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Opinión: La desobediencia como actitud vital para transformar el mundo



Opinión: La desobediencia como actitud vital para transformar el mundo




Para hacer un acto de desobediencia civil, en primer lugar, hay que perder el miedo, conocer bien a tu enemigo y el poder que tiene, contar con una motivación que tenga una buena estrategia detrás y un grupo de apoyo que respalde tu acción. Pero lo que es más importante es que tu acción sirva para construir alternativas al poder y a las estructuras a las que te enfrentas.

Esto es lo que hizo Enric Duran, catalán, nacido hace 38 años en Vilanova i la Geltrú, a 50 km de Barcelona. Su primera acción de desobediencia, realizada en 2008, fue expropiar medio millón de euros a los bancos españoles para denunciar la perversión del sistema capitalista y la mala praxis de los bancos y repartir ese dinero entre distintos movimientos sociales que construyen alternativas para una sociedad más justa. Con este dinero también se financió la publicación Crisis –a través de la cual dio a conocer su acción de insumisión bancaria el 17 de septiembre de 2008.

“Se trata de una acción ajena a cualquier tipo de violencia, que reivindico como una nueva forma de desobediencia civil, a la altura de los tiempos que corren. Cuando la financiación al consumo y la especulación son dominantes en nuestra sociedad, ¿qué mejor que robar a los que nos roban y repartir el dinero entre los grupos que denuncian esta situación y construyen alternativas?”

Su acción desobediente no ha dejado de dar frutos en forma de alternativas al capitalismo y la construcción de otro mundo. Enric y el movimiento que inspiró, las Cooperativas Integrales, están llamando a la Revolución Integral como un proceso de transformación radical de la sociedad.

El pasado 8 de febrero, salió de donde se encontraba habitualmente en Barcelona -Catalunya- y se preparó para desobedecer el sistema judicial no presentándose a su juicio. Tiene una orden de búsqueda y captura –dese el pasado 23 de marzo de 2013- por parte de la justicia española por ser desobediente y por no creer en el sistema que pretende juzgarle. Enric se declara insumiso al sistema judicial y apela al derecho a rebelión. Ahora se encuentra en la clandestinidad. Según él, es más útil escondido “en algún lugar del mundo” que en la cárcel.

Enric está escondido, pero conectado a Internet, herramienta que le permite “estar en todos lados”. Por eso podemos hablar con él tranquilamente durante más de una hora y oír su voz -sin saber en qué rincón de mundo se esconde- para poder explicar su acción desobediente y dar a conocer las propuestas alternativas que ya están dando frutos en Catalunya y parte de Europa.

Inspirado por las propuestas de lucha por la autonomía de los zapatistas desde su nacimiento en Chiapas –México- Enric recoge el sentido de “El Tiempo del Si” del que habla el EZLN en un comunicado publicado el pasado mes de enero. Para él, “el tiempo del si” significa el tiempo de construir, de poner el centro de atención en afirmar el mundo que queremos y en aprender de forma colectiva a llevarlo a la práctica, comunicarlo y facilitar que se pueda extender.

Ser desobediente

En 2008, cuando se empieza a vislumbrar la crisis económica en España, Enric ya preparaba una estrategia para condenar la banca y su sistema de “dejar dinero que no poseen y, a través de potentes instrumentos de ingeniería financiera, crear dinero como deuda”. Esta estrategia comprendía una primera acción de desobediencia civil –que realizó solo- en la que expropió medio millón de euros para darlos a movimientos sociales y declaró que nunca iba a pagar su deuda.

¿Cómo lo hizo? Pues fue pidiendo créditos bancarios a todas las entidades que pudo, dando una apariencia de solvencia –de que tenía un trabajo estable, un movimiento de dinero, de que podría pagar esos créditos y también de que no tenía otro endeudamiento. Con ello fue aprendiendo qué tenía que hacer y cómo debía actuar para que un montón de bancos le dieran créditos. Durán consiguió que le hicieran 68 operaciones crediticias en 39 bancos, 492 mil euros en total. Luego, cuando ya había llegado al punto definitivo, “pues dejé de pagar todos los créditos, saqué el dinero de las cuentas y lo hice público en setiembre de 2008. Durante todo ese proceso ya fui invirtiendo ese dinero en proyectos de alternativas al capitalismo hasta que se culminó en las ultimas publicaciones de los periódicos Crisis” y “Podemos” que también se financiaron con ese dinero”.

