar con un límite jerárquico por debajo del cual no resulta posible la referencia. Por ejemplo, en Venezuela, a partir de 1976 la Ley Orgánica del Ambiente exige que en caso de complementación para determinar la conducta punible, ésta deberá constar en una Ley o Decreto del Poder Ejecutivo (art 135).

Aún cuando este reenvío a normas administrativas resulta muy criticada por buena parte de la doctrina penal tradicional -en tanto y cuanto se pondría en riesgo el principio de legalidad- con  una  adecuada técnica legislativa el riesgo no existe. De hecho en todos los códigos penales de América Latina existen este tipo de normas que han merecido una recepción pacífica en la jurisprudencia.

Una de las razones que generan apoyo en torno a esta remisión o reenvío es que de utilizarse términos como “riesgo  relevante” sin especificar de qué se trata, el derecho penal ambiental sería subordinado al derecho administrativo, ya que la norma administrativa podría autorizar conductas contrarias al espíritu del legislador. Por el contrario, la remisión permite la independencia del derecho penal respecto del  administrativo cuando la conducta es señalada por el tipo y la integración se reduce, por ejemplo, a un límite químico reconocido por normas internacionales. La norma administrativa pasa a ser un indicador pero no tiene la preponderancia suficiente para sostener la atipicidad.

B) La criminalidad organizada o la teoría del dominio del hecho

Otro de los aspectos centrales del Derecho Penal Ambiental es que se dirige a castigar conductas nacidas en una forma empresarial delictiva. La variable de ajuste en las formulas econométricas en negocios multinacionales ya no es el salario del trabajador, sino la posibilidad de contaminar el ambiente. En el negocio de la minería, por ejemplo, es impensable que una empresa europea reciba autorización para explorar una mina a cielo abierto en Los Alpes, con las características que se presentan a lo largo de toda América del Sur y Centroamérica. No sólo contaminan el ambiente, sino que además hacen una expoliación irracional de recursos como el agua o los glaciares andinos. Estos negocios no son posibles sin contar con la debilidad característica de los gobiernos latinoamericanos.


Como bien no enseña el Dr Raúl de los Ríos, Fiscal Supremo de Perú, las “ecomafias” han adquirido dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas en cuanto a la gama de productos que se transa y a los distintos niveles de participación. Esto es: producción, intermediación, venta, etc. Siguiendo este sentido e innovador concepto se ha involucrado en el proceso de “compra” distintos aspectos: la licencia Social, capitales financieros, infraestructuras, mercados, ausencia de políticas, exceso de normas ambientales incumplidas que generan apariencias, y, por qué no, medios de comunicación, ONG, etc.

El problema de las ecomafias es sin dudas el modelo más claro de cómo la contaminación produce pingües réditos. En oportunidad de visitar Nápoles como observador internacional solicitado por el Coordinamento Regionale Rifuti (Coreri) confirme lo expuesto: Bajo la velada fórmula de enterramientos ecológicos de residuos o la producción de “ecobolas” para su posterior incineración se esconde el tráfico de residuos más escandaloso de Europa. La antigua “campania felix” conocida así por la fecundidad de la tierra es hoy el basural industrial del norte y centro de Italia con la protección directa del gobierno italiano que ha declarado secreto militar el tratamiento de estos residuos y zona militar restringida las áreas destinadas a los residuos. La confesión de un capo mafia –L´ espresso del 18-09-2008- vincula directamente a funcionarios de gobierno en el tráfico. ¿Cómo enfrentar estos mega delitos ambientales? ¿Son suficientes las leyes antimafia o las que tipifican asociaciones ilícitas? Evidentemente no. Desde 1987 hasta la fecha, en Italia el mejor negocio es el “rifiuti”.

La propuesta es utilizar el Derecho Penal Ambiental como alternativa a las figuras clásicas que pueden englobarse bajo el término del dominio del hecho, que resulta un instrumento válido cuando se oculta tras el velo de una persona jurídica quienes lucran con la contaminación ambiental. “El vínculo o nexo que surge de la relación persona jurídica- representante no puede ser ignorado, al aparecer manifiestamente establecido que el representante actúa en gestión de la primera” (Delito Ambiental, Jorge Franza, pag.24, Editorial Ediciones Jurídicas). Por ello, y no sin resistencias provenientes de la doctrina penal tradicional, la mayoría de los delitos ambientales tipificados en la legislación latinoamericana incorporan la responsabilidad penal de los directivos de las personas jurídicas ante el deber de control sobre las fuentes de peligro contaminante que presupone un delito ambiental. Muchos catedráticos españoles reclaman la existencia de dominio efectivo, pero ello obstaculiza la llegada a los verdaderos directores de estas conductas mafiosas. Intentar desentrañar la estructura interna empresarial de una empresa minera multinacional que desdibuja el esquema de responsabilidades penales es una de las mejores estrategias para nunca alcanzar una condena. Por ello basta con acreditar la calidad de integrantes de un cuerpo directivo- incluido los síndicos- para imputarle la conducta jurídicamente desaprobada en cualquier figura típica penal ambiental.