Los medios comerciales le pusieron el apodo de “Robin Hood de los bancos” o “Robin Bank”, peor más bien su inspiración en la acción concreta de insumisión bancaria fueron gente como el anarquista vasco Lucio Urtubia quien llevó a cabo una multimillonaria estafa de cheques de viajes de Citibank en los años setenta y que llegó a desestabilizar el banco provocando su caída en la Bolsa hasta el límite de la quiebra. Por aquel entonces, Uturbia lograba dinero sin usar la violencia y a través de la estafa, para financiar organizaciones revolucionarias y anarquistas. A diferencia de Urtubia, quién actuó siempre de forma clandestina, Enric Durán hizo pública su acción precisamente para defender la legitimidad de sus acciones ante la sociedad. Si no explicaba lo que había hecho, el cómo y el porqué, su acción desobediente no tendría repercusión ni sentido.

Ahora Durán vuelve a ser desobediente, de hecho nunca dejó de serlo porque para él es una actitud vital, coherente y necesaria para construir otra sociedad. Esta vez decidió no reconocer la autoridad del sistema judicial del estado y a partir de ello, no colaborar en ser juzgado -en primera instancia por no presentarse al juicio por la acción de expropiación de los bancos y ante los 8 años de prisión que le piden, pero sobre todo por el tipo de juicio que se estaba planteando. Durán presentó 23 testimonios que justificaban y corroboraban el estado de necesidad, que es esa acción en la cual, para hacer un bien mayor se comete una ilegalidad y que, según reconoce el Código Penal, es un eximente de pena. El juzgado no aceptó los 23 testimonios y eso reafirma su decisión de no participar y no colaborar en su juicio.

“Si algún día, por voluntad propia o no, soy juzgado, aviso que el único veredicto que aceptaré será la absolución por consideración del tribunal de que mi acción no es constitutiva de delito, a causa de su motivación ética y solidaria en contra de los actores que más daño hacen a esta sociedad y en pro del bien común. Aparte de esto, no negociaré penas menores para evitar cumplir condena, ni pagaré una fianza, ni multa, ni negociaré la deuda. Si el estado es incapaz de salir de la presión de los poderes fácticos, que todo el mundo lo vea manteniendo a una persona como yo en prisión”

El pasado 14 de marzo su acción inspiró la campaña “La desobediencia no cabe en la prisión” con el objetivo de financiar una estructura organizativa de protección para que ninguna persona que haga una acción de desobediencia civil pueda ir a la cárcel y apoyar la investigación y desarrollo de estrategias integrales para crear alternativas al actual sistema judicial y en pro de la libertad de expresión. Lo hicieron a través del COOPFUNDING, impulsado por la Cooperativa de Autofinanciamiento Social en Red (CASX, en sus siglas en catalán) y la Cooperativa Integral Catalana (CIC). En 12 días han conseguido 4625 euros y casi 100 participantes.

En el marco del llamamiento a la Revolución Integral y ante los hechos acaecidos en Chipre -que han demostrado hasta que punto la Unión Europea es capaz de imponer medidas que perjudiquen los depósitos bancarios de una parte de la población- el pasado 1 de abril empezaron la campaña “Remueve tu dinero” para animar a la ciudadanía española a cancelar sus cuentas de ahorro, fondos de inversión y fondos de pensiones y vender sus acciones y trasladar su dinero y abrir nuevos depósitos en la banca ética y cooperativa.

Tenemos el Derecho a Rebelión y el deber de transformar

En diciembre de 2011, Durán escribió una Carta invitando a la desobediencia civil masiva a través de la insumisión bancaria y el Derecho a Rebelión.

“los Derechos Humanos son una cuestión de mínimos innegociables que si no se cumplen sólo se pueden defender con un derecho, el derecho a rebelión”

Durán y los integrantes de las CIC se inspiran en un supuesto derecho que es reconocido desde hace más de dos siglos por el derecho internacional, a través, por ejemplo de la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1793. “Cuando el gobierno actúa en perjuicio de la mayoría y en beneficio de la pequeña minoría el gran derecho que tiene la gente es el de desobedecer y rebelarse ante esa injusticia. Dado lo que está ocurriendo desde hace años -pero especialmente estos últimos años- en relación a beneficiar al poder, beneficiar a los bancos y perjudicar a la mayoría de población, creímos que era oportuno defender la desobediencia recordando ese derecho”, comenta Enric.

Para ellos el desobedecer es una actitud vital en cuanto a todo lo que se van encontrando en su acción de ser coherentes con su forma de pensar y hablan ya desobediencia integral. Se trata, puesto que están construyendo otra sociedad y otro mundo, de no desobedecer simplemente a una ley porque quieren transformarla y mejorarla sino que desobedecen una ley u otra acción del sistema porque, según Enric, “no lo reconocemos como nuestro y por tanto, en nuestro devenir hacia otra sociedad no somos parte del sistema que nos tratan de imponer y lo desobedecemos”

Hablando con Enric llegamos a la conclusión de que actuando de cara, en colectivo y de forma organizada, aunque el enemigo sea muy grande y muy poderoso, tiene sus limitaciones “y nosotros tenemos la fuerza de la legitimidad y del apoyo de mucha gente que no siempre puede actuar pero que piensa como nosotros”, comenta Enric . Según él, el poder está habituado a la autocensura, “a que nuestro miedo nos pare y a crecerse a través de esto, pero cuando actuamos con fuerza, con desparpajo y valentía, a veces no sabe cómo responder y hecha un paso atrás porque se reconoce su falta de legitimidad para atacar nuestro buen hacer. Por eso, esta parte de autoafirmación y de actuar en base a lo que queremos más allá de determinados riesgos pues es clave”.

Pero Durán reconoce que en cada contexto, los peligros pueden ser diversos y hay que tenerlos en cuenta. “Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo que estar escondido y no es por miedo, si no por estrategia”. Enric es ahora más útil a la estrategia de transformación de la Revolución Integral desde la libertad, aunque sea a escondidas, que no desde la cárcel.

Desde hace años, para Durán y para muchos de los integrantes del movimiento, los zapatistas y todo lo que está a su alrededor han sido y son unos referentes por su lucha de autoorganización, autoafirmación y de llevar a la práctica aquello en lo que se cree hasta las ultimas consecuencias. Para Durán, es uno de los pocos movimientos que ha llevado a la practica el “no reconocer el poder y el no centrarse en defender algo ante los de arriba y ante el estado sino en llevarlo a la practica desde al autonomía”. También con ellos hay otros referentes en América Latina como el MST (Movimiento Sin Tierra en Brasil) o los Mapuches en Chile o diversos movimientos en Bolivia con los que desean poder trabajar cada vez más cercanamente y en red. En Europa, siguen haciendo red con muchos grupos como los que construyen los espacios liberados, que se han ido extendiendo desde el movimiento de ocupación, como por ejemplo la experiencia de las ZAD (Zona A Defender) en Notre Dame des Landes (La Bretaña) han creado sus espacios liberados para evitar la construcción de un Aeropuerto y al mismo tiempo están generando otra forma de auto-organización y de vida.

Para Durán, es, como dicen los zapatistas, “el tiempo del sí”, de construir, de poner el centro de atención en afirmar el mundo que queremos y en aprender de forma colectiva a llevarlo a la practica. Durán y las Cooperativas Integrales están promoviendo este mensaje y quieren, no sólo seguir llevándolo a la práctica ellos mismos sino también comunicarlo y facilitar que se pueda extender.

Una versión más breve de este artículo fue publicada originalmente en inglés por Waging non Violence


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Paraguay: Los intereses convergentes que derrocaron a Lugo


Golpe en Paraguay


Paraguay: Los intereses convergentes que derrocaron a Lugo

PARAGUAY… VILTIPOCO10000: JUNIO 27 DE 2012…


Tres intereses convergieron para el derrocamiento de Fernando Lugo: los intereses de las transnacionales del agronegocio y del sector financiero; los de la oligarquía terrateniente, aliada al capital transnacional, y los de los partidos políticos de derecha. Todos apadrinados por Estados Unidos.