C) Un delito de peligro    

La teoría de los delitos de peligro supone una anticipación a la intervención penal y se consuma con la creación de un mero peligro para el medioambiente. Un grupo de delitos de peligro muy extenso lo configuran aquellos que castigan el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes. Resulta muy útil para resolver los distintos planteos que provoca la legislación penal ambiental compararla con leyes como éstas que configuran delitos de peligro abstracto.

Y aquí está la clave.

¿Delitos de Peligro Abstracto o Concreto?

Los delitos de peligro abstracto se conforman con el mero acto contaminante y la presencia de un sujeto activo. Contaminante cuya potencialidad esté expresamente fijado como suficiente para justificar una peligrosidad general para el bien jurídico. Ello sin que se requiera en lo absoluto precisión alguna de un peligro que implique una probabilidad inmediata de una lesión al medio ambiente.

En cambio, en la teoría sobre el delito de peligro concreto, la acción de sujeto activo ocasiona un resultado que consiste en la realización de un concreto peligro de lesión, casi casi un resultado inevitable. Y aquí discrepo con quienes tradicionalmente exigen de los delitos ambientales, un peligro concreto. Le exigen al juez que valore el posible daño en concreto.

Efectuemos la comparación con los delitos antinarcóticos que protege como bien jurídico a la salud. ¿Necesito que un vendedor de cocaína entregue su mercadería a un posible consumidor o es suficiente que la tenga – fraccionada- en su poder? Con sólo responder apelando al sentido común, parece perverso tipificar una conducta como el volcado de metales pesados a un río necesite la prueba concreta de cómo afecta a un sujeto en particular. Se exige un resultado material con un nexo causal muy propio en quienes se oponen al Derecho Penal Ambiental. En el mejor de los casos aceptan criterios estadísticos aplicando leyes causales propias de la genética, medicina, biología ecología, etc., sobre los que resulta casi imposible descartar el indubio pro reo. Resumiendo: Son criterios que garantizan la impunidad y la ineficacia de las leyes que tipifican los delitos ambientales.

Los casos concretos

Como ya he anticipado, soy Fiscal, y por ende al referirme a casos concretos exige de mi parte prudencia. Por lo tanto la mención de casos concretos no significa que estén vinculados o que se repetirán. Lo que ha motivado a estas líneas es el haberme enterado –vía Ambientum
- que una empresa canadiense instalará una mina a cielo abierto en La Codesera, Extremadura. Un lugar que no conozco pero por las imágenes que me han llegado implica un daño que ya conocemos por estas tierras. Celebro que “las asociaciones SEO/BirdLife, ADENEX, Ecologistas Extremadura, Mundóbriga y la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (SCV), junto a vecinos y empresarios de turismo de la zona se muestren preocupados” pero no es suficiente. Es imprescindible iniciar una investigación penal completa y concreta. En estos casos la contaminación ambiental llega acompañada de la “contaminación social” que suele incluir promesas de trabajo, donaciones de ambulancias, computadoras para escuelas y hasta el campanario para la iglesia del pueblo. Y no es una frase hecha, aquí ha ocurrido literalmente así. Es imprescindible no dejar pasar el tiempo y limitarse a la protesta periodística midiendo el centimetraje de la noticia en los medios de difusión.

La lucha americana contra este tipo de emprendimientos ya tiene sus mártires, y recientemente la Policía Montada Real Canadiense (RCMP) allanó las oficinas en Calgary de Blackfire Exploration, la compañía privada cuya mina de barita en Chiapas, México, ha atraído la atención de los medios desde el asesinato del activista antiminería Mariano Abarca en noviembre del 2009. La decisión se fundamenta  en que se “le pagó de forma ilegal alrededor de $19.300 (CDN) al alcalde local Julio César Velázquez Calderón para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina”. Luego del asesinato de Abarca, y conforme lo solicitó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Alerta Minera Canadá, Common Frontiers y el USW organizaron una delegación de investigación en Chiapas. La delegación dio luz a una gama de serios impactos sociales y ambientales por parte de la mina que se hicieron públicos, y llevó a la solicitud de una investigación por soborno, con el apoyo de nueve organizaciones incluyendo el Consejo de Canadienses.

Finalmente y pidiendo disculpas por mi escasa humildad, creo que las investigaciones argentinas por los delitos ambientales provocados por la minería está llegando al extremo donde se evidencia claramente la corrupción de funcionarios públicos y magistrados. Es así como los fiscales de mi jurisdicción solicitan la citación como imputado o acusado no solo del empresario minero que dirige Minera La Alumbrera –por dar el ejemplo emblemático- sino también del Secretario de Minería de la Nación. Y por ir más lejos, el juez federal que decretó una falta de mérito en una primera instancia hoy está destituido a nuestro pedido y procesado por delitos de corrupción.

Para concluir entonces, les queda a los españoles –y en especial a los que viven en Extremadura- una lucha real por delante. Demás está decir que pueden contar con lo que –esta vez si, humildemente- pueda aportar. Allí van mis correos y mi Twitter donde a diario discutimos y hacemos aportes sobre estos temas.

Antonio Gustavo Gomez
Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán
Argentina
Correo oficial: agomez@mpf.gov.ar
0381 4311765 / 4311072
Twitter: @fiscalfederal 





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Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo Uquía – Omaguaca
Director de  ‘CER-OMAGUACA’, ‘OBNU’ y ‘ARGOS IS-INTERNACIONAL’
…"La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"…