Los objetivos estratégicos son: reinstalación de una democradura exclusivamente regenteada por la derecha, con apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos como en los tiempos de la guerra fría; arrinconamiento y criminalización de la izquierda y los movimientos sociales; avance de la producción meramente extractivista agroexportadora, con la postergación indefinida de la industrialización del país; consolidación violenta del proceso de descampesinización del campo.

En el campo geoestratégico, Paraguay se convierte aceleradamente en un problema cada vez más grave para Brasil y las posibilidades de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y tiende a consolidarse como una base importante de operaciones de Estados Unidos en el proceso de disputa por el control de América del Sur.

La Unión de Gremios de Producción (UGP), que integra a los productores mecanizados del país, pero que en la práctica sirve de refugio a los terratenientes, especuladores y rentistas de la tierra, pivoteó toda esta trama contra Lugo. Cuando la trasnacional Monsanto tuvo inconvenientes para imponer su semilla transgénica de algodón y de maíz por incumplimiento de normativas legales, empezó a ascender la presión de la UGP. Monsanto facturó –sin pagar impuestos– en concepto de regalías 30 millones de dólares, sólo en 2011, por su soya transgénica, sin contar la facturación por la venta de semillas. Parte de ese monto se distribuye anualmente entre los tecnócratas de la UGP.

Este gremio presionó primero por la destitución de Miguel Lovera, un técnico que dirigía la institución de control y uso de semillas y agroquímicos en el país. Luego amenazó con una protesta nacional, denominada tractorazo, consistente en el cierre de rutas con maquinarias agrícolas, y por último presionó por el juicio político de Lugo.

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, empresario ligado estrechamente al grupo empresarial de los Zuccolillo.

Este grupo es socio de Cargill, otra trasnacional del agronegocio. El grupo Zuccolillo también tiene en su haber el diario ABC Color, dirigido por su propietario Aldo Zuccolillo. La línea editorial de este periódico está plagada de incitaciones y provocaciones a las fuerzas armadas y a los partidos políticos para derrocar a Lugo desde los inicios de su gobierno.

En enero del corriente año, Aldo Zuccolillo se reunió con el político del Partido Colorado, el también agroempresario Horacio Cartes. El senador colorado Juan Carlos Galaverna manifestó que Cartes salió deslumbrado de la entrevista con Zuccolillo. Según los cables de Wikileaks, publicados por el propio Zuccolillo el año pasado, Cartes fue involucrado por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, en narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Estado lo ha blanqueado.

Llamativamente, en el último tramo del gobierno de Lugo, Cartes fue el principal propulsor dentro de su partido para el juicio político a Lugo, apoyado por el diario ABC de Zuccolillo. Finalmente, Cartes arrastró a su partido –que había sido derrotado por Lugo en 2008, luego de 60 años en el poder– para promover la destitución del presidente.

Esto ocurrió tras los sangrientos sucesos de Curuguaty del 15 de junio pasado, donde murieron seis policías y 11 campesinos, en un desalojo de un latifundio propiedad del ex presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Estas muertes sirvieron de principal excusa para acelerar el derrocamiento de Lugo.

En un giro de 180 grados, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) abandonó el cogobierno con Lugo y de la mano de su presidente, Blas Llano, también se acopló al juicio político impulsado por el Partido Colorado, el diario ABC Color y la UGP.

Hoy, al PLRA, en el poder luego de 70 años de llanura, con Federico Franco como presidente del Paraguay, le quedan poco más de 13 meses para gobernar y deberá hacer el trabajo sucio de reprimir a sus ex aliados en el gobierno: a la izquierda y a los movimientos sociales, que iniciarán una sistemática resistencia al gobierno liberal, destruyendo cualquier posibilidad de ganar las elecciones del otro año. Horacio Cartes, precandidato por el Partido Colorado, sonríe y ve mejorar sus chances con apoyo de ABC Color, la embajada estadunidense y la UGP.

Finalmente, en estos días, Lugo y sus asesores deberán reconocer que cometieron un grave error: Pensaron que podían cogobernar con el imperialismo, con la oligarquía feudal y con los partidos de derecha, tributarios de los poderes fácticos y traidores a la patria. Como dice Atilio Borón, es un error creer que un gobierno tímidamente progresista, como fue el de Lugo, pudiera prosperar transigiendo con los intereses oligárquicos e imperiales, sin articular a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda.

Idilio Méndez Grimaldi. Periodista, investigador. Autor del libro Los Herederos de Stroessner. Miembro de la Sociedad de Economía Política de Paraguay, SEPPY. 

Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo Uquía – Omaguaca
Director de  ‘CER-OMAGUACA’, ‘OBNU’ y ‘ARGOS IS-INTERNACIONAL’
…"La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"…

Movimiento Indígena: Rechazo de comunidades pone freno a varios megaproyectos en la región

En tres países cuatro obras de infraestructura fueron paralizadas por observaciones ambientales y de indígenas

Movimiento Indígena: Rechazo de comunidades pone freno a varios megaproyectos en la región

Los Tiempos

En Brasil, Chile y Perú al menos cuatro megaproyectos –tres hidroeléctricas y una carretera-- fueron paralizados o están retrasados debido a observaciones medioambientales y de pueblos indígenas.

La polémica por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en Bolivia es un caso más de varios similares que se han presentando sólo este año en otros países de la región.

En Brasil, Chile y Perú al menos cuatro megaproyectos –tres hidroeléctricas y una carretera-- fueron paralizados o están retrasados debido a observaciones medioambientales y de pueblos indígenas.

Uno de los casos más importantes y que ha cobrado relevancia internacional es el de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia brasileña, un proyecto concebido hace 30 años.

En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Gobierno de Brasil la suspensión cautelar de las obras de la represa por su amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas.

El organismo solicitó la suspensión "inmediata" de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que el Gobierno cumpla una serie de requisitos para proteger la población originaria de la región.

La CIDH indicó entonces que con la medida pretendía que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados. Otro de los requisitos exigidos era la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.

Pese al reclamo y a la oposición de los indígenas y ambientalistas, el 1 de junio el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia de instalación para la construcción de la polémica hidroeléctrica, que será la tercera más grande del mundo e inundará 516 kilómetros cuadrados de selvas en la Amazonia. Con el permiso, el Gobierno de Dilma Rousseff dio luz verde al inicio de los trabajos.

HidroAysén

En Chile y Perú, proyectos similares, aunque de menor envergadura, están paralizados. El 20 de junio pasado, una corte chilena admitió recursos de protección e instruyó la paralización temporal de las obras del proyecto de HidroAysén que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena.

El recurso de protección se refiere a la vulneración de derechos constitucionales y, en este caso, los recurrentes, entre los que figuraban dos senadores, dos diputados y varias organizaciones ambientalistas y sociales, que sostienen que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.

HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, involucra una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5 mil hectáreas para la construcción de cinco represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.

El proyecto fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.

La obra es rechazada por organizaciones ecologistas, parte de la comunidad de la región de Aysén y por más de 30 comunidades de indígenas mapuches que se oponen a que en sus territorios pasen las torres de tensión.

Perú

También indígenas y ambientalistas organizaron manifestaciones en Perú contra la construcción de la hidroeléctrica Inambari.

En junio pasado, el Gobierno peruano no tuvo más que cancelar las licencias de concesión a favor de las empresas Eletrobras y OAS de Brasil.

La obra era resistida por las comunidades indígenas porque, indicaron, los efectos serían directos en sus territorios.

El Ejecutivo del entonces presidente Alan García prometió que el megaproyecto irá adelante sólo si se realiza la consulta a las comunidades afectadas.

La hidroeléctrica de Inambari, en el centro de Perú, debía ser ejecutada por el consorcio brasileño que proyectaba una planta de 2 mil megavatios (MW) de potencia. Se prevé que el 80 por ciento de la producción sea para exportar a Brasil.

El nuevo Gobierno debe ahora licitar nuevamente la construcción del proyecto. Sin embargo, la convocatoria sólo podrá ser lanzada después de realizar la consulta a los indígenas.

El consorcio formado por OAS y Eletrobras había invertido ya 22 millones de dólares en estudios de viabilidad técnica y económica de la gigante obra. Inambari es parte de un conjunto de seis plantas de energía a construirse en Perú como parte de un acuerdo con Brasil.

Fuente:


América Latina: La demagogia derechista logra seducir a las masas de electores con astutas promesas de bienestar

La nueva demagogia latinoamericana

























AMÉRICA LATINA… VILTIPOCO10000: JUNIO 16 DE 2010…

Por Álvaro Cuadra*

El triunfo de Juan Manuel Santos en la primera vuelta de las elecciones colombianas pone en evidencia el despliegue de la nueva demagogia latinoamericana, esta vez, como discurso de los sectores de derecha. Al igual que en el Chile de Piñera, Santos, miembro de una acaudalada familia y ex ministro de defensa del actual presidente Álvaro Uribe, promete un gobierno de unidad nacional que garantice la seguridad democrática.

La figura de Santos está ligada a su lucha contra las FARC, de hecho se le atribuyen los golpes más espectaculares contra la guerrilla. Al igual que el actual presidente chileno, posee una sólida formación económica en los Estados Unidos. La promesa de los sectores derechistas en diversos países latinoamericanos es la misma: la superación de la pobreza y la creación de empleos a través de una acelerada modernización de índole neoliberal.

La demagogia derechista logra seducir a las masas de electores con astutas promesas de bienestar, dirigido especialmente a los sectores medios. Los argumentos se presentan de manera fácil ante el sentido común: una mano dura amparada en la fuerza militar o policial para combatir la delincuencia o la guerrilla y, al mismo tiempo, la creación de muchos puestos de trabajo mediante el crecimiento económico. De este modo, el futuro pacífico y próspero de nuestras naciones queda resuelto por una ecuación simple que suma la represión y la seducción.

Es interesante hacer notar cómo este tipo de discurso, repetido hasta la saciedad por los medios, ha barrido del imaginario social latinoamericano aquellas banderas de lucha que clamaban por una real justicia social, esto es, por una redistribución del ingreso, el respeto de los Derechos Humanos y un papel preponderante del Estado frente a los grandes consorcios nacionales y extranjeros. La arremetida demagógica de la derecha latinoamericana ha dado resultados, hasta ahora, en Chile y Colombia.

Los gobiernos de derecha llegan al poder con el apoyo explícito de los sectores empresariales, pero, además, con el apoyo implícito de otros poderes fácticos como los sectores castrenses. De suerte que el compromiso de seguridad democrática significa en los hechos la instauración de democracias de seguridad nacional, un diseño político y social que le otorga continuidad a las tesis esgrimidas por los militares latinoamericanos en la década de los ochenta.

Es probable que la misma fórmula sea ensayada en otros países de la región, constituyendo un eje a nivel continental que se oponga a los gobiernos instalados más a la izquierda, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, entre otros. En el futuro inmediato, la realidad de Latinoamérica aparece escindida en dos grandes polos que orientan la política regional. Una realidad que, fuera de dudas, dificulta los procesos de integración y que plantea ya un escenario inaugural para la primera década de este siglo.

*Álvaro Cuadra - Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS - http://www.alainet.org/active/38526

Bolivia: Acuerdo de los Pueblos

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
22 de Abril Cochabamba, Bolivia
ACUERDO DE LOS PUEBLOS

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista. Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual. Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

  • armonía y equilibrio entre todos y con todo
  • complementariedad, solidaridad, y equidad
  • bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
  • respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
  • eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
  • paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

  • Derecho a la vida y a existir;
  • Derecho a ser respetada;
  • Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
  • Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
  • Derecho al agua como fuente de vida;
  • Derecho al aire limpio;
  • Derecho a la salud integral;
  • Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
  • Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
  • Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

  • Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
  • Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
  • Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
  • Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
  • Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental. Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores. El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial. Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.

Fuente: cmpcc.